En un megaoperativo desplegado por orden del juez federal Claudio Bonadío, varias brigadas de la Policía Federal allanaron ayer las sedes porteñas de las diez AFJP en busca de documentación sobre las operaciones que efectuaron en los últimos días, sus carteras de inversión y composición societaria. Se llevaron cajas con carpetas, papeles y con soportes informáticos que el magistrado podría enviar a peritar con expertos. El procedimiento apuntó a recoger pruebas que podrían permitir cotejar (o no) las sospechas que planteó una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán: que las administradoras salieron a vender bonos y acciones a través de maniobras ilegales apenas trascendió que el Gobierno eliminaría el sistema privado de jubilaciones, lo que se reflejó en el desmoronamiento de la Bolsa y el valor de los títulos.

Las AFJP tienen bloqueada su actividad financiera al menos por el lapso de una semana a raíz de una medida cautelar que dispuso el martes Bonadío con el fin de evitar que modifiquen sus activos. Así lo había pedido Marijuán, como titular de la unidad que investiga delitos de la Seguridad Social (Ufises). El fiscal federal que ahora interviene en el caso es otro, Miguel Angel Osorio, quien dio impulso a la presentación de su colega y como primera medida sugirió hacer los allanamientos a las administradoras en busca de documentación relativa a los movimientos de compra y venta en las últimas 72 horas previas al anuncio oficial de que el Estado promueve por ley pasar a tomar el control de todas las jubilaciones.

Los allanamientos todavía no habían terminado ayer a la noche, según informaron allegados a la investigación. Estuvieron supervisados por Bonadío pero ejecutados por la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. Se hicieron en dependencias de Capital Federal de las diez AFJP existentes: Arauca Bit, Consolidar, Profesión Auge, Futura, Previsol, Máxima, Met, Nación, Orígenes y Unidos.

Al parecer, el volumen de papeles y soportes informáticos incautados es tan grande que sería resguardado, en principio, en dependencias policiales. Hoy comenzaría a ser analizado por personal del juzgado y de la fiscalía de Osorio. El fiscal planteó en su requerimiento de investigación que si en breve se detectan irregularidades en algunas AFJP habría que designar veedores o interventores en ellas. También propuso rastrear registros del Banco Central y de la Superintendencia de AFJP de donde pudieran surgir indicios de operaciones sospechosas. Ayer ya se habrían pedido informes a Mercado de Valores y Mercado Abierto Electrónico sobre todas las operaciones financieras realizadas en los últimos días por las administradoras.

La denuncia de Marijuán señalaba “la posible comisión del delito de administración fraudulenta por parte de los responsables de las AFJP no sólo en perjuicio de sus afiliados sino del Estado Nacional (...) dilapidando fondos en clara violación a las disposiciones vigentes”. Esa figura establece una pena máxima de seis años de prisión para quienes sean identificados como responsables. Marijuán habla de un posible “vaciamiento” o “una administración infiel” de estas empresas, que hasta ahora manejan fondos por 98.000 millones de pesos, colocados en títulos públicos y acciones, locales y extranjeros.

Lo que la investigación penal debe determinar, en principio, es si a través de sus maniobras violaron o no la ley que las regula y si tuvieron efecto ruinoso. Para eso, según explicaron fuentes cercanas al expediente, sería clave que entre toda la documentación que se obtenga aparezcan las llamadas “minutas de inversiones” que elaboran los operadores a pedido del Comité de Inversiones que de cada AFJP (que toma las decisiones estratégicas), de donde surgiría la génesis y detalle de cada operación. No es seguro que estén entre la maraña cosechada en los primeros allanamientos ya que son papeles sueltos, difíciles de identificar porque la mayoría no están foliados.

Según una versión que circulaba ayer en tribunales, la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, evaluaba presentarse como querellante o tomar algún tipo de intervención en la pesquisa. Esa dependencia se ocupa, entre otras cosas, de detectar movimientos sospechosos de dinero que puedan dar lugar, por ejemplo, a maniobras de lavado de dinero. Mientras tanto, la fiscalía de Osorio y el juzgado preparan nuevas medidas que podrían conocerse hoy.