Mientras por los pasillos del Congreso se cuentan los votos favorables ya comprometidos y se especula con alguna posible sorpresa el mismo día del dictamen, el próximo martes, el debate sobre la ampliación del matrimonio civil va obrando milagros. A último momento, por ejemplo, en el Senado se multiplicaron los proyectos y las ideas para que las parejas homosexuales encuentren una supuesta protección del Estado. Las propuestas van desde la estipulación de que todos los beneficios del matrimonio tradicional se extiendan a parejas homosexuales pero llamándose unión civil, hasta implementación de un “Observatorio de Uniones Civiles”, de propósitos no demasiado claros, pasando por la exclusión de estas parejas de la posibilidad de adopción y patria potestad compartida. Por lo novedosas y repentinas, ninguna de las iniciativas ha podido ser presentada, opinada o comentada en las reuniones que la Comisión de Legislación General dedicó al asunto, pero de todas maneras se sumarán a las dos preexistentes, y sí tratadas en estas semanas: la de unión civil de la formoseña Adriana Bortolozzi y la de matrimonio que obtuvo la media sanción de Diputados. Aun con esas súbitas apariciones, todo parece indicar que el proyecto de matrimonio llegaría al recinto con dictamen de mayoría.

Seis de los nombres de la Comisión de Legislación General levantarían la mano en favor del proyecto, de acuerdo a lo que ya han declarado públicamente: la rionegrina María José Bongiorno, la jujeña Liliana Fellner, el santacruceño Nicolás Fernández, el neuquino Marcelo Fuentes y el entrerriano Pedro Guastavino (todos del oficialismo) y el cordobés Luis Juez. Uno más estaría evaluando la posibilidad de apoyar el dictamen mayoritario pero “en disidencia total”: el jujeño Guillermo Jenefes, también del FpV. En total, los integrantes son 15. El oficialismo impulsa el voto a favor. El resto de los miembros de la comisión se debate entre cuatro proyectos parecidos en una sola cosa: la convicción de que no puede haber matrimonio para parejas integradas por personas del mismo sexo.

“Unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable” es la propuesta elaborada por Bortolozzi y que, al menos por ahora, sólo respaldaría ella misma. Suerte de unión civil para parejas homo y heterosexuales, sólo podría aplicarse a aquellas situaciones “estables de cinco años o más de convivencia interrumpida” que deseen inscribirse “voluntariamente en el registro”. Esas parejas podrían adoptar en las condiciones que rigen actualmente: al no estar casados, sólo uno de sus integrantes lograría un lazo legal con la criatura adoptada. Su autora explica en los fundamentos que el texto procura encontrar una suerte de punto justo, luego de la media sanción de mayo. “Evidentemente, la solución votada (...) conforma plenamente a la comunidad homosexual pero provoca una oposición tenaz en el resto de la ciudadanía. (Por ello) se pretende abrir el diálogo en favor de una solución intermedia entre el extremo (sic) de utilizar la institución ‘matrimonio’ tanto para los heterosexuales como para los homosexuales, y el extremo contrario de continuar sin dar respuesta al insistente, organizado y creativo reclamo de una importante minoría de la ciudadanía constituida por personas homosexuales.” Esta unión civil toma como modelo al “noble” y “conocido instituto del concubinato”, que actualmente es la forma de compromiso “preferida por los hombres jóvenes, heterosexuales y libre pensadores unidos con mujeres profesionales o simplemente trabajadoras que no persiguen la seguridad económica en el compañero”.

Más apoyos concitaría, al parecer, el proyecto de la mendocina Laura Montero (que no integra la comisión), “de unión civil”, que otorga todos los beneficios del matrimonio, incluida la adopción conjunta, a parejas de personas del mismo o distinto sexo. Inspirado en un viejo proyecto de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), defendido más de una vez por la camarista Graciela Medina, de cuya reciente intervención ante el Senado, sin embargo, las autoridades de la CHA marcaron distancia. De acuerdo con el texto de Montero, “los miembros de la unión civil constituyen una familia a todos los efectos legales y tienen el estado civil de ‘unidos civilmente’”, podrían “usar un apellido común que adicione los dos apellidos de las partes”, tendrían acceso a todos los derechos sociales y económicos del matrimonio. Dos integrantes de la comisión acompañarían este proyecto que busca atajos para no hablar de matrimonio: el chubutense Mario Cimadevilla y la correntina María José Roldán.

A último momento, luego de la última reunión de comisión en el Senado, la salteña Sonia Escudero llevó a mesa de entradas su propio proyecto de unión civil, concebido para formalizar “el compromiso de dos personas mayores de edad (...) con independencia de su orientación sexual e identidad de género”. El texto excluye toda posibilidad de adopción por parte de los dos integrantes de la pareja. En todo lo demás, la unión civil “produce iguales efectos (...) que el matrimonio” pero sin serlo, y aduciendo para esa diferenciación viejos argumentos sostenidos por la CHA, similares a los que Montero retoma en su proyecto. Hay un detalle, sin embargo, en el que Escudero se demuestra original: la creación de un “Observatorio de uniones civiles” dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Su función sería “monitorear la aplicación e incidencia” de la ley que crea a nivel nacional la unión civil, y también “sugerir futuras modificaciones” para ella. A los cinco años de aprobada y vigente la ley, debería “remitir (...) un informe circunstanciado acerca de todos los aspectos de la regulación”. Esos seguimientos serían realizados por “universidades nacionales y organizaciones de derechos humanos”. Sólo Escudero, de momento, respaldaría su propio proyecto, pero todavía no puede descartarse que la acompañe Liliana Teresita Negre.

“Se denomina matrimonio cuando uno de los contrayentes es una mujer y el otro un varón; se denomina unión civil cuando los dos contrayentes son del mismo sexo”, sostiene el último de los nuevos proyectos. En su proyecto, el formoseño Luis Petcoff Nadidenoff y el santiagueño Emilio Rached reservan explícitamente el nombre del matrimonio a las parejas heterosexuales, aun cuando “la unión civil produce efectos similares”. Y es que la semejanza no significa igualdad por una serie de exclusiones: las parejas de personas del mismo sexo no podrían adoptar de manera conjunta ni tendrían derecho a reclamar la patria potestad compartida, en caso de que uno de ellos haya sido padre o madre antes de constituir esta pareja. Se trata, como explicitan los fundamentos, de un proyecto que busca dar respuesta a un reclamo “sin alterar el tradicional concepto de matrimonio para la unión entre un hombre y una mujer que receptan los Tratados de Derechos Humanos”, aun cuando en las reuniones de la comisión distintos juristas han desmentido que los pactos y tratados internacionales hagan tal cosa.