Durante cuatro meses, el gobierno nacional vivió enfrentado con las patronales rurales por un choque de intereses y proyectos de desarrollo contrapuestos. El conflicto se cerró no con la definición del triunfo de un proyecto sobre otro, sino con el bloqueo de una medida instrumental con la que el Gobierno tímidamente intentaba dar una señal del sentido hacia el cual apuntaba: castigar la concentración del capital agropecuario y un modelo de monocultivo para exportación en detrimento de la producción de alimentos. El bloque dominante agropecuario resistió y logró mantener el statu quo, sin permitir siquiera aquel tímido paso. Esta semana, marcada por la muerte del acuerdo comercial que la OMC intentaba alcanzar en las tratativas conocidas como Ronda de Doha, pareció reproducir un conflicto similar pero a escala global. Las potencias económicas mundiales, Estados Unidos y la Unión Europea, luchando por imponer sus condiciones y hacer pesar sus ventajas comerciales y tecnológicas frente a países en desarrollo o directamente pobres. El acuerdo fracasó, pero no el propósito de los países centrales de seguir haciendo prevalecer su peso.

Y no es que entre proyectos antagónicos no pueda haber puntos de conciliación o consensos, si se acuerda postergar definiciones de fondo. Lo que ocurre es que en un contexto de crisis (del capitalismo, del sistema monetario mundial, de producción de alimentos y materias primas en general) esos consensos se hacen más difíciles. Y si los que dominan no ceden parte de lo que están en posibilidad de apropiarse, el camino es el conflicto.

Argentina, como Brasil o Uruguay, tienen gobiernos que enfrentan el modelo neoliberal que heredaron, aunque con contradicciones. Venezuela, Bolivia y ahora Ecuador expresan más abiertamente la intención de ruptura del viejo modelo, aunque no exentos de tropiezos y contramarchas. Todos y cada uno de ellos deben rearmarse detrás de cada impacto que reciben de parte de los núcleos de poder atados al viejo modelo. El gobierno de Cristina Kirchner dio muestras, en los últimos diez días, de intentar retomar la iniciativa en el plano económico por caminos diferentes a los de la disputa por la renta agropecuaria. Anunció la renacionalización de Aerolíneas, desempolvó el Consejo del Salario y actualizó el mínimo vital y móvil, anunció la movilidad jubilatoria, descongeló las tarifas eléctricas residenciales del área metropolitana manteniendo subsidiados los bajos consumos. En la semana entrante podría anunciar mejoras en las asignaciones familiares para sectores de bajos ingresos y reducciones impositivas para trabajadores de medianos y altos ingresos. En diez días, puso en marcha más acciones que en los seis meses anteriores. No tiene mucha precisión hablar de un relanzamiento del Gobierno, pero sí de una puesta al día.

La dirigencia agropecuaria busca consolidar su triunfo contra las retenciones móviles reclamando participar de la discusión de una nueva política agropecuaria. Si se dijera que quieren cogobernar sonaría excesivo y, sin embargo, quieren más que eso: tener poder de veto sobre las políticas oficiales.

En tanto, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería se diseñan propuestas que tienen muy poco que ver con el reclamo de las entidades pero, también, escasa relación con los comentarios y trascendidos, como el de un nuevo esquema de retenciones a las exportaciones que elevarían las actualmente vigentes. En cambio, Carlos Cheppi y su equipo trabajan –como hipótesis, al menos– en propuestas para mejorar los ingresos y dar sustentabilidad a las producciones en zonas marginales y encontrar algún tipo de subsidio en favor de pequeños productores. Pero realmente pequeños, con explotaciones de una, cinco o diez hectáreas. No de 200 o 300 y en la pampa húmeda, como los “pequeños terratenientes” que defendían las organizaciones rurales. En la semana próxima también avanzará en el Congreso el proyecto de reforma de la ley de arrendamientos, con la cual se buscará dar cierta protección al productor que alquila campos ajenos para trabajar. Todos estos proyectos provocarán rechazo y resistencias de parte de los grandes propietarios de tierras y explotaciones, pero al menos expresarán muy claramente cuáles son los sectores beneficiarios. Algo de lo cual el Gobierno no terminó de convencer cuando lanzó las retenciones móviles.

Como en las discusiones de la Ronda de Doha, a veces lo más difícil es poner en claro qué sectores se benefician más con cada posición. O, al menos, pareciera que es el aspecto que algunos más se empeñan en ocultar. Si no, cómo se explica que la propuesta del secretario general de la OMC, Pascal Lamy, para un nuevo pacto de comercio global (baja de aranceles y apertura de mercados a la importación) fuera rechazado por India, China e Indonesia, acompañadas de Argentina, Venezuela y Cuba, entre otras naciones en desarrollo, porque no protegía debidamente a sus economías de la inundación de productos de países desarrollados. Y a la vez, Estados Unidos, la Unión Europea y la subordinada conducción de la OMC con Lamy a la cabeza se desgañitaran culpando a los países que se opusieron de haberles hecho perder la oportunidad a sus agricultores de mejorar notablemente sus números con una baja de aranceles como la que ellos propusieron.

Celso Amorim, canciller de Brasil, que sorprendió votando en favor de las grandes potencias, no se privó de hacer alusión al reciente conflicto en Argentina señalando que “hay sectores de la economía argentina que estaban de acuerdo con la postura brasileña; todos nuestros agricultores hoy se están lamentando”.

No se equivocó. Su caracterización es correcta. Hay sectores terratenientes argentinos que hacían opción por el modelo propuesto por la dirección de la OMC: abrir las posibilidades a las exportaciones de granos de países como Argentina, a cambio de que esos mismos países les sirvieran en bandeja sus mercados a los productos industriales y tecnológicos de las grandes potencias. Se trata de la célebre división internacional del trabajo, tan vieja como los primeros estudios de economía de la historia; un esquema que hace dependientes a aquellos países especializados en producción primaria respecto de los que desarrollan los sectores más dinámicos.

Un sector agropecuario concentrado que sólo piensa en su beneficio personal va a apoyar este tipo de modelos, como bien advierte Amorim. Aunque esta opción se transforme con el tiempo en un modelo esencialmente injusto, con mucho ingreso de divisas pero sin trabajo. Lo que no se les puede negar a estos sectores es coherencia: el mismo modelo que apoyaron en el conflicto por las retenciones internamente es el que respaldaron en la discusión en la OMC. Y es el mismo que defendieron históricamente. Aunque no siempre haya un Amorim para transparentarlo.