[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El proyecto de ley para la compra de acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, ya genera polémica. Por la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete es el que ejecuta el presupuesto nacional y tiene la capacidad de reasignar partidas gracias a los superpoderes. Pero el texto del proyecto autoriza a cualquier entidad pública a asistir financieramente a las empresas en cuestión, sin la intromisión del jefe de Gabinete. “Uno de los motivos por los cuales Alberto Fernández no quería firmar este proyecto es que cualquier secretario de Estado (como Ricardo Jaime, de Transporte) podría ahora hacer uso de los fondos públicos para pagar la deuda de ambas compañías, sin pedir la intervención de la Jefatura de Gabinete. Esto también lo impulsó a irse del Gobierno”, aseguró a PáginaI12 una alta fuente parlamentaria.

Según se desprende del texto del proyecto, el nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa, sólo sería informado de la transferencia financiera, pero no tendría autoridad alguna. Desde el oficialismo aseguraron a este diario que “esa lectura del articulado es poco factible y todo quedará aclarado en el tratamiento parlamentario”.

Frente a este contexto, el oficialismo deberá enfrentar el rearme de su bloque –luego de la derrota con las retenciones móviles– y sanar las heridas dejadas por los justicialistas díscolos y los radicales K de cara al tratamiento parlamentario para la “reestatización de Aerolíneas”.

“Autorízase a las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas del sector público nacional y al sistema financiero público y privado a otorgar transferencias y asistencia financiera a las empresas Aerolíneas y Austral a fin de sufragar sus gastos operativos y de funcionamiento derivados de la compra del paquete accionario de dichas empresas. Las transferencias deberán informarse a la Jefatura de Gabinete, que a su vez deberá incluirlo en su informe al Congreso”, dice el artículo 8 del proyecto enviado por el Ejecutivo. “Informar no es lo mismo que autorizar. Por eso Alberto Fernández no quería firmar este proyecto”, señalaron a este diario desde un lugar de peso en el bloque K de la Cámara baja.

Lo primero que hizo Massa para estrenar su traje de jefe de Gabinete fue anunciar, conferencia de prensa mediante, el envío al Parlamento del proyecto de ley para reestatizar Aerolíneas Argentinas. Lo hizo flanqueado por Julio De Vido, ministro de Planificación, y Ricardo Jaime, secretario de Transporte. Todo un gesto político del Ejecutivo. Fernández estaba públicamente enfrentado con el arquitecto De Vido.

“Por la Ley de Presupuesto, el jefe de Gabinete es el único que puede reasignar partidas. Este proyecto fue como un per saltum a la autoridad de (Alberto) Fernández. Con esta iniciativa, cualquier secretario podría reasignar partidas. No será algo inconstitucional, simplemente parece ser una jugada para que haya menos control desde el Congreso”, evaluó ante PáginaI12 una fuente cercana al ex funcionario. Por su parte, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que conduce el jujeño Eduardo Fellner, aseguraron a este diario que es “poco factible que cualquier dependencia pueda hacer uso de esos fondos y seguramente en el tratamiento de ambas cámaras, ese punto quedará aclarado”.

El rearme K

El proyecto de ley para la compra de acciones de Aerolíneas entró a la Cámara de Diputados el viernes pasado, luego del anuncio realizado por Massa, De Vido y Jaime. Por tratarse de una ley que manejará dinero público para pagar la deuda de Aerolíneas y Austral, la comisión cabecera será Presupuesto y Hacienda, y luego intervendrá la de Transporte. La primera es conducida por Walter Agosto (FpV), quien condujo el debate en comisión por las retenciones móviles junto al cordobés Alberto Cantero (FpV). La titular de Transporte es Zulma Beatriz Daher, una de las justicialistas díscolas que votó en contra del oficialismo cuando se discutió la resolución 125.

Sin embargo, desde el oficialismo están tranquilos con que el trámite parlamentario avanzará sin problemas, teniendo en cuenta que el proyecto caerá en Presupuesto y no en la comisión díscola. Incluso, especulan con que las dos comisiones puedan trabajar en conjunto, para evitar sobresaltos. Paralelamente a las dos comisiones, debería funcionar la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, conformada por nueve legisladores K y tres de la oposición, convocada de urgencia la semana pasada.

“El Congreso actuará en dos tiempos, primero dará el aval al Ejecutivo para avanzar en las negociaciones y luego, cuando ya esté determinado el precio de las empresas y sus deudas (dentro de 60 días), habrá una nueva intervención parlamentaria”, precisó el diputado Ariel Basteiro, allegado político al Gobierno y posible titular de la Bicameral, comisión que no es vinculante.

“Nadie está en contra de la estatización, por eso no veo que haya mucha oposición sobre este tema. Fuimos capaces de juntar 129 voluntades, ¿por qué no lo volveríamos a hacer? Los que no nos acompañarán serán los macristas y los sectores más jugados a la derecha de la UCR”, se animaron a resaltar desde la presidencia de la Cámara baja.

Esta afirmación deja al bloque de Solidaridad e Igualdad, que conduce Eduardo Macaluse, del lado del oficialismo. Sin embargo, los ex aristas ponen en duda el apoyo al bloque K. “Plantear una estatización sin tener una política de transporte seria y clara no tiene sentido. Por eso advertimos que (Ricardo) Jaime no ha tenido una política transparente para el sector. Tampoco vemos con buenos ojos que el Estado quiera recuperar la aerolínea para luego venderla (artículo 6 del proyecto). La iniciativa no dice nada de si Argentina se quedará con el manejo estratégico de la empresa”, señaló a este diario Leonardo Gorbacks (SI, Tierra del Fuego).

Por su parte, la oposición solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación para que determine cuál es el estado actual de la aerolínea. “El Gobierno contribuyó al vaciamiento de la línea de bandera y ahora resulta que la única alternativa es que el Estado se haga cargo”, había afirmado el senador Ernesto Sanz (UCR, Mendoza) cuando Massa anunció el envío del proyecto al Congreso. “Si esta ley no se aprueba, no habrá más Aerolíneas. Existe la necesidad de defender este servicio público”, agregó a este diario Basteiro.

El oficialismo en Diputados apuesta a que el titular de la Comisión de Presupuesto pueda llevar adelante el debate parlamentario y obtener los dictámenes de mayoría necesarios. Con respecto a Daher, titular de la Comisión de Transporte, que votó en contra del oficialismo, “todavía no hay una resolución tomada” sobre su permanencia (o no) al frente de la comisión. Y en relación a la Bicameral, descuentan que su opinión será positiva. “No esperamos tener que aprobar un proyecto que no pueda pasar la decisión de una Bicameral”, señaló a este diario un asesor de Fellner.