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La presentación de proyectos legislativos para disponer el 82 por ciento móvil a los haberes previsionales ha reeditado la versión “la plata de los jubilados”. A esta altura, se ha convertido en la consigna más rendidora para políticos conservadores, progresistas y analistas preocupados en expresar que están “cerca de la gente”. La instalaron cuando se puso fin al desfinanciamiento del sistema previsional durante catorce años con el giro de los aportes jubilatorios hacia el negocio de bancos & afines asociados en compañías denominadas AFJP (esa primera versión fue descripta en un artículo del 17 de mayo de 2009). Insistieron cuando se dispuso la universalización de la asignación familiar por hijo a desocupados y empleados no registrados, iniciativa extraordinaria de reconocimiento de derechos económicos y sociales a ese universo de la población (segundo capítulo de la saga publicado el 8 de noviembre de 2009). Antes con el cierre de las AFJP y el manejo de las inversiones de la Anses, luego con la AUH, ahora reaparece la tercera versión con el debate por el 82 por ciento móvil. El concepto “la plata de los jubilados” que domina el espacio político mediático sólo contribuye a la confusión general. Pocos argumentos brindan tantos pergaminos de poseer sensibilidad social que expresar preocupación por “la plata de los jubilados”. También revela, como pocos, el éxito de la concepción neoliberal acerca del funcionamiento de un sistema de seguridad social. Además de rústica, es tramposa esa idea extendida en el sentido común de que el jubilado tiene su dinero para cobrar en una caja del Estado y que esos fondos son utilizados para otros fines. Más aun cuando el sistema previsional fue desquiciado y el mercado laboral fragmentado durante décadas.

La cantidad de beneficiarios en el Sistema Integrado Previsional Argentino era de 3,2 millones en 2003 y con una moratoria flexible se amplió a 5,6 millones en 2010. Se incluyeron 2,4 millones de nuevos beneficiarios elevando la cobertura previsional del 57 a casi el 90 por ciento de la población en edad jubilatoria. Resulta evidente que una elevada mayoría de esos beneficiarios –y no sólo los de la moratoria– está recibiendo un ingreso que no tiene relación con el monto y los años de aporte realizados. Del total de jubilados, el 40 por ciento es por moratoria, y la relación aportantes/beneficios ha descendido de 2,15 a 1,52. En esa instancia emerge una cuestión que no es expresada abiertamente pero que encierra una suerte de paradoja distributiva. Los pocos merecedores de elevadas jubilaciones por su historia previsional están recibiendo un haber más debajo que el posible al universalizarse el sistema. A la vez, esa ampliación de la cobertura ha sido un potente factor de redistribución de ingresos rescatando a decenas de miles de la intemperie previsional. ¿Cuál de las dos vías construye una sociedad con mayor justicia social admitiendo la existencia de la restricción presupuestaria? La segunda alternativa implica un haber medio, que si bien ha subido considerablemente en los últimos años (1157 pesos), se encuentra por debajo del que hubiera sido sin la moratoria. Hoy el 70 por ciento de los jubilados cobran la mínima en un proceso que ha achatado progresivamente la pirámide de ingresos previsional, dinámica que en forma leve empezó a revertirse con la movilidad automática que aplica ajustes dos veces por año. En el período marzo 2009-marzo 2010 el aumento acumulado fue de un notable 29,7 por ciento, porcentaje que invita a concurrir al archivo para confrontarlo con las estimaciones realizadas por legisladores que criticaban y aún lo siguen haciendo con elevada irritabilidad la fórmula de movilidad. Esos cálculos convierten a los economistas de la city en prudentes pronosticadores de fallidos.

El sistema previsional tiene más complejidades que la vulgar consigna “la plata de los jubilados”, resabio que dejó la reforma regresiva de la capitalización individual. Ahora se requiere un poco más de esfuerzo para no confundir flujo y stock de recursos previsionales manejados por la Anses, incorporar la noción de solidaridad intergeneracional de un régimen de reparto público, precisar la capacidad del Estado para instrumentar una política de administración de activos financieros e intervención en la economía, y detallar las fuentes de recursos. El monto mensual de fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. De ese total, sólo el 59 por ciento corresponde a aportes y contribuciones.

La reducción de las cargas patronales desde 1993 ha detraído recursos del sistema de seguridad social. El desfinanciamiento producido por la rebaja en esas contribuciones para recuperar competitividad debido al corset de la convertibilidad fue un error, el mismo que se aplicó en la década del ’80 durante la dictadura, cuando también se intentó por esa vía corregir el atraso del tipo de cambio real. Esa medida no impulsó el blanqueo de trabajadores, como argumentaban sus defensores, sino que aumentó el desempleo por la propia dinámica de una política cambiaria que provocaba destrucción del aparato productivo. La revisión de esa injusta transferencia de ingresos de los noventa requiere una evaluación rigurosa de su impacto económico-laboral. Ese análisis debería incluir su incidencia en los costos laborales, su eventual traslado a precios, la presión empresaria para una mayor devaluación y el efecto sobre la dinámica del empleo. La suba de aportes patronales forma parte de la necesaria tarea de reconstruir una estructura tributaria progresiva teniendo en cuenta que en los países desarrollados las cargas sociales constituyen uno de pilares de la recaudación. Para evitar confusiones, esa eventual medida debería ser abordada en función de esos parámetros y no como parte del debate sobre el 82 por ciento móvil de las jubilaciones. En la renovada discusión política sobre los haberes previsionales se sostiene que existen los fondos para cumplir con ese porcentaje por el abultado stock de activos que maneja la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esos activos son un patrimonio que el Estado rescató del régimen de capitalización, que con su funcionamiento durante casi década y media desfinanció la seguridad social. Ese capital recuperado no es “la plata de los jubilados”, sino que forma parte del patrimonio previsional del Estado. Capital que ofrece la posibilidad de ser una potente herramienta de intervención estatal para el fomento y desarrollo económico con el objetivo de impulsar un círculo virtuoso del crecimiento. Este proceso termina mejorando el canal de recaudación del sistema previsional por inversiones que generan mayor empleo y formalización laboral. Ese stock de activos del régimen jubilatorio de reparto debe estar en función de mejorar el flujo de fondos futuros, lo que permitiría aumentar el monto de los haberes como así también el grado de cobertura.

Resulta interesante avanzar en el análisis de la estructura previsional y si las cuentas permiten financiar aumentos de las jubilaciones. Para ello se necesita desplazar esa idea gaseosa de “la plata de los jubilados” y destinar un poco más de energía para estudiar la solvencia intertemporal del actual régimen de reparto.

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