A diferencia de lo que ocurrió con los piqueteros del lockout desabastecedor de la Sociedad Rural y sus aliadas, que hicieron a su antojo con la complacencia del gobierno provincial, los trabajadores estatales y de Luz y Fuerza de Córdoba fueron reprimidos por las tropas de asalto de la policía con uso desmedido de la violencia, según testimonio directo del hijo de uno de los dirigentes gremiales. Mientras las medidas de los ruralistas que impidieron el paso de los proveedores, vaciaron las góndolas de los supermercados y secaron las estaciones de servicio para evitar el aporte fiscal de una porción de las rentas extraordinarias de exportación, los trabajadores protestaban por la rebaja de las jubilaciones presentes y futuras debido a insuficiencias de caja derivadas de la mala administración provincial. En tanto, los dirigentes del lockout eran recibidos y alentados por el gobernador durante el conflicto, los sindicalistas del Estado y de la energía serán convidados por los ministros al diálogo después que la ley de recortes jubilatorios haya sido promulgada y esté vigente.

Con el mismo criterio extorsivo que usaron los “del campo” para relacionarse con la Casa Rosada, el gobernador Juan Schiaretti, electo en la boleta de la presidenta Cristina, aseguró que si el Tesoro nacional le facilita poco más de mil millones de pesos, en calidad de anticipo, podría considerar la derogación de la ley que reduce los montos jubilatorios. El mandatario fue seleccionado para el cargo por su antecesor Juan Manuel de la Sota y por los Kirchner pero, según su adversario Luis Juez, ex intendente de la capital cordobesa, ganó por fraude o, en el mejor de los casos, por la mínima diferencia de dieciséis mil votos. Es el mismo que lagrimeó de emoción en la sala del tribunal que condenó a perpetua en cárcel común al terrorista militar Luciano Benjamín Menéndez, apenas cinco días antes de ordenar el uso de gases, balas de goma y garrotes contra los docentes, judiciales, lucifuercistas y la totalidad unánime de empleados públicos. En la actualidad, De la Sota y Schiaretti forman parte de las minorías disidentes del peronismo que rechazan las políticas del Poder Ejecutivo nacional, lo mismo que Duhalde, Menem, Rodríguez Saá, Huerta y Romero.

Esos disidentes son inconfundibles con el santafesino socialista Hermes Binner o la fueguina Fabiana Ríos del ARI, dos de los varios gobernadores que ya tuvieron audiencia con el flamante jefe de Gabinete, Sergio Massa, como parte de una serie de contactos para restablecer el diálogo federal, con mandatarios provinciales y comunales, y para romper la imagen de aislamiento que se le atribuía a la Casa Rosada. La nómina de audiencias ya incluye a Mauricio Macri para la próxima semana y también a Schiaretti. En la misma línea, hoy (sábado) por la tarde la presidenta Cristina recibirá en la residencia de Olivos a periodistas de medios nacionales y extranjeros en la primera conferencia de prensa de ese tipo desde el año 2003. Será pocas horas después de que el presidente saliente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, pronuncie su discurso, de oposición dura según las versiones previas, en la inauguración oficial de la muestra anual que organiza la entidad, por lo que la atención mediática tendrá material abundante para el fin de semana. La actividad oficial tiende a reparar uno de los reconocidos huecos de su actividad, en especial durante los cuatro meses de litigio con las entidades rurales, en materia de comunicación pública y diálogo político. Hay que anotar que entre las decisiones que se mantienen en la cúpula oficial está la de seguir apostando a la convergencia plural, aunque la concepción de los posibles acuerdos con partidos y organizaciones sociales pretende ampliar el círculo de radicales K que incluye al vicepresidente Julio Cleto Cobos, quien pareciera concebir una alianza bipartidaria, a la vez que afirma y avanza hacia otras fuerzas, prueba de lo cual es la sustitución del socialista Rivas, todavía en recuperación, por su conmilitón Oscar Gónzalez en la Vicejefatura de Gabinete. Es indudable que las correcciones incluirán una minuciosa revisión de las alineaciones peronistas, habida cuenta de las últimas votaciones en las dos cámaras del Congreso.

Pese a esos resultados, está claro que el Ejecutivo insistirá en lograr el consentimiento legislativo y, por lo pronto, ya envió el proyecto relacionado con el futuro de Aerolíneas Argentinas y, además, esperan su turno los reajustes móviles de jubilaciones y pensiones, los arrendamientos rurales y otras cuestiones de alto interés público. Hay decisiones de peso que ya fueron dispuestas, como la eliminación de exenciones a ciertas rentas financieras que hasta ahora no pagaban un centavo de impuestos y algunas están en la mesa de cálculos de los especialistas, como es la opción de eliminar la llamada “tablita de Machinea” sobre los mínimos no imponibles o, tal vez, rebajar o suprimir el IVA para la canasta de necesidades básicas. De acuerdo con Hugo Moyano de la CGT en agosto se anunciarán aumentos en las asignaciones familiares y un importante alza en beneficio de la cuarta categoría, con retroactividad a enero. Es obvio que, para compensar la recaudación, la presión impositiva se hará sentir en núcleos que, a lo mejor, no estaban habituados a tributar, pero está claro que de algún lado tienen que salir los fondos para financiar las otras inversiones, sobre todo las que tienen que ver con la calidad de vida y los ingresos de los sectores sociales en escala descendente desde las capas medias. En esa línea, el Estado también tendrá que repasar en detalle la cantidad y calidad de sus gastos.

Después de la crisis del 2002 hubo etapas en las que los subsidios eran indispensables para evitar la caída de actividades, para sostener tarifas con sentido social o para promover actividades. Forma parte de la lógica del desarrollo con inclusión, pero después de cinco años de altas tasas de crecimiento económico, es probable que algunos de esos subsidios hayan perdido su función originaria, volviéndose prebendarios para inversiones que pretenden eludir todo riesgo. Tal vez ha llegado el momento de vincular el subsidio con la excelencia de la contraparte, sobre todo en el área de servicios. El ejemplo flagrante es el de los transportes ferroviarios que siguen maltratando a los usuarios de una manera bochornosa. El reajuste parcial de tarifas, como el que acaban de anunciar para los consumos eléctricos, hace suponer que tendrá su equivalente en el ahorro proporcional de subsidios al sector, de manera que esos fondos queden disponibles para otros destinos.

Cuando se enumeran las demandas de gobernaciones, intendencias y organizaciones sociales, aunque son muy diversas, pueden resumirse en el masivo reclamo de fondos de un Tesoro público que no es ilimitado, pero tampoco pueden ser desoídas ya que responden a necesidades válidas y por lo general urgentes. En el horizonte de esa reorganización de fondos está pendiente el debate sobre la coparticipación, aunque de a poco despunta el criterio sobre ese debate ya no acerca de los porcentajes, a excepción quizá de la provincia de Buenos Aires, sino de los montos y rubros coparticipables. Un modelo integral de desarrollo, en verdad, debería tender a soltar la mano de las provincias para que dependan de sus propios esfuerzos, incluida la recaudación, pero todavía hay zonas completas del país, sobre todo en el norte, que demandarán varios años más de crecimiento y redistribución antes de alcanzar ese grado de autonomía.

Pese a las enormes dificultades que pueden enumerarse en el país, muchos de ellos forman parte de los esfuerzos o tendencias del crecimiento y la reactivación más que la crisis o el retraso. Esto es cierto, pero los niveles de pobreza y estancamiento aún son demasiado importantes para bajar los brazos en el propósito de redistribuir las riquezas de manera más equitativa, de manera que la distancia entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre tienda a reducirse en lugar de ensancharse. No son objetivos utópicos, puesto que el país ha vivido épocas donde la distribución tenía proporciones de relativa justicia, al menos las que se pueden alcanzar en una sociedad capitalista, cuya naturaleza misma impone diferencias. Por otra parte, hay oportunidades a la mano para apuntalar las buenas perspectivas. Mañana, domingo, llega a Buenos Aires el presidente brasileño Lula da Silva acompañado de cuatrocientos empresarios interesados en aumentar la corriente de negocios binacionales. Brasil es, junto con China, uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas, y sus capitales compraron algunas áreas de producción nacional, en el área de alimentos manufacturados por ejemplo, aparte de todos los intereses compartidos en los planes de integración sudamericana a partir del Mercosur. En la actualidad, Argentina tiene planes de adquirir aviones de la empresa Embraer y, quizá, solicitar en alquiler algunas naves para reforzar la nueva etapa de Aerolíneas Argentinas.

La mayoría de estos temas carecen del glamour de un conflicto, así no sea tan áspero como el cuatrimestre “del campo”, pero tienen la virtud de ser parte de la agenda de un país “normal”, lo cual no es sinónimo de bucólico o adormecido, que no está libre de conflictos y protestas, como las de Córdoba, que tiene una vida política intensa y hasta atormentada por sus pujas y competencias en busca del apoyo ciudadano, pero que sostiene en el subibaja de sus pleitos la libertad y la democracia como un valor compartido y estable. Un país donde la vida valga la pena.