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El resultado que surja de las urnas probablemente tenga escasa influencia en la disputa en el terreno económico, que seguirá en la misma frecuencia dominante desde el 2007. A partir de ese año se empezó a manifestar con creciente vigor la puja distributiva, con su abierta expresión en el alza de precios. Esa tensión adquirió características más virulentas con el conflicto precipitado por el sector del campo privilegiado. Proceso al que en los últimos meses se han sumado los industriales agrupados en la UIA presionando por un mayor y más acelerado ajuste del tipo de cambio, además de reclamar una menor intervención del Estado en la economía. La suba de precios definida por empresas que detentan posiciones oligopólicas, el movimiento político de la Mesa de Enlace agropecuaria en defensa de intereses de los sectores concentrados de la actividad y los insistentes reclamos de una fuerte devaluación por parte de la Unión Industrial son manifestaciones del poder en esa histórica puja distributiva.

La megadevaluación de salida de la convertibilidad provocó una extraordinaria transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos (trabajadores y jubilados) hacia los grupos económicos concentrados, además de beneficiar a quienes habían dolarizado parte de sus capitales. La rápida recuperación de la economía permitió un veloz avance del salario hasta niveles previos a la crisis de 2001, umbral que fue alcanzado en el 2007, momento en que empiezan los ajustes más seguidos de precios. El origen principal de esas subas se reconoce en la pretensión de gran parte de las grandes empresas de mantener las elevadas tasas de ganancias que había brindado la gran devaluación.

Los diferentes episodios de grave crisis económica en las últimas décadas tuvieron como efecto principal un castigo al salario. Luego, en la fase de alza del ciclo, el ingreso de los trabajadores no podía alcanzar el nivel anterior. De esa forma se fue configurando un esquema regresivo donde el trabajador fue perdiendo porciones de la torta del ingreso en cada una de las debacles económicas a lo largo de los últimos treinta años. En esta etapa, en cambio, los trabajadores pudieron recuperar lo perdido y batallan para no retroceder. Por ese motivo ese proceso tradicional de ajuste hoy está inconcluso, y no porque no se ha podido prosperar más en la distribución progresiva del ingreso, sino porque se están resistiendo a la guadaña acostumbrada que pretende el poder económico. Y ése es el principal factor de tirantez que se expresa en la relación de las cámaras patronales con el Gobierno. Ignorar esa dinámica por parte de políticos y economistas reunidos en el espacio denominado progresismo colabora a la confusión para la comprensión de lo que en estos momentos está en juego en esa puja distributiva.

La administración kirchnerista no ha mostrado una mayor decisión política en algunos segmentos de la gestión para romper con esa forma de funcionamiento de la economía. Pero esa limitación no se explica solamente por un estilo y objetivos de gobierno, sino que refleja las peculiares alianzas de clases que se observan y la obstinación tenaz que exteriorizan los grupos económico privilegiados para no ceder porciones de sus ingresos. Por eso ha resultado contradictoria, y sólo ha sumado desconcierto para la generación de consensos mayoritarios, la consigna de mejorar la distribución cuestionando a la vez la intervención del Estado en la economía solamente porque lo hace un determinado gobierno. Ese comportamiento enredado se distinguió en particular en la medidas que involucró a la producción agropecuaria a través de Derechos de Exportación móviles, y en un discurso incongruente en relación con el manejo de los aportes de los trabajadores por parte de la Anses.

La puja distributiva no se dirime en el terreno de las consignas, sino en el de las políticas, tanto en su implementación como en el apoyo que recibe para poder llevarlas a cabo. Cuando el ciclo económico era positivo, esa puja se terminó de expresar con el alza de precios y con la pelea por la apropiación de una parte de la renta extraordinaria del agro. Ahora, con la reversión de ese ciclo gatillada por la crisis internacional, el poder económico intenta forzar una fuerte devaluación para bajar costos laborales y deprimir la capacidad de compra de los sectores de ingresos fijos. Si se plantea la desobediencia a esa estrategia del ajuste por la vía cambiaria por parte del Gobierno, comportamiento que permite entender la tensión con la cúpula liberal de la UIA, esa puja distributiva se trasladará directamente a la discusión salarial. La leve tasa de crecimiento económico, que puede ser nula o negativa en el saldo anual, se presenta como el mejor escenario para disciplinar los reclamos de los trabajadores por parte de ese bloque de poder. El fantasma del desempleo es la amenaza para impulsar la resignación de ingresos por parte de los empleados. En el último informe de los economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) se señala que “en caso de que esta dinámica amenace con traducirse en una reducción real de los niveles salariales, deberá ser el Estado, al igual que entre los años 2002 y 2005, el que impulse aumentos generalizados de las remuneraciones, evitando de esta manera que los costos de la crisis sean trasladados a los eslabones más débiles de la cadena productiva”.

El eventual escenario negativo para los trabajadores puede ser contrarrestado con políticas que alienten un crecimiento sostenido. Para ello deben esquivarse las propuestas que a coro realizan los economistas de la city, con eco entusiasta en el establishment, acerca de la necesidad de un ajuste generalizado de la estrategia económica. En caso de un reinicio del ciclo alcista debido a que se pudo sortear con éxito a los amantes del ajuste, la experiencia reciente debe ser aprovechada como vital enseñanza: se requiere una efectiva intervención estatal en la cadena de formación de precios para proteger al consumidor, fomentar al productor primario y controlar los excesivos márgenes de las empresas oligopólicas y de las cadenas de comercialización. Así se podrá cambiar el dial de la frecuencia habitual de la puja distributiva para beneficio de los sectores más vulnerables.

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