La relación entre la CGT y la Unión Industrial Argentina transita por dos carriles bien distintos. Ayer, ambas entidades acordaron crear un ámbito permanente de debate de propuestas para la defensa de la producción nacional, el poder adquisitivo de los salarios y el empleo calificado. Pero en la misma jornada, la central fabril rechazó enérgicamente los proyectos de Héctor Recalde proponiendo límites a la flexibilización laboral e indemnizaciones por despido más elevadas cuando el afectado sea un trabajador no declarado. Recalde es diputado por el FpV y representante legal de la CGT.

Distintas fuentes empresarias coincidían ayer en señalar que dicha dicotomía expresa la feroz interna desatada en el seno de la Unión Industrial. José Ignacio de Mendiguren, secretario de la central fabril, fue el responsable de tender lazos, primero, y de concretar el encuentro ayer con la CGT. Pero la línea de consenso que alimenta El Vasco, como lo llaman tanto en el ámbito oficial como privado, no es compartida por un ala más ortodoxa y ultraliberal que pisa fuerte en la UIA.

Esta última tiene como uno de sus emblemas a Daniel Funes de Rioja, director del Departamento de Legales de la entidad patronal y mentor de las principales políticas de flexibilización de las décadas neoliberales. En ausencia de Héctor Méndez, presidente de la UIA que participa de la delegación que acompañó a la Presidenta de la Nación a Madrid, la Junta Directiva de la entidad sesionó en Buenos Aires y expresó su “rechazo enérgico” a los dos proyectos sobre legislación laboral de Héctor Recalde que lograron media sanción de la Cámara baja la semana pasada con apoyo de la oposición.

El primero, referido al trabajo en negro, establece que las indemnizaciones previstas por el artículo 245 de la ley 20.744 “serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que, al momento del despido, no esté registrada o lo esté de manera deficiente”. El segundo, legisla contra la flexibilización de la jornada laboral, promoviendo la distribución “del empleo existente con más equidad”.

A juicio de la UIA, estas modificaciones “promueven la desocupación y el empleo informal, comprometen la supervivencia de las pymes y continúan favoreciendo la industria del juicio, sin alentar realmente el empleo de calidad”. Por ello, anticipó que presentará sus objeciones al proyecto ante la Comisión de Legislación Laboral del Senado y, en caso de ser necesario, solicitará que el Poder Ejecutivo vete la iniciativa.

Antes de esta reunión del consejo directivo, algunos de sus integrantes habían acordado con la CGT la creación de una mesa permanente de debate para analizar “cuestiones de la economía” y elevar propuestas al Gobierno. Según señaló De Mendiguren al término del encuentro con la central obrera, “es preciso colaborar para bajar las expectativas de subas de precios, porque la inflación no tiene motivos”.