El Ministerio de Educación porteño recomienda a los directores de las escuelas tomadas por estudiantes “efectuar una denuncia ante la Policía Federal” ante “la posible configuración de un delito por parte de los participantes”, es decir, los estudiantes, y también por “los padres de los menores, por incumplimiento de los deberes correspondientes a la patria potestad”. La indicación, que se distribuyó ayer a través de un memorándum en todas las escuelas de nivel medio, generó preocupación entre el personal docente de conducción, sobre todo porque en uno de los puntos sugiere que la mencionada denuncia policial debería ir acompañada de un acta donde conste, entre otros datos, el “listado lo más completo posible de alumnos/as que participen de la medida”.

Consultado por Página/12, el titular del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo porteña, Gustavo Lesbegueris, expresó que “el gobierno porteño parece más preocupado en confeccionar listas de estudiantes para denunciarlos ante la policía que en garantizar a las comunidades educativas adecuadas y suficientes condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad y accesibilidad” en las escuelas.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación porteña (UTE-Ctera), anunció, en declaraciones a este diario, que el gremio “está llamando a desobedecer ese memorándum”. “La única forma de resolver los conflictos es mediante el diálogo y con más presupuesto para infraestructura edilicia”, afirmó el dirigente del gremio docente.

Las tomas de escuelas comenzaron el martes en el colegio Mariano Acosta y se extendieron a seis en los días siguientes: el Manuel Belgrano y el Normal 6, el miércoles, y el Confederación Suiza, el Lengüitas y el Cornelio Saavedra, que se sumaron ayer. La protesta tiene como eje el reclamo por un mayor presupuesto para infraestructura, cuya caída en los últimos dos años, sumada a la subejecución de las partidas, se pone de manifiesto con los graves problemas edilicios en muchos establecimientos. Los estudiantes convocaron para hoy a una marcha hacia el Ministerio de Educación porteño y anuncian más tomas de colegios para la semana que viene (ver recuadro).

Desde el Ministerio de Educación porteño, el titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, Max Gulmanelli, explicó que el memorándum es “sólo una sugerencia”, que justificó porque “el director es responsable civil y patrimonial por los daños que pudieran ocurrir en la escuela”.

–Si la función de su cargo es de apoyo a la comunidad educativa, ¿por qué no dialoga con la comunidad que está reclamando? –le preguntó este diario.

–No dialogamos en un escenario de tomas porque hay una ruptura del diálogo que se venía manteniendo por la otra parte.

El memorándum 921750, al que accedió Página/12, tiene fecha de ayer y está firmado por el director general de Educación de Gestión Estatal, Roberto Angrisani. Está dirigido a los directores y rectores de escuelas Media, Técnica, Artística, de Adultos y Formación Docente, y se titula “Procedimientos para las tomas de escuelas”.

El texto sugiere que las autoridades “se comuniquen telefónicamente en el mismo día de la toma con los padres de los alumnos individualizados como participantes” para “informales de la situación y pedirles que retiren a sus hijos en plazo perentorio, atento haber cesado el servicio educativo por cumplimiento del horario escolar”.

También recomienda a los directivos “permanecer en la escuela en resguardo del inmueble y los bienes que integran su patrimonio”. También sostiene que “corresponde dar aviso al SAME y al Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Lejos de retirar a sus hijos del establecimiento, muchos padres concurrieron a apoyar la medida e incluso participaron de asambleas, como en el Lengüitas, de Juncal y Salguero, donde los estudiantes resolvieron tomar el edificio “en solidaridad con los demás colegios secundarios”, ya que, reconocen, en su escuela no hay problemas edilicios, según expresaron a través de un comunicado.

“El memorándum del Ministerio de Educación expresa la escasa vocación para dialogar y mediar con los estudiantes que reclaman por mejoras edilicias”, dijo Lesbegueris a Página/12. “En vez de resolver el conflicto con una denuncia policial, judicializando la protesta, el gobierno debería aplicar en estos casos la ley de Mediación Escolar, aunque probablemente desconozcan su existencia.”

La ley de Mediación Escolar, sancionada en abril de 2009, crea un sistema para “promover métodos cooperativos en el abordaje de conflictos”, que cuenta con un “equipo de mediadores escolares”, quienes intervendrán “a solicitud de las autoridades de las escuelas”.

“Durante las tomas que hubo en la gestión de Mariano Narodowski, el ministerio les pedía a los directores la lista con los chicos que participaban de la medida. Ahora van más allá: quieren entregar esa lista a la policía”, se alarmó Eduardo López, de UTE-Ctera. El dirigente sostiene que si bien el memo está redactado en tono de sugerencia, “en la práctica, cuando un directivo no toma en cuenta las indicaciones que se le dan por escrito, es sancionable, según el reglamento”.

Los reclamos por problemas edilicios en las escuelas porteñas se han intensificado, ya que, en casi tres años de gestión, el macrismo sólo logró terminar una sola escuela (en Barracas) y tuvo que recurrir a la venta de terrenos en Catalinas Norte para engrosar el magro presupuesto para infraestructura. Ese dinero se utilizaría para reanudar las obras paralizadas en el Polo Educativo Saavedra y para construir una decena de escuelas en la zona sur de la Ciudad, que padece desde hace años una endémica escasez de vacantes.