Al final, Mauricio Macri decidió apelar su procesamiento por el espionaje ante la Cámara de Casación Penal, a pesar de que hace unos pocos días decía que lo único que quería era llegar rápido a un juicio oral. Hasta el momento, tanto el juez Norberto Oyarbide como los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal lo consideraron partícipe de una organización dedicada a pinchar teléfonos y lo responsabilizaron por las escuchas a su cuñado Daniel Leonardo y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein. Incluso los camaristas lo acusaron de montar a la sombra de su gobierno un aparato clandestino para espiar. Ahora, el líder de PRO decidió depositar una esperanza en el tribunal penal de mayor jerarquía, que en un fallo reciente dejó entrever dudas sobre la imputación por asociación ilícita. Pero además se volvió evidente que la investigación, todavía lejos de ir a juicio, continúa y se empiezan a revelar nuevos datos, como sus llamadas con el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, clave en la trama junto con Ciro James, y también aparecen nuevos imputados, como Andrés Ibarra.

El planteo de Macri cuestiona la confirmación de su procesamiento que dictó la Cámara Federal, que lo consideró sospechoso en el armado de una estructura dedicada al espionaje que la Metropolitana tiene prohibido realizar. Señaló la contratación de James –un espía profesional– en un puesto de falso asesor legal en el Ministerio de Educación, como una prueba de que el gobierno porteño proveía honorarios y cobertura a quienes empezaban a conformar el aparato clandestino. Las escuchas a Leonardo y a Burstein fueron mencionadas por la Cámara como la confirmación de esa red. La propia Sala I de la Cámara debe decidir ahora si admite el recurso del jefe de Gobierno. La intervención de Casación es excepcional y sumamente restringida. Sólo revisa fallos de causas de primera instancia cuando está en juego la libertad de quien reclama, o se advierte una arbitrariedad flagrante o exista gravedad institucional. Estas dos últimas cuestiones son las que contiene la presentación de los abogados de Macri, Ricardo Rosental y Santiago Feder.

El líder de PRO alega que hay “gravedad institucional”, con el argumento de que está en juego su permanencia como jefe de Gobierno. Agrega que existe “arbitrariedad” porque el fallo de la Cámara no respondió cuestionamientos que él había formulado al procesamiento de Oyarbide. Por ejemplo, Macri decía que no tenía “ningún interés” en escuchar a su cuñado, ni a Burstein, y sugería que podía haber otros interesados, como Franco Macri y Palacios, respectivamente. También sostenía que si James había estado cerca de su casa tras retirar escuchas de Leonardo era casualidad.

Si los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero rechazan la apelación, Macri podrá ir con un “recurso de queja” directo a la Sala III de la Cámara de Casación.

En el entorno de Macri entrevieron un “mensaje de esperanza” en un fallo reciente de Casación sobre la detención de Palacios en el que dos de los camaristas postularon dudas sobre el procesamiento por “asociación ilícita”. La jueza Liliana Catucci dijo que esa imputación se había basado en “la exclusiva voluntad de los magistrados” y que carecía de “los requisitos mínimos de fundamentación”. Riggi describió como “atinadas las consideraciones” de Catucci. Aun así aquel fallo, que también tuvo el voto de Angela Ledesma, decidió que Palacios debía seguir preso y dejó totalmente firmes los delitos de violación de la intimidad y falsedad ideológica, que afectan también a Macri.

Desde el juzgado de Oyarbide nada indica una pronta elevación a juicio, como pide Macri. De hecho, el juez sigue acumulando medidas de prueba, como el análisis de llamados del jefe comunal y la situación de funcionarios como Ibarra, actual titular de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, sospechoso de la contratación de James. También se investiga la responsabilidad del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.