El Gobierno se comprometió ayer a liberar la exportación de un millón de toneladas de trigo. Fue durante la reunión que mantuvo por la tarde con los integrantes de la Mesa de Enlace. Con esta medida y el 1,5 millón de toneladas que van a comprar los molinos para destinar al mercado interno a partir de la gestión oficial, el Ejecutivo intenta solucionar la situación de los productores que en plena cosecha no tenían precio ni compradores para su producto. Los dirigentes rurales tomaron los anuncios con cautela a la espera de que se concreten.

La reunión comenzó a las 19:30 horas y se extendió durante tres horas. Participaron el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, los ministros de Producción de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa y los presidentes de Federación Agraria, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro. Hacia el final se sumó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Durante el encuentro, el Gobierno dejó formalmente constituida la Mesa Nacional de Trigo y les transmitió a los ruralistas que está trabajando para mejorar la situación del sector. Cómo parte de ese trabajo citó los acuerdos sectoriales que se hicieron para garantizar la compra de trigo por parte de los molinos de 1,5 millones de toneladas, aunque la calidad de la cosecha actual no sea la mejor.

De hecho, la semana pasada la presidenta ya había anunciado una línea de crédito del Banco Nación para que los molinos compren de manera inmediata un millón de toneladas de trigo que se sumarán a las 500 mil toneladas que compran anualmente con el precio pleno a productores. Entonces se avanzó con la liberación de 250.000 toneladas para la exportación del cereal y ahora se anunció que esa liberación llegará a un millón de toneladas.

El Gobierno anunció también en el encuentro la puesta en marcha de una tasa subsidiada para que los pequeños y mediados productores puedan retener el cereal y no perder plata al salir a venderlo de apuro. El crédito se le otorgará a los que presenten el certificado de acopio y será por un monto equivalente al 70 por ciento del FAS teórico. De este modo, los productores procederán como si estuvieran hipotecando su cosecha a la espera de un comprador que les pague buen precio.

También se les informó a los dirigentes rurales que la norma que garantiza la devolución de las retenciones de trigo y maíz para los pequeños productores está siendo analizada por el Ministerio de Economía y próxima a salir. La devolución involucraría cerca de 450 millones de dólares que volverían a los productores.

El combo de anuncios fue tomado con cautela por parte de los dirigentes. “Fueron más anuncios, ahora esperamos que se cumplan”, se limitó a decir el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, a la salida del encuentro. Cerca suyo estaba el presidente de Confederaciones Rurales, Mario Llambías. Adentro habían quedado Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, y Carlos Garetto, de Coninagro, quien en ese momento seguían conversando con Domínguez.

Esa división entre Biolcati y Llambías, por un lado, y Buzzi y Garetto, por otro, se pudo observar también durante el encuentro. Los primeros se mostraron más reacios frente al gobierno, mientras que los segundos buscaron contemporizar. De hecho, en un momento Domínguez los invitó a sumarse a la Mesa Nacional del Trigo y cuando los ruralistas dieron a entender que no querían firmar Domínguez los apuró diciendo que si no firmaban la reunión no tenía sentido. En ese momento, Buzzi pidió calmar los ánimos y los ruralistas se comprometieron a analizar el texto del convenio para sumarse. También hubo diferencias entre Buzzi y Biolcati cuando se habló del rol que debe cumplir el Estado. Buzzi pidió una intervención responsable y virtuosa para ordenar el mercado, mientras que Biolcati lo cruzó diciendo que lo que debe hacer el Gobierno es dejar de intervenir para que sea la oferta y la demanda la encargada de regular la relación entre los actores.