El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, regresaba anoche al país, procedente de España, para participar esta tarde de la firma del acuerdo que cerraría el conflicto abierto por la amenaza de despido de 2400 trabajadores propiciado por la empresa Siderar, del grupo Techint. La firma siderúrgica había justificado la drástica decisión por la caída de la demanda de laminados tanto en el mercado interno como externo, lo cual motivó la postergación de la puesta en marcha de un nuevo alto horno de fundición y la paralización de las obras correspondientes. Es por ello que la mayoría de los empleados que iban a quedar sin trabajo pertenecen al gremio de la construcción (Uocra) y tan sólo una minoría a metalúrgicos (UOM). Tras un mes de conciliación obligatoria, hoy se firmaría un acuerdo que dejaría de lado los despidos, pero mantendría un duro régimen de suspensiones rotativas de personal por varios meses.

Los términos del acuerdo se mantuvieron durante las últimas horas en estricta reserva, incluso para muy allegados a la cartera laboral. En un mes largo de negociación, hubo presiones y advertencias de todo tipo, ya que mientras Techint se mostraba dispuesta a romper todos los puentes con el Gobierno sin aceptar una revisión de los despidos masivos, desde el Gobierno le respondieron que la alternativa de la renacionalización de la planta (ex Somisa) estaba en consideración. Los Rocca tienen un recuerdo demasiado cercano, en el tiempo y políticamente, de una experiencia de expropiación: la de la planta de Sidor, en el Orinoco venezolano, a manos del gobierno de Hugo Chávez. En esa oportunidad, el grupo pidió al gobierno argentino que intercediera en su favor, pero obtuvo una respuesta negativa.

El alto horno que Siderar estaba construyendo en su planta de San Nicolás buscaba extender su proceso de expansión, que en los primeros nueve meses de 2008 la llevó a producir unas 200 mil toneladas de aceros laminados por mes, lo que le rindió una ganancia de más de 1700 millones de pesos en dicho período. Pero el brusco parate del mercado, correlato de la crisis internacional, lo llevó a revertir sus planes.

Las intensas negociaciones desarrolladas a lo largo del fin de semana habrían derivado en un acuerdo para evitar los despidos, pero con un severo plan de suspensiones, de acuerdo con fuentes oficiales. En el caso de los metalúrgicos, su convenio prevé que en tiempos de suspensiones cobran la mayor parte de su salario de bolsillo, aunque no los premios y los extras. En cambio, en el caso de los obreros de la construcción, no se les contempla una retribución conformada, sino que prácticamente dejan de cobrar si no hay obra. Por lo tanto, el acuerdo con Siderar requiere un tratamiento especial. “Si no fuera así, no les convendría la suspensión, porque como despedidos al menos cobrarían el seguro de desempleo”, explicó un prestigioso abogado laboralista a este diario.

Por esta razón, se explicaba que el trabajoso acuerdo contemplaría el pago a los suspendidos de semanas no trabajadas como si hubieran cumplido tareas plenamente. Otro interrogante era si esos pagos extra se harían con fondos de la compañía o con alguno de los fondos de apoyo al empleo que administra la cartera laboral.

Esta tarde se sabrá si se arribó a un acuerdo, aunque quizá no se conozcan todos los detalles. Tomada, que ayer partió de regreso a Buenos Aires tras acompañar el primer tramo de la gira de Cristina por Madrid, participará además de una reunión de trabajo con su par de la Producción, Débora Giorgi, y con el titular de la Anses, Amado Boudou. Tema: fortalecimiento del empleo.