Una veintena de obispos católicos que integran la Comisión Permanente del Episcopado finalizaron ayer en Buenos Aires su reunión de tres días sin hacer comentarios públicos ni emitir declaración alguna. Apenas una palabra casi al pasar del vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Jorge Oesterheld, para admitir que “la sociedad está viviendo cambios culturales muy profundos y la Iglesia debe ver cómo se comunica mejor con ella”. Una forma de consentir el desencuentro que existe actualmente entre la jerarquía católica y otros actores de la sociedad argentina.

Si bien hacia afuera todo fue silencio, en el seno de la Comisión Permanente la palabra dominante fue “evaluación”. Los participantes coincidieron en utilizar el calificativo de “sereno” para indicar el clima vivido en la reunión, en la que, no obstante, prevaleció el tono de la autocrítica por lo actuado en forma reciente con ocasión del debate y aprobación de la ley que habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. El obispo Antonio Marino, encargado del seguimiento de los procesos legislativos pero al mismo tiempo auxiliar del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, estuvo entre quienes debieron dar explicaciones por la estrategia desarrollada por el Episcopado. También el médico Justo Carbajales, director del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal.

“No hubo pase de facturas”, dijo una alta fuente del Episcopado, que, sin embargo, asumió que la evaluación “fue a fondo” y sirvió para hacer una revisión profunda “acerca de la manera como la Iglesia se comunica con la sociedad”. No se ahorraron las preguntas, las críticas y tampoco las consideraciones políticas respecto del momento que vive el país, acerca de las posiciones de los diferentes actores. Hubo también llamados de atención y advertencias para “no caer en la trampa” en la que, según dijeron algunos, se pretende hacer caer a la Iglesia obligándola a asumir posiciones que desgastan a la institución ante la opinión pública. De manera por demás elocuente uno de los participantes hizo alusión a que “no tenemos que pisar el palito” cuando se plantee la discusión sobre la eventual despenalización del aborto.

Se supo también que uno de los temas que más preocuparon a los obispos fue el desencuentro generado entre la jerarquía y los sacerdotes, muchos de los cuales se pronunciaron de manera disidente con el Episcopado durante el reciente debate. El caso más notorio fue el del cura cordobés Nicolás Alessio, a quien el arzobispo Carlos Ñáñez le inició una causa por la ley eclesiástica, lo que determinó que el sacerdote decidiera abandonar su condición de tal. Alessio se había pronunciado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo contrariando la posición episcopal. Sin embargo, no fue éste el único caso. También los Curas de la Opción por los Pobres discreparon con los obispos y otro tanto hicieron varios agrupamientos laicos. Las diferencias en el seno de la comunidad católica fueron las que más preocupación despertaron en los obispos.

Uno de los resultados del intercambio, presidido en todo momento por el cardenal Jorge Bergoglio, fue precisamente la decisión de no emitir en este momento ninguna declaración y evitar por el momento las polémicas públicas. El nuncio apostólico Adriano Bernardini, uno de los que más impulsaron la ofensiva contra la ley de matrimonio igualitario, estuvo presente durante todas las sesiones y tomó atenta nota de todo lo dicho. Bernardini, embajador del Vaticano en la Argentina, había dicho en la asamblea plenaria de abril que para Roma el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo estaba entre las cuestiones “innegociables”.

Una evaluación más en profundidad, con la presencia de todos los obispos, se realizará a partir del 8 de noviembre, cuando el Episcopado se reúna en Pilar en asamblea general.