Una empresa que eleve un edificio de 10 mil metros cuadrados cubiertos en dos años requiere por lo menos 61 obreros. La cifra surge del Indice Mínimo de Trabajo (IMT) para la construcción que presentaron ayer la AFIP y el Ministerio de Trabajo. Se trata de uno de los primeros datos en una serie de indicadores que están preparando esas dependencias para establecer el piso de asalariados necesarios en cada rama de actividad. En el Gobierno sostienen que esas pautas apuntan a facilitar la detección y regularización del empleo en negro, multar a los empresarios responsables y mejorar el financiamiento de la seguridad social. Empresarios y sindicatos están siendo consultados para la confección de los IMT. Los primeros datos corresponderán a actividades que concentran el grueso de los 4,5 millones de puestos de trabajo informales.

El titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, complementó los anuncios al informar la creación del Programa de Fiscalización Permanente (PFP). Esa iniciativa asegura la presencia de un auditor de AFIP en cada una de las casi 1700 empresas inscriptas en los distintos regímenes de promoción radicadas fundamentalmente en el interior del país. El objetivo es controlar que no existan irregularidades con los distintos beneficios impositivos otorgados por el Estado. “Los incentivos fiscales apuntan a promover zonas geográficas desfavorecidas. El PFP apunta a evitar el uso indebido de esos beneficios fiscales y frustrar la simulación de muchas empresas”, sostuvo Echegaray. El cuerpo de inspectores que se desempeñará en cada una de las plantas está compuesto fundamentalmente por trabajadores de las ex AFJP que fueron capacitados para realizar esas tareas de control.

“Con la presencia física de los empleados de la AFIP buscamos que no se genere un sistema nocivo con los incentivos fiscales. Que una empresa que contrata a dos empleados y que dice que fabrica puertas no las traiga desde otro lado y las haga pasar por donde está radicada la fábrica para aprovechar los beneficios impositivos”, explicó el titular de la AFIP. A su vez, las empresas beneficiadas por los distintos regímenes de promoción deberán utilizar el sistema de factura electrónica para fortalecer el seguimiento que realicen in situ los inspectores.

Según explicaron en la AFIP, “los IMT son una herramienta que crea riesgo para aquellos empresarios inescrupulosos que planifican las irregularidades en las relaciones laborales”. Los distintos indicadores establecen una cantidad mínima de trabajadores por los que debería realizar aportes una empresa. “Durante muchos años el empleo informal se naturalizó. Por eso seguimos quitándoles argumentos a los empresarios para no cumplir con la registración de los trabajadores”, destacó el responsable de la cartera laboral, Carlos Tomada.

Las pautas son relativas, por lo tanto cuando se observe que haya registrados menos empleados se invierte la carga de la prueba y los empresarios deberán demostrar, por ejemplo, cómo hicieron para finalizar en 24 meses un edificio de 10 mil metros cuadrados con tan solo cuatro trabajadores cuando el mínimo son 61 obreros. En ese caso puntual, la empresa difícilmente pueda brindar una explicación coherente. Sin embargo, en la AFIP consideran plausible que existan diferencias con el índice sectorial cuando una firma utilice tecnologías que requieran el empleo de menos asalariados.

Junto con el indicador para la actividad de la construcción se presentaron tres subíndices referidos a la industria textil, que corresponden a las ramas de estampado, teñido de tela y teñido de hilado. Por la complejidad de esas actividades y las dificultades que tienen los organismos para controlarlas, la AFIP y Trabajo elaboraron distintas mediciones que contemplan no sólo la cantidad mínima de trabajadores por máquina, sino también equivalentes en consumo de gas y producción mensuales.

Los funcionarios ya están trabajando en la elaboración de los IMT referidos a los hoteles, restaurantes, la actividad citrícola y el turismo estudiantil. Esas son algunas de las actividades, junto con el sector agropecuario, que exhiben los mayores índices de empleo no registrado. La informalidad ascendió en el segundo trimestre del año al 36,5 por ciento. Además del objetivo de recaudar más recursos para la seguridad social, el Gobierno busca ordenar el flanco más débil de la política laboral, el empleo en negro. Un capítulo en el que hubo avances, pero insuficientes frente a la magnitud del problema.