Con el retorno a un único sistema previsional, el Estado pasó a ser accionista de empresas y bancos en los que las AFJP habían invertido alrededor de 10 mil millones de pesos. La posibilidad de que el Estado ponga directores en las empresas, acceda a los detalles de su situación financiera y observe todos los negocios que hacen tiene preocupados a muchos socios mayoritarios y gerentes. Pese a la tentación que puede generar ser dueño de una quinta parte de las acciones de compañías como Telecom, Grupo Financiero Galicia, Edenor, Gas Natural Ban, Banco Macro o Siderar, en el Gobierno aseguran que “no nos pensamos quedar con las empresas, ni integrar el directorio de ninguna”. Todavía no está definido cuál será el futuro de estas acciones y las autoridades están analizando diferentes alternativas de transferencia que van desde ofrecerles la opción de recompra hasta fijar por ley la imposibilidad de que el Estado participe en los directorios si las empresas no quisieran comprar sus propias acciones.

El Estado pasaría a tener una participación en alrededor de 40 empresas, petroleras, cerealeras, metalúrgicas, bancos, telefónicas, imprentas, gasíferas, alimentarias y grupos multimediales. La cantidad de acciones no excede en ningún caso el 30 por ciento del paquete total. Según un informe de la Bolsa de Comercio, las inversiones que administraban las AFJP destinadas a la compra de papeles privados ascendían a fines de junio al 11,4 por ciento del capital flotante de las empresas cotizantes en la bolsa porteña. O sea, la parte del capital comprometido por las compañías que no está controlado por los accionistas mayoritarios y que cotiza libremente en el mercado.

En el Gobierno reconocen la necesidad de enviar una señal clara a los consternados empresarios de que no buscan estatizar, ni expropiar sus negocios. Por eso, no descartan algún anuncio en los próximos días. Ayer las reuniones de urgencia se sucedieron entre los distintos sectores y muchos solicitaron encuentros con ministros para calmar los ánimos en sus casas matrices. Las empresas en la que más habían invertido las AFJP son: el fondo de inversión de Eduardo Constantini, Consultatio, controlando el 26,6 por ciento; la privatizada Edenor, donde poseen el 25,3, y Gas Natural BAN, con el 24,4. En el sector bancario el Estado pasaría a detentar parte del capital del Macro, Patagonia, BBVA-Francés, Hipotecario y del Grupo Financiero Galicia. En otras empresas como Siderar, TGS, Molinos, Telecom, Distribuidora de Gas Cuyana, Emdersa, las AFJP tienen invertido entre el 24 y 18 por ciento del capital flotante.

Uno de los argumentos centrales en los que se sustentaba la reforma introducida en 1994 era que el nuevo sistema provocaría un aumento del ahorro interno y fomentaría el desarrollo del reducido mercado de capitales nacional. En 14 años de experiencia, el impulso al mercado de capitales fue muy limitado y, a diferencia de lo que sostenían los impulsores de la reforma, los fondos no se canalizaron hacia proyectos de inversión que apuntalaran el crecimiento económico. “Esta es una excelente oportunidad para armar un mercado de capitales serio donde las empresas puedan acceder a financiamiento”, señalaron desde el Gobierno. Las empresas que cotizan en la Bolsa porteña son cada vez menos y el grado de capitalización, el valor de las empresas que cotizan en relación con el PIB, fue del 25 por ciento, mientras que en Brasil es del 98 por ciento y en Chile supera el 140 por ciento. Ayer la reducida Bolsa doméstica operó sin las administradoras y el índice líder, que llegó a marcar pérdidas del 17,3 por ciento, terminó cayendo 10,1 por ciento.