Desde Santa Cruz

El camino hacia el próximo referéndum pasa por una guerra de papeles entre los poderes del Estado, cívicos e indígenas que quieren suspender la consulta, cambiar sus reglas o dejarla así como está para revocar/ratificar a los prefectos, al presidente y al vicepresidente. La noche del jueves, la Corte Nacional Electoral (CNE) y las cortes departamentales consensuaron una “modificación técnica” a la ley 3850: “Si el voto por el No a las preguntas es igual o inferior al 50 por ciento de los votos válidos emitidos, las autoridades no serán revocadas”. La ley aprobada por el Congreso en mayo establecía que para revocar un mandato era necesario tener el 10 de agosto tantos votos negativos como habían sido positivos en las elecciones de diciembre de 2005. Por ejemplo, el prefecto de La Paz, José Luis “Pepelucho” Paredes, asumió con el 37 por ciento de votos. Entonces, se lo podía revocar si el 37 por ciento del electorado votaba No. Para mantenerse en su cargo, tenía que obtener un utópico 63 por ciento de Sí. Pero la resolución 124/08 de la CNE permitió a Pepelucho y a varios más sacar la cabeza del agua. Por otro lado, la única magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, volvió a decretar la suspensión del referéndum. Su propuesta fue otra vez rechazada por la CNE y subió el volumen al coro de opositores que exigen obedecer a Salame.

A los legisladores no les hizo gracia la modificación a su ley. La CNE “ha tomado una determinación que es contraria a la Constitución. El Artículo 59 inciso 1 dice que es atribución del Poder Legislativo dictar normas, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”, dijo el senador Luis Vásquez Villamor, del partido de derecha Poder Democrático Social (Podemos) y presidente de la Comisión de Constitución.

“La propuesta de la CNE es considerada como una sugerencia para modificar los porcentajes. Sin embargo, está vigente una ley y debe ser cumplida”, dijo el vicepresidente Alvaro García Linera.

El proyecto de ley, hecho por el MAS en 2007, estuvo cajoneado en el Senado –donde predomina la oposición– hasta que en mayo lo aprobaron sin mover una coma. Dijeron que así van a terminar con el conflicto político, que puede derivar en conflicto armado.

“Esto no es una modificación de la ley del referéndum, que estamos cumpliendo, sino que es un criterio técnico de aplicación que está adoptando la CNE”, dijo el titular de la Corte José Luis Exeni. “No existe ahora ninguna posibilidad de confusión y de reclamo: son reglas justas e igualitarias que no requieren interpretación ni duda”, opinó.

Salame, única magistrada del TC, redactó un segundo decreto mediante el cual la CNE “debería dejar de administrar el referéndum”. Así respondió a un recurso incidental de inconstitucionalidad presentado por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Un exultante Manfred –que fue edecán del ex dictador Luis García Mesa– sostuvo que “a la luz de este nuevo decreto, la Corte nacional y las cortes departamentales están en la obligación de suspender el revocatorio. Lo contrario sería declararse en rebeldía, en flagrante desacato a la jurisprudencia constitucional”. Y le dijo a Evo por TV: “Más allá de sus amedrentamientos al Poder Judicial o a las autoridades, presidente, aquí se tiene que cumplir la ley le guste o no le guste a usted”.

Las organizaciones indígenas tampoco están de acuerdo con la modificación de los porcentajes del revocatorio. Ernesto Sánchez, presidente de la Central de los Pueblos Mojeños de Beni (Cepem-B), dijo a PáginaI12 que la CNE “no tiene por qué tocar la ley y debería acatar las normas legales. Tampoco tiene nada que decir la magistrada si está solita en el tribunal. ¿Por qué no actuó así en los referéndum autonómicos? Cuando les conviene, callan y actúan por intereses personales. Cuando no les conviene, ya están con sus lamentos”.

La Central Obrera Boliviana (COB), que sigue en huelga para que el Congreso apruebe su propuesta de ley de pensiones, aseguró que si Evo no acepta este proyecto, el 10 de agosto le harán “voto castigo”. Y el domingo, los cívicos del Oriente comenzarán su “huelga de hambre” para que Evo restituya a las prefecturas el 30 por ciento que les quitó del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el fin de crear la renta Dignidad, que entrega 200 bolivianos mensuales (100 pesos) a todos los ancianos.