La oposición prepara para este mes la segunda ola en su embestida parlamentaria contra las retenciones a las exportaciones agrícolas. Los diputados opositores que integran la Comisión de Agricultura y los jefes de bloque de todo el Grupo A se reunieron, asado de por medio, para tratar de diseñar una estrategia común y elaborar un proyecto único para rebajar las alícuotas. Aunque el abanico de propuestas va desde eliminar las retenciones hasta su reducción y la segmentación, acordaron avanzar en una propuesta que se transforme en ley antes del 24 de agosto, cuando vencen las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, entre ellas el manejo del Código Aduanero y la posibilidad de fijar las retenciones.

El encuentro fue manejado con sigilo y fuera del Palacio Legislativo. Sus promotores, Elisa Carrió (Coalición Cívica), Felipe Solá (Peronismo disidente), Oscar Aguad (UCR) y Federico Pinedo (PRO), tenían una motivación especial: reeditar la disputa por las retenciones que unió a todo el arco opositor contra el Gobierno en 2008. A la reunión en el porteño Club Vasco Argentino Gure Echea tampoco le faltó atractivo: un suculento asado y vacío de ternera, con una picada previa de embutidos y quesos caseros aportados por muchos de los productores allí presentes, todo regado con abundante y “exquisito” vino tinto. Entre los comensales también estuvieron los diputados del socialismo y del GEN.

Las diferencias de paladar no fueron por el menú, sino a la hora de fijar posturas. A los postres hablaron los jefes políticos de cada bancada. Carrió defendió uno de los proyectos más extremos: la eliminación total de las retenciones. Solá se alineó con la iniciativa con más consenso dentro del universo del peronismo anti K, la de llevar a cero las retenciones en maíz, trigo, sorgo y girasol y de sólo sostener en un menor nivel la de la soja.

El radical Aguad trató de conciliar las posturas que dividen a sus propios agrodiputados: el legislador formoseño, presidente de la Comisión de Agricultura y representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile, está más cerca de suprimir las retenciones; mientras que los federados (Federación Agraria Argentina) Ulises Forte y Pablo Orsolini proponen reducir hasta un diez por ciento las retenciones a cereales y oleaginosas, salvo la soja, y “segmentar” por niveles de producción con devolución del 50 por ciento de las retenciones de quienes exporten, por ejemplo, hasta 3500 toneladas de soja. “No somos irresponsables como para desfinanciar al Estado nacional”, sostuvo Forte ante Página/12 para justificar su proyecto.

Pinedo sugirió la iniciativa con la que su representante en la Comisión de Agricultura, Christian Gribaudo, propone la “extinción” de las retenciones en forma gradual en un período de 18 meses para todas las exportaciones agrícolas. El proyecto sustituye las retenciones por un gravamen del diez por ciento sobre todas las salidas de divisas “por cualquier concepto”, pero obliga al Gobierno a emitir títulos de deuda en dólares para compensar a productores y exportadores por un monto equivalente a las retenciones que hubieran pagado durante ese tiempo.

La nota más disonante la aportaron los socialistas. La presidenta del bloque de diputados, Mónica Fein, propuso sostener las retenciones, pero con un nivel de segmentación que proteja a los productores más pequeños. “Hay que diferenciar a los pequeños y medianos productores de los grupos concentrados. No se puede tratar por igual a quienes son diferentes”, dijo a este diario el productor entrerriano y representante socialista en la comisión Lisandro Viale.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, no fue de la partida. Molesta por la invitación de último momento a una reunión en que diputados y senadores opositores –convocados por Carrió y el senador radical Gerardo Morales– buscaron unificar una estrategia común en ambas Cámaras legislativas, Stolbizer no participó de la cena agropecuaria pero envió allí a sus representantes: Horacio Alcuaz, Virginia Linares y Gerardo Milman, recién llegado del Mundial de Sudáfrica. Todos ellos estuvieron más cerca del socialismo que de la CC.

Sin representantes de peso en la comisión y consciente de las diferencias de todo el arco opositor, Carrió convirtió al ex diputado Francisco “Pancho” Ferro en uno de los organizadores del encuentro y en el “facilitador” de un futuro acuerdo. Ferro fue uno de los hacedores de la parlamentaria Mesa de Consenso Agropecuario durante y después del conflicto por la resolución 125 y terminó su mandato como legislador del GEN en diciembre 2009, pero ahora responde directamente a Lilita. Aunque el “gran facilitador” para buscar un acuerdo –según reconocieron algunos macristas que participaron del asado– fue el “excelente vino tinto”.

Las grandes diferencias sobre el papel de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), su reestructuración y el papel regulador del Estado –que también fue motivo de debate en la cena– quedaron para más adelante. La prioridad son las retenciones y el objetivo opositor es sancionar una ley antes de que venzan las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo (el próximo 24 de agosto) que incluye la posibilidad de que el Gobierno fije las alícuotas impositivas a las exportaciones agrícolas. Algo que los opositores no están dispuestos a prorrogar imponiendo su supremacía numérica, al menos en la Cámara baja.

El interbloque de Proyecto Sur –decisivo a la hora de inclinar la balanza en Diputados– no tuvo representantes en el ágape, pero se encargó de mostrar sus diferencias con los organizadores. “Si ellos hacen un asado nosotros nos hacemos vegetarianos”, sentenció ante este diario uno de los diputados del bloque de centroizquierda que tildó de “cínica” la postura del resto del conglomerado opositor de “reclamar la universalización total del subsidio a la niñez y promover la implementación del 82 por ciento móvil a los jubilados, al mismo tiempo que buscan reducir la capacidad recaudatoria del Estado”.

En el Grupo A coinciden en que el camino en la búsqueda de un acuerdo no será un lecho de rosas. Pero como buenos “tiempistas” saben que las facultades delegadas tienen fecha de vencimiento: el 24 de agosto. Mucho antes de que las definiciones electorales con miras a las presidenciales de 2011 bifurquen sus caminos.