El proyecto de reforma previsional recibió otra embestida desde Nueva York. El juez Thomas Griesa amplió ayer el congelamiento de recursos invertidos por las AFJP en Estados Unidos, al hacer lugar a la presentación de una decena de fondos buitre que reclaman contra la Argentina por deuda en default. El pedido involucra activos por unos 2000 millones de dólares, adicionales a los 553 millones sobre los que el magistrado trabó anteayer un embargo preventivo. Griesa todavía no sabe si las administradoras disponen de capitales por ese monto, pero acepta los requerimientos de los holdouts y después inicia una investigación para determinar si corresponde o no dejar firme la medida y si hay dinero disponible para llevarla adelante. El Gobierno cuestionó la decisión del juez y repitió que la responsabilidad de defender esos capitales es de las AFJP que lo llevaron al exterior.

Entre los fondos buitre que pidieron el embargo preventivo a Griesa se encuentran dos archienemigos de la Argentina: EM y NML, propiedad de Eliot y el magnate Kenneth Dart, quienes son de los más activos en sus demandas contra el país por los bonos impagos. Son inversores que compraron la mayor parte de los títulos cuando Argentina ya había caído en default en 2002. Su negocio es presionar y litigar ante los tribunales internacionales buscando el embargo de bienes que compensen el valor total de esos bonos, que ellos adquirieron a precios de remate. Lo intentan una y otra vez, hasta conseguir su objetivo. Las presentaciones ante el juzgado de Griesa en los últimos cinco años han sido permanentes: embistieron contra activos de Aerolíneas Argentina, del Banco Central, del Banco Nación y cuando se hizo el pago al FMI, entre otras oportunidades.

El antecedente más cercano es el congelamiento de fondos del Banco Nación en Estados Unidos. Griesa dictó un embargo preventivo por 72 millones de dólares de la entidad oficial a mediados de septiembre, en un expediente que sigue en trámite. En el caso de los fondos de las AFJP, el juez convocó a una audiencia para el próximo jueves. Allí definirá si prolonga el efecto de la medida o la levanta.

“Es una medida cautelar inhibitoria que durará lo que tarde Estados Unidos en verificar que estos activos no son del Estado argentino, sino de las AFJP, y que están esencialmente asignados a fines previsionales”, buscó tranquilizar el superintendente de AFJP, Sergio Chodos. “Se está sumando el resto del club de los fondos buitres”, explicó respecto de la noticia de ayer. Sin embargo, el funcionario insistió en que el congelamiento tiene patas cortas. “Estos tenedores –señaló– agarran lo que tienen, tiran una ficha” ante el juzgado de Griesa buscando hacerse de dinero. “Antes de estudiar bien el tema, el juez dicta una medida inhibitoria”, explicó.

Chodos agregó que el próximo jueves habrá una audiencia en Nueva York en la cual los letrados que representan al país explicarán que “las AFJP son las que están a cargo de esos intereses y son las que deben defender esos activos”. El funcionario remarcó que no hay que temer por esta medida, ya que los fondos no van quedar en manos de los acreedores y, por otro lado, “tampoco son el total de la cartera de las AFJP sino una porción muy chica que estaba en Estados Unidos”.

Las críticas del oficialismo también partieron desde la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Eduardo Fellner. “Este juez ya nos tiene acostumbrados a este tipo de fallos”, cuestionó. “Es un mecanismo que siempre aplica contra la Argentina”, agregó. En tanto, desde la oposición, el diputado Claudio Lozano aprovechó el episodio para insistir con la propuesta que elevó al Gobierno junto a su par María América González para que la Anses sea un organismo público no estatal.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Días Roig, confirmaron ayer el anticipo de este diario respecto de que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios al proyecto de ley de eliminación del régimen de capitalización para conseguir el apoyo de diputados de la oposición, básicamente el bloque SI y el del propio Lozano.

Las correcciones fundamentales son tres: reforzar la autonomía económica y financiera de Anses (el dinero previsional quedará en una cuenta separada a la del Estado), introducir mayores controles sobre el dinero que manejará el organismo (con participación de jubilados, sindicatos y empresarios) y establecer un reglamento taxativo de las inversiones que podrá en encarar Anses. Díaz Roig ratificó que “los fondos no deben ser invertidos en el exterior, no deben ser destinados a gastos corrientes del Estado ni a pagar deuda externa, sino que deben atender la producción, el consumo y el empleo”. El próximo jueves, el mismo día que Griesa hará su audiencia en Nueva York por los fondos de las AFJP, la Cámara de Diputados intentará dar media sanción al proyecto previsional.