El Gobierno declaró ayer la caducidad de la licencia que tenía Fibertel para brindar Internet y les dio noventa días a los clientes de la firma para migrar hacia otro prestador. El argumento oficial es que el Grupo Clarín disolvió esa sociedad en enero de 2009 y desde entonces brinda el servicio de manera irregular a través de la firma Cablevisión, sin tener la autorización del organismo regulatorio. La compañía denunció una “brutal actitud de hostigamiento” y adelantó que “ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la continuidad de sus servicios”. El Grupo Clarín acusó el golpe y sus acciones cayeron 5,7 por ciento.

El argumento que esgrime el Gobierno es el mismo que llevó a la Secretaría de Comunicaciones a revocar en julio de 2009 la asignación de la numeración que le había otorgado a Fibertel para brindar telefonía. En aquel entonces, el secretario del área, Lisandro Salas, primero accedió al pedido y diez días después dio marcha atrás haciendo lugar a un reclamo de Telefónica y de la Federación de Cooperativas de Servicio Telefónico de la Zona Sur, quienes objetaron la decisión porque, según dijeron, Fibertel había dejado de ser una sociedad y, por lo tanto, no podía tener licencia ni numeración para brindar triple play como lo hacen otras cableras.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno retomó ese argumento y le prohibió a Cablevisión seguir incorporando clientes a su servicio de Internet por no tener una licencia vigente. Este diario informó entonces que esa fundamentación incluso le podía servir para prohibirle a la firma prestar el servicio. Al no haberlo hecho parecía que la decisión oficial era preservar al menos el statu quo para no complicar a los usuarios, pero ayer quedó claro que aquella medida era sólo la punta del iceberg.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, comunicó la novedad ayer por la mañana. “Desde el 15 de enero del año pasado, Cablevisión ha venido utilizando la licencia de Fibertel sin estar autorizada”, aseguró antes de dejar en claro que ya no podrá hacerlo. Informó que los usuarios tendrán tres meses para cambiar de proveedor y difundió una línea telefónica a la que podrán llamar para asesorarse (ver aparte).

El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando Cablevisión, controlada entonces por Liberty Media y el grupo texano HMT&F, absorbió Fibertel. La operación fue aprobada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y se le comunicó a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que se expida, aunque, según afirman en la empresa, no era necesario esperar la autorización de este organismo para avanzar con el traspaso de la licencia de telecomunicaciones. “La autorización se requiere cuando hay un cambio de titularidad, pero en ese caso no lo hubo porque Cablevisión ya controlaba Fibertel”, afirmó a Página/12 Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión. Según el ejecutivo, las firmas habían surgido separadas porque la regulación no autorizaba que el titular de una licencia de radiodifusión tuviera también una licencia de telecomunicaciones, pero cuando se flexibilizó la norma se procedió a la fusión. Luego Cablevisión pasó a manos del Grupo Clarín, quien el 15 de enero de 2009 directamente disolvió la sociedad Fibertel ante la IGJ.

El Gobierno rechaza esa explicación y sostiene que el traspaso de la licencia de Fibertel a Cablevisión requería la autorización del organismo regulatorio, la cual nunca se otorgó. Por lo tanto, cuando el Grupo Clarín disolvió Fibertel quedó en la cuerda floja, porque el Reglamento General de Licencias contempla la caducidad de la autorización para operar ante la declaración de quiebra, disolución y/o liquidación del prestador. En la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones se aclara incluso que el trámite de inscripción de la fusión ante la IGJ no es suficiente, porque “el régimen general de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 debe convivir y ser armonizado con las regulaciones especiales del sector de las telecomunicaciones”.

Desde Cablevisión, en cambio, aseguraron que la medida forma parte de una “persecución ilegal”. “Sin dudas, se trata de un nuevo y gravísimo capítulo dentro de la escalada, cada vez más totalitaria, de ataques del Gobierno contra las empresas del Grupo Clarín”, dijeron a través de un comunicado. En esa serie incluyen la anulación de la fusión Multicanal-Cablevisión, el intento por regular los precios del abono del cable y la multa de cinco millones de pesos que se le aplicó a la compañía por prácticas anticompetitivas en Santa Fe.

“El primer objetivo es hacerle daño al Grupo Clarín, pero eso va a terminar generando un monopolio extranjero porque la medida beneficiará a las telefónicas”, aseguró Moltini a este diario. Desde el Gobierno, en cambio, remarcan que no fueron ellos quienes disolvieron la empresa en la IGJ y afirman que la medida no está pensada para favorecer a las telefónicas porque en el mercado hay más de 200 proveedores inscriptos en condiciones de ofrecer Internet.

Cablevisión ahora jugará todas sus fichas en la Justicia para tratar de que la decisión oficial al menos quede en suspenso. También ven con buenos ojos la presión que pueda ejercer la oposición desde el Parlamento. De hecho, ayer varios referentes de ese sector hicieron fila para solidarizarse con el Grupo Clarín y prometieron seguir durante los próximos días.

Si pese a todo la firma no logra ponerle freno a la medida, 1,1 millón de abonados al servicio de banda ancha de Fibertel deberán cambiar de empresa. Es difícil pensar que esa migración se pueda concretar en apenas noventa días, como se anunció ayer. Las firmas suelen adecuar su infraestructura a la tasa de crecimiento esperada y ni el más optimista de los competidores de Fibertel se debe haber imaginado un escenario así. Por lo tanto, es complicado predecir si estarán en condiciones de garantizarle el servicio en tiempo record a la diáspora de Fibertel. Tampoco está claro si el propio Grupo Clarín podrá absorber parte de esos abonados con la licencia de telecomunicaciones que tiene Multicanal. Por ahora, se limitaron a resaltar que resistirán la decisión oficial, pero apelar a su otra licencia podría ser un plan B si sus reclamos no tienen eco en la Justicia.