El gobierno argentino irá esta semana a Washington a reclamar un rápido desembolso de unos 2500 millones de dólares por parte del FMI para las reservas del Banco Central. El objetivo de máxima es que la transferencia se concrete en el transcurso de los próximos dos meses, y el de mínima, que no pase de septiembre. Lo ideal sería que el dinero llegara antes de las elecciones para ayudar a neutralizar cualquier especulación cambiaria, dijeron fuentes oficiales a este diario. La asignación fue aprobada en la reciente cumbre del G-20 en Londres y no tiene nada que ver con volver a pedirle un préstamo al organismo, opción que por ahora no figura en los planes del Ejecutivo. Lo que demandará el Gobierno es que se concrete sin demoras la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 250.000 millones de dólares que acordaron los presidentes de las principales potencias y de los países en desarrollo. Los DEG son “títulos” del FMI que se reparten entre los socios de la institución. De ese total, a la Argentina le tocan cerca de 2500 millones.

El ministro de Economía, Carlos Fernández, encabezará la delegación que viajará esta semana a Estados Unidos para participar de la asamblea del Fondo y el Banco Mundial. No es un encuentro más. Es el primero luego de que el G-20 decretara la muerte del Consenso de Washington, en palabras del primer ministro inglés, Gordon Brown. Ahora se verá si esas declaraciones fueron pura retórica o si hay vocación real de los países centrales de avanzar en cambios de fondo.

La agenda del Gobierno para esa reunión tiene marcada en primer lugar la cuestión de los DEG. “Queremos asegurarnos de que el FMI no demore en ejecutar lo que aprobó el G-20. Vamos a hacer fuerza para que la asignación de los DEG se produzca durante el trimestre en curso, pero de lo contrario no puede pasar del tercero. Tiene que ser antes de octubre. Es un proceso de dos a cinco meses”, indicaron a este diario fuentes del Ejecutivo, quienes no ocultan su recelo con la burocracia del Fondo. Les preocupa la resistencia que pueda existir allí a los discursos de renovación que partieron de Londres, teniendo en cuenta que la estructura del organismo es la misma que impuso los principios neoliberales más duros.

La emisión de DEG es como la que haría cualquier banco central con la moneda de su país. Los nuevos “títulos” por 250.000 millones de dólares serán distribuidos entre los países que integran el FMI en función de su cuota. Como Argentina tiene algo menos del 1 por ciento, le corresponden cerca de 2500 millones de dólares. El Banco Central contabiliza en sus reservas la tenencia de los DEG, cuyo valor surge de una canasta de monedas que incluye al dólar, el euro, el yen y la libra. El Gobierno estaría satisfecho si las reservas crecieran antes de los comicios del 28 de junio para aventar probables especulaciones sobre el tipo de cambio, como ocurre generalmente previamente a elecciones importantes.

La contabilización de ese dinero no se relaciona con volver a pedir asistencia financiera al Fondo. Cuando se consulta a funcionarios del Ejecutivo si existe la posibilidad de reiniciar una relación crediticia con el organismo, la respuesta es que no figura en sus planes. “Para este año no lo necesitamos. Para 2010 estamos trabajando sin pensar en el Fondo”, aseguraron.

–¿Ni siquiera ahora que supuestamente el FMI flexibilizará las condiciones para prestar? –preguntó Página/12.

–Hay que ver en la práctica cómo se aplican los nuevos instrumentos. Tenemos una actitud expectante. Queremos asegurarnos de que haya realmente cambios sustantivos. Todavía es muy temprano para evaluar. Si miramos las condiciones que el Fondo está imponiendo en los programas de asistencia en Europa del Este no nos quedamos tranquilos. Vamos a insistir en que los criterios de elegibilidad para las nuevas líneas de préstamos sean objetivos y no atados a condicionalidades ni a discrecionalidades. Por ejemplo, plantean que hay que tener buena relación con los mercados. ¿Eso qué significa? Nosotros pretendemos que se fijen parámetros objetivos, si el país tiene o no tiene superávit fiscal y externo o cuál es el peso de su deuda en relación con el PIB”, respondieron desde el Gobierno.

Todos esos temas estarán presentes en la asamblea del FMI. Otro punto que planteará la delegación argentina es la necesidad de acelerar y profundizar los cambios en las estructuras de gobierno de ese organismo y el Banco Mundial. Ambas instituciones salieron fortalecidas de la Cumbre del G-20, ya que se aprobó aumentar considerablemente su poder de fuego. Para el FMI se dispuso triplicar su capital hasta 750.000 millones de dólares, mientras que al BM irán 100.000 millones. Ahora la clave es cómo se administra ese dinero y con qué criterios se asigna. La postura argentina estará inscripta en una estrategia compartida con la mayoría de los países emergentes, encabezados por el BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

El G-20 determinó que una nueva reforma del Fondo deberá estar lista en 2011. Los emergentes pedirán apurar el proceso, pero más que eso apuestan a lograr que haya cambios profundos. “La reforma anterior que se aprobó en 2008 fue cosmética. Tenemos que lograr más representación de los emergentes en su conjunto y que los que cedan participación sean los desarrollados”, dijeron desde el Gobierno. Bélgica, por ejemplo, sigue teniendo casi el mismo peso en el FMI que Brasil, pese a que la economía del país europeo es sensiblemente más chica.