El Gobierno suscribió ayer un acuerdo con los representantes de la cadena exportadora de trigo para agilizar las declaraciones de la cosecha fina de la última campaña e incentivar la siembra para 2009/2010. De las 8,3 millones de toneladas de trigo calculadas en la magra campaña 08/09, todavía restan declarar más de un millón. El acuerdo consiste en que los exportadores declararán ante la AFIP las toneladas que tienen en negro, mientras que el Gobierno les adelantará la autorización para exportar un millón de toneladas a cuenta de la campaña 2009/2010, previo pago de retenciones. A su vez, los exportadores aceptaron pagarles a los productores el precio pleno del trigo por el millón de toneladas sin declarar hasta el momento. “Esta medida es para dar certezas al productor”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, la AFIP y la Oncca publicarán una resolución conjunta por la que extenderán el plazo de los ROE verde de 180 a 365 días para concretar las exportaciones de todos los granos.

La AFIP y la Oncca son los responsables técnicos de llevar adelante una serie de medidas para lidiar con los sectores agropecuarios. Hace tres semanas anunciaron la implementación de un nuevo sistema de comercialización de granos que excluyó como intermediarios a las bolsas de cereales. Con la medida anunciada ayer, el Gobierno se aseguró el blanqueo de un millón de toneladas de trigo de la campaña 2008/2009, que servirá para compensar el bajo rendimiento del trigo luego de la sequía. Como compensación, los exportadores podrán asegurarse un millón de toneladas para la campaña 2009/2010, sin tener en cuenta, en principio, su resultado.

De esta manera, el Gobierno buscó incentivar a los productores a través de los exportadores, una jugada que tiene el sello de Guillermo Moreno, secretario de Comercio, acostumbrado a rubricar acuerdos que tienen como garantes a los grandes jugadores de los diferentes mercados en los que interviene.

“Los molinos estaban pagando cualquier cosa, por eso ahora nos aseguramos de que se pague el precio pleno, al menos para un millón de toneladas”, explicó un cercano colaborador de Ricardo Echegaray. Es decir, el Gobierno les garantizó el negocio a futuro a los exportadores. Pero en caso de que la cosecha 2009/2010 también sea mala, en vez de exportar ese millón de toneladas deberán venderla a los molinos para el consumo interno.

“Hoy prácticamente no hay saldo exportable. A partir de esta medida pretendemos motorizar la toma de decisiones de los productores que están a punto de sembrar trigo. El Estado no compra ni vende granos, todavía. Este es un compromiso del sector privado para comprar a precio pleno”, enfatizó el titular de la AFIP.

–¿Qué quiso decir con que el Estado todavía no compra ni vende granos? –se le preguntó al recaudador luego de la conferencia de prensa. Echegaray eludió la respuesta. A principio de año se especuló con el relanzamiento de una nueva Junta Nacional de Granos. A partir de la eliminación del sistema tradicional de las cartas de porte y de la implementación del nuevo mecanismo de comercialización de granos, el Estado ganó un mayor control del circuito granario. “Estamos aplicando distintas medidas operativas para cerrar el cerco de la evasión”, afirmó a este diario Emilio Eyras, titular de la Oncca.

En este sentido, el funcionario adelantó a Página/12 que desde febrero a la fecha ya se gestionaron aproximadamente 2,5 millones de cartas de porte a través de la Oncca, cuando el total del año pasado había sido de cinco millones. “Esto demuestra el alto grado de informalidad del sector agropecuario”, agregó Eyras.

La otra medida que dio a conocer ayer el Gobierno fue la ampliación del plazo para concretar las operaciones de exportación para todos los cereales y oleaginosas. Actualmente, entre la autorización del llamado ROE verde y la declaración de la exportación no pueden pasar más de 180 días. La AFIP y la Oncca publicarán una resolución conjunta para extender ese plazo a 365 días, mientras que los exportadores deberán pagar las retenciones al momento de obtener la autorización.

Este era uno de los reclamos esbozados en la reunión de los martes por la Mesa de Enlace, abocada por estas horas a la campaña electoral. Sin embargo, los dirigentes agropecuarios reclamaban la extensión de la autorización, pero sin tener que pagar las retenciones por adelantado. “Esta es una respuesta a favor del sistema productivo”, indicaron desde el Ejecutivo.

Del encuentro con los empresarios exportadores estuvieron presentes la ministra Débora Giorgi; el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi; el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la Presidenta. La mandataria aprovechó el encuentro para relatar ante la quincena de empresarios las bondades del modelo económico y de la medida que se acababa de anunciar. “A partir de estos acuerdos estamos contribuyendo a que el Estado, el mercado y toda la Argentina siga creciendo. A los que decían hace seis años que íbamos por el camino incorrecto, les demostramos que teníamos razón”, aludiendo a los cantos de sirena en favor de enfriar la economía.