El único venezolano que será juzgado en Miami en la causa de la valija, Franklin Durán, sugirió por escrito que el gobierno norteamericano habría pactado con Guido Alejandro Antonini Wilson para que se convirtiera en testigo clave e incriminara a sus amigos a cambio de protección. El valijero, dice la presentación, estaba “obsesionado” con evitar que lo extraditaran a la Argentina, donde está imputado por intentar ingresar el maletín con 800 mil dólares sin declarar. El documento desliza también que hubo presiones sobre uno de los acusados, Carlos Kauffmann, para que se declarara culpable y colaborara con la investigación. Las pruebas de todo esto, advierte, estarían en la propia causa y reclama que sean reveladas.

Para el abogado de Durán, Edward Shohat, es sugestivo que el pedido de extradición de la Justicia argentina, de septiembre del año pasado, no haya tenido ninguna consecuencia para Antonini, ya sea “asistencia” o algún tipo de “intervención” del gobierno estadounidense. Y que aun si el Departamento de Estado hubiera decidido rechazarlo o dilatar una definición, “eso constituiría un beneficio para Antonini”. Así lo había planteado en una primera presentación previa a una audiencia que se hizo el martes de la semana pasada en la Corte de La Florida. Ese día en los estrados el fiscal Thomas Mulvihill –que conduce la investigación– le contestó que “no se le hizo ninguna promesa a Antonini acerca de su extradición” y negó que hubiera algún acuerdo secreto.

Para Durán y su letrado la respuesta fue insuficiente y parcial. Retrucaron en un nuevo escrito el jueves, donde enfatizan que lo que pretenden saber es si, más allá de posibles “promesas”, medió alguna “acción para evitar la extradición del empresario”. De demostrarse “promesas o acciones (ya sea) implícitas o formales”, señala, estaría seriamente en duda “la credibilidad de Antonini en el caso”, donde es el testigo principal. Tendría una “sólida motivación” para “complacer al gobierno de Estados Unidos en la mayor medida y por el mayor tiempo posible”.

Hay una cuestión elemental: sin la colaboración de Antonini con el FBI, la causa en Estados Unidos probablemente no existiría. Fue él quien grabó y filmó a sus ex socios y aliados, que terminaron presos en diciembre. Con eso, Mulvihill los acusó de conspirar y haber actuado como agentes ilegales del gobierno venezolano para lograr que Antonini ocultara la verdad sobre el dinero que le incautaron al llegar a Buenos Aires el 4 de agosto del año pasado. Con el correr de los meses, el fiscal logró que tres de los imputados (Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y Rodolfo Wanseele Paciello) se dieran vuelta y se autoincriminaran: ahora brindan información a cambio de una reducción de la pena y de evitar que los deporten. Todo lo que digan será para complicar a Durán, el único que sigue sosteniendo su inocencia y que por lo tanto enfrentará un juicio. Un quinto personaje, Antonio José Canchica Gómez, está prófugo.

El aporte de Antonini al FBI comenzó apenas volvió a Miami, donde vivía, cuatro días después del episodio de la valija en el Aeroparque Jorge Newbery. Pudo irse cómodamente de Buenos Aires porque, en un comienzo, le adjudicaron sólo una infracción aduanera. Poco después se abrió la investigación judicial y en septiembre la jueza Marta Novatti pidió su extradición por lavado de dinero. Más adelante se agregó el delito de contrabando. Según el reciente documento de Durán, “el tribunal (de Miami) debería estar atento al significativo papel que la amenaza de extradición de Antonini juega en este caso”. Agrega que llamativamente su “obsesión” por “evitar la extradición es un tema central con casi todas las personas con las que grabó conversaciones en el transcurso de cuatro meses”. “En esas conversaciones –agrega– Antonini reiteradamente pide ayuda para evitar la extradición que dice que puede ocurrir en cualquier momento.” Y pasa a dar algunos ejemplos:

- Hay un diálogo del 7 de septiembre donde Durán le dice que debería contratar un representante legal en Argentina “ya que eso le permitiría resolver su problema judicial sin una extradición”. Le advierte que si no lo hace, “no quiere tener nada más que ver con él”. Antonini le contesta que va “a pelear la extradición desde Estados Unidos”.

- En un conversación con el cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Borgo, del 2 de octubre, Antonini le pide “asistencia urgente, financiera o de otro tipo, del gobierno de Venezuela”.

- El 28 de octubre, en una reunión filmada en un café Starbucks con el ahora prófugo Canchica, el valijero insiste en pedir ayuda de Venezuela y le dice: “El Departamento de Estado está golpeando a mi puerta todos los días para mandarme” fuera del país.

El abogado de Durán explica párrafos después de que uno de los abogados que interviene en el expediente argentino le dijera que, según la información que él maneja, “el Departamento de Estado le notificó al gobierno argentino que Antonini es un testigo protegido en Estados Unidos y, como tal, no será extraditado”. En la causa que tramita en el fuero penal económico hay un documento elocuente al respecto: cuando los fiscales porteños pidieron viajar a Miami a ver la investigación de Mulvihill, el Procurador General de la Nación les contestó en una resolución que no tenía sentido ya que el gobierno de George Bush había comunicado que no habrá extradición, por lo menos mientras siga en trámite la investigación norteamericana.

Otro punto del documento de Durán apunta a poner en cuestión el testimonio de Kauffmann, uno de los arrepentidos, ex socio de Durán y Antonini. Su teoría es que el FBI lo habría presionado con agravar los cargos criminales contra él y su esposa (madre de sus hijos) en una causa por un fraude migratorio, a menos que se declarara culpable en la investigación de la valija. Agentes de la agencia de inteligencia estatal, dice la presentación, habrían visitado la empresa Oceánica Yachts, en la que trabajaría Gabriela –la mujer de Kauffmann–, donde hicieron múltiples preguntas sobre su visa. El episodio habría sido unos días antes de que él se autoincriminara. Kauffmann, dice Durán, “habría tenido una motivación” para hacer un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

Desde el punto de vista legal, lo que pide Durán es que se pongan todas las evidencias sobre la mesa. Su abogado viene sosteniendo ante los tribunales de Miami que la fiscalía retiene pruebas, incluyendo algunas “que sugieren que Durán fue objeto de amenazas contra su vida o contra la gente cercana a él con el fin de forzarlo a reunirse con Antonini” a raíz de la historia de la valija. La jueza Joan Lenard no hizo lugar al pedido de material sobre las intimidaciones. Además, resolvió que durante el juicio oral limitará las referencias a cuestiones vinculadas a la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

En estas latitudes, la causa –ahora a cargo del juez en lo penal económico Daniel Petrone– está en un paréntesis que amenaza con ser eterno. El ex vicepresidente de la petrolera venezolana Pdvsa Diego Uzcátegui Matheus y su hijo Daniel Uzcátegui Specht tienen pedido de captura y están prófugos. Se los acusa de haber subido a Antonini al avión de Enarsa en el que trajo la valija. El pequeño Uzcátegui, de hecho, venía con él. El ex funcionario argentino Claudio Uberti, que estaba a cargo de la comitiva y admitió al valijero en el vuelo, tiene falta de mérito. El propio Antonini, principal acusado, está atrincherado en algún rincón de los Estados Unidos.