Trabajadores de firmas recuperadas fueron al Congreso a dar su respaldo al proyecto oficial.
Imagen: DyN.

El ministro de Economía, Amado Boudou, se presentó ayer en el Congreso para dar impulso a un proyecto de ley que el movimiento de fábricas recuperadas venía reclamando desde hace años. Se trata de una reforma a la Ley de Concursos y Quiebras, por la cual se da resguardo jurídico a las cooperativas de trabajadores para que puedan asumir el control de empresas quebradas y seguir operándolas. En la actualidad existen 236 compañías recuperadas que emplean a cerca de 20 mil personas, en un proceso que se inició hace diez años y que fue consolidándose en los hechos, pero con una precariedad legal que dificulta una multiplicación mayor de experiencias similares. En 2009 quebraron 1084 firmas y en lo que va del año fueron otras 488 –se estima que hay unos 3000 establecimientos cerrados por quiebra–, muchas de los cuales podrían resurgir de la mano de sus antiguos operarios si tuvieran las facilidades que plantea la iniciativa en estudio.

“Cuando se pierde una empresa se destruyen empleos y producción nacional. Con este proyecto buscamos allanarles el camino a los trabajadores que se organizan para evitarlo”, destacó Boudou. El ministro participó de una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Relaciones del Trabajo y Justicia de la Cámara de Diputados, durante la cual explicó las razones que llevaron al Gobierno a enviar esta iniciativa al Congreso. En rigor, el proyecto fue remitido el 17 de marzo pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de un acto en una fábrica recuperada. Sin embargo, una cargada agenda parlamentaria y las peleas –en otros temas– entre el oficialismo y la oposición fueron postergando su tratamiento.

Ahora parece haber llegado el momento de apurar la aprobación de la ley. La presencia de Boudou ayer en el Congreso tuvo esa intención, según reconoció el funcionario a Página/12. “Queremos que se vote antes de fin de año”, precisó. En principio, no deberían surgir demasiados inconvenientes, teniendo en cuenta que el Grupo A y los partidos de centroizquierda manifestaron su apoyo al proyecto. Es más, una propuesta muy similar obtuvo media sanción de Diputados en 2004, aunque el tema luego quedó trabado en el Senado. El Ejecutivo esta vez parece dispuesto a llevar las cosas hasta el final, mientras que el senador radical Gerardo Morales tiene presentado hace tiempo un proyecto en la misma dirección.

Uno de los participantes de la reunión de ayer en el Congreso fue Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. “Para nosotros es una conquista que el Gobierno esté impulsando esta ley, que recoge nuestras demandas”, aseguró el dirigente a este diario. La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) también ingresó una propuesta de reforma de la Ley de Concursos y Quiebras con algunas diferencias con la del oficialismo. La próxima semana habrá una reunión de asesores de todos los bloques de aquellas tres comisiones para intentar consensuar un texto común. “El dictamen podría salir en dos o tres semanas”, estimó Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), presidenta de la Comisión de Legislación General.

El proyecto del Gobierno consta de 16 artículos con varias modificaciones a la ley vigente, que data de 1995 y fue diseñada por el entonces ministro Domingo Cavallo. Esa norma restringió derechos a los trabajadores y apuntó a apurar los trámites de disolución de las empresas caídas. Los objetivos en este momento son exactamente los contrarios. En primer lugar, el cambio más importante es que se establece la continuidad automática de las compañías quebradas, cuya propiedad y gestión pretenda ser asumida por una cooperativa de trabajadores. En lugar de liquidar sus bienes en un plazo máximo de cinco meses, la cooperativa tiene 24 meses para llegar a un arreglo con los acreedores hipotecarios o prendarios, cuyos derechos no desaparecen.

Otro aspecto fundamental es que se igualan los derechos entre acreedores hipotecarios o prendarios y los de los trabajadores. Estos últimos, con la ley de Cavallo, sólo podían reclamar el 50 por ciento de los salarios y demás items adeudados por los dueños de las empresas quebradas, sin intereses, y si quedaba plata o bienes luego de que se cobraran aquéllos. Los acreedores prendarios e hipotecarios, además, tenían derecho al ciento por ciento de la deuda, con intereses. Ahora todos están en el mismo nivel de derecho para cobrar y los trabajadores podrán capitalizar sus deudas para quedarse con la compañía. En la actualidad, la Justicia da permisos especiales a los operarios para que recuperen las empresas, pero no en todos los casos y en un marco mucho más inestable.