La reforma jubilatoria que ha anunciado el Gobierno representa una ocasión inmejorable para realizar un profundo cambio de lógica, que supere no sólo las limitaciones del sistema mixto, sino también las del esquema exclusivamente de reparto que existió hasta 1994.

El sistema tradicional, donde todas las jubilaciones son estatales, tiene un básico punto en común con el de capitalización: ambos funcionan como un ahorro obligado que acumula más o menos recursos según la capacidad contributiva del aportante. Así, a más aportes, mayor jubilación. Esto resulta en una gran diferenciación, y de hecho existen jubilaciones estatales que superan en diez y hasta veinte veces a la mínima. Si bien existen mecanismos distributivos al interior del sistema, resultan insuficientes para garantizar una vejez digna a millones de aportantes.

Una lógica distinta para organizar el sistema podría basarse en que el Estado garantice a todos los ciudadanos mayores del país –sin importar cuántos años ni qué montos han aportado– una jubilación igual para todos. El monto debería, por supuesto, lograr permitir un nivel de vida decoroso para los beneficiarios. Luego, aquellas personas que quisieran garantizarse ingresos mayores para su retiro podrían hacerlo en cuentas privadas de capitalización.

Este sistema tendría al menos cuatro importantes ventajas: 1 Permitiría que todo ciudadano en edad de jubilarse reciba un apoyo del Estado; 2 Eliminaría las prácticas corruptas que han permitido la existencia de jubilaciones desproporcionadamente altas; 3 Anularía los incentivos a distorsionar el recorrido profesional en los últimos años de aportes, que tan a menudo implica enormes sacrificios para personas ya grandes, y 4 Transparentaría el debate público sobre cuánto estamos dispuestos a invertir en la protección social de los mayores.

* Director del Programa de Instituciones Democráticas de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).