En medio de lo que Enrique Zuleta Puceiro –representante del rector de la UBA en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del Indec– califica de “ansiedad informativa”, cuatro facultades pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires elevaron dos dictámenes (“uno técnico, otro normativo”) en relación con el funcionamiento del organismo de estadísticas. “Se hace un análisis crítico de la experiencia del Indec, no es una propuesta en el vacío, pero tampoco es un manifiesto político”, señaló el representante académico, frente a versiones que pretendían presentar dichos informes como una sentencia política contra la actual conducción del Indec. “No es una investigación detectivesca sobre qué pasó en enero de 2007”, señala, en referencia al cambio de autoridades que marcó, para algunos sectores, el desplazamiento de los cuerpos técnicos y la pérdida, por tanto, de legitimidad del organismo. “Está claro que hay prácticas que han llevado a una profunda crisis de gobernanza en lo institucional, técnico y metodológico, pero son prácticas posteriores y también anteriores a 2007; es una crisis que afecta a todos los organismos de este tipo en el mundo: en Francia o en Inglaterra, siete de cada diez personas no creen en su sistema estadístico, y no veo que en Argentina sea diferente.” Pese a ello, y quizá sea lo más importante, Zuleta ve con expectativas el proceso que se inicia hacia una transformación del organismo en un cuerpo más autónomo. “No veo posiciones totalmente contrarias, dudo que haya temas de vida o muerte en esto. Veo una confrontación menos crispada en torno del tema”, opinó.

El equipo de trabajo que conforman representantes de las facultades de Económicas, Sociales, Exactas y Derecho de la UBA elevó la última semana al rector de esta última, Rubén Hallú, dos dictámenes referidos al Indec. Uno, técnico, en el que trabajaron las tres primeras facultades, hace eje en “la problemática del índice de precios al consumidor y alguna cuestión referida al Censo Nacional”. El otro, normativo, es una propuesta de la Facultad de Derecho sobre “estructuras y códigos de buenas prácticas en estadísticas públicas y la búsqueda de convergencias con organismos de otras naciones en la materia: es una propuesta de cómo salir adelante”, describió Zuleta Puceiro, que participó como académico en este último trabajo pero también representa a Hallú en el CAES.

“El Doctorado decide qué hace con los dos dictámenes, que son compatibles y complementarios. Si los eleva al CAES, luego este organismo deberá unificarlo con los que elevaron la Universidad de Tres de Febrero sobre el IPC, y el dictamen técnico del que participaron Rosario y Tucumán”, señaló. La perspectiva es que el dictamen final del Consejo Académico pueda llegar al gobierno nacional a mediados de este mes.

–¿El documento condena la intervención del gobierno en el Indec, tal como trascendió?

–Es un análisis crítico de la experiencia del Indec. La actual y la anterior. No se para en una investigación detectivesca de qué pasó en enero de 2007. Hay juicios de valor, pero no es un manifiesto político. Analiza la profunda crisis de gobernanza institucional, técnica y metodológica que sufre el Indec, que es similar a la que atraviesan organismos similares en Europa, “los Indec” de cada país. Creemos que va a aportar elementos para encontrar consensos sobre cómo se sale. Toda energía que se pierda en discutir el 2007, es inútil. Por suerte, tanto en la universidad como en la oposición se le bajó el tono a la disputa. Hay una confrontación menos crispada.

–¿Considera que hay un mejor ambiente para un consenso en torno del Indec?

–Que se alcance o no tendrá que ver con la discusión política, aunque a veces se discute por la autoría aunque no haya diferencias entre los proyectos. Digo que en lo técnico no hay tanta discusión, hay bastante coincidencia en los problemas de producción de estadísticas públicas porque pasa en el mundo. Respecto del carácter de bien público del Indec no hay discusión. Hay prácticas que se cuestionan, pero son de ahora y son de antes de 2007 también. Pero no hay nadie que defienda una teoría para imponer estas prácticas. Después, el cómo se logra la autonomía e independencia del Indec, dentro de la estructura del Gobierno o dependiendo del Congreso, o qué papel tienen los gobernadores, nosotros lo dejamos bajo un paraguas. Cuando se discuta la ley va a tener que salir.

–¿El Indec no es confiable o es un instrumento de las campañas de prensa?

–Los dos problemas existen, pero se enmarcan en un conflicto mundial sobre el tema. Un reciente estudio de la Cepal (Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU) revela que el 84 por ciento de los organismos estadísticos de la región no presentan sistemas de calidad. Un reciente trabajo de los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi demuestra que siete de cada diez franceses no creen en su sistema estadístico. Entre los ingleses se repite la misma proporción. Pero a la vez, en Luxemburgo se acaban de reunir representantes de los 27 países de la Unión Europea para discutir, puntual y exclusivamente, cómo manejarse frente al proceso sistemático de desinformación, de manipulación de datos que se hace con las estadísticas públicas. Esta es una crisis que rompe paradigmas, las estadísticas oficiales no son confiables y los organismos que las elaboran pierden legitimidad. Pero se está trabajando en el mundo en encontrar convergencias para mejorar la calidad de las estadísticas públicas, unificando principios, manuales, códigos de buenas prácticas. Creo que el Indec también sale adelante sumándose a esa convergencia.