El suspendido juez Luis Miret (de espaldas) al declarar en el Consejo de la Magistratura.
Imagen: Rafael Yohai.

La preocupación por una serie de maniobras originadas en la Justicia mendocina, que obstaculizan las investigaciones contra varios de sus integrantes por posible complicidad con el terrorismo de Estado, logró unir ayer a radicales y kirchneristas en el Consejo de la Magistratura. En la Comisión de Disciplina y Acusación hubo coincidencia en que hay una “situación de gravedad institucional” en los tribunales de Mendoza, vinculada con las causas por delitos de lesa humanidad. El cuerpo evalúa posibles medidas, como pedir que intervenga la Corte Suprema y enviar a la provincia un equipo de consejeros aprovechando una auditoría ya programada. Se votará en el plenario del jueves próximo, al que además fue citado el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien alertó sobre la situación en una presentación esta semana.

El disparador del tema en la reunión de comisión de ayer fue el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que separó al juez federal Walter Bento de la causa penal contra dos de sus integrantes, Otilio Romano y Luis Miret, a quienes les había imputado complicidad y participación en crímenes de la última dictadura. La resolución estaba firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, quienes habían sido recusados por los organismos de derechos humanos, por el fiscal Omar Palermo y por el propio Bento por la amistad que mantienen con los colegas que son juzgados. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y otras organizaciones pidieron su destitución ayer ante el Consejo de la Magistratura, donde casualmente uno de ellos, Gálvez, es consejero.

Miret fue suspendido por el Consejo y enviado a juicio político el mes pasado. Romano eludió el interrogatorio con un certificado por problemas de salud. Y en el Consejo impidió que avanzara su remoción con dos medidas cautelares que le concedió como juez ad hoc el abogado Carlos Parellada. Las cautelares fueron apeladas por el Consejo y el Ministerio de Justicia, pero la Cámara se excusó en pleno y no hay quién resuelva.

–Es algo muy grave, así cualquier juez va a meter un amparo para sustraerse de la investigación del Consejo –advirtió el senador radical Ernesto Sanz, que es mendocino. Para sorpresa de los presentes, llegó a sugerir la posibilidad de no acatar la medida cautelar favorable a Romano. “Hay que dar una respuesta institucional”, le dijo a Página/12.

–La cautelar es ilegítima, pero imaginate si fuéramos el oficialismo el que propone no acatarla –ironizó la diputada Diana Conti, en evidente alusión a la discusión por el fallo contra el gobernador de Santa Cruz por no reponer al ex procurador. Enseguida alentó alternativas para poder investigar a Romano y tratar “la situación de gravedad general en la Justicia de Mendoza”, también denunciada por el procurador Righi.

En la tormenta de ideas de la Comisión de Acusación, el reclamo de un pronunciamiento de la Corte llevó la delantera. Algunos sugerían un “abocamiento” del tribunal, aunque dudaban sobre los antecedentes. Otros, como el juez Luis Cabral, decían que el Consejo puede presentarse en la Corte con una queja por “retardo de justicia” al no haber quién resuelva la apelación contra el amparo de Romano. “¿Y por qué no un per saltum?”, le dijo Sanz a este diario. Conti recordó que para el 19 de octubre está prevista una auditoría sobre las causas de derechos humanos en Mendoza y sugirió enviar una comisión de consejeros junto con los auditores. Los consejeros votarán un plan de acción en el plenario del jueves que viene.

Conti informó a Página/12 que el Consejo ya analiza “cómo se han ido nombrado jueces y conjueces”, como el caso de Parellada. Petra Fernández –que firmó el apartamiento de Bento a pedido de Romano– tiene varias causas en el organismo y ayer estaba citado como sospechoso, aunque presentó un escrito. Los organismos lo acusaron por liberar a todos los represores de Mendoza y prejuzgar. Ayer volvieron a pedir su destitución y para ilustrar su vínculo con Romano, recordaron que juntos denunciaron a jueces provinciales para retardar el inicio de juicios de derechos humanos y ofrecieron de testigos a abogados de represores. Sobre Rago Gallo mostraron un expediente donde Romano y Petra se excusaron de resolverle un amparo contra el corralito por su estrecha amistad. Gálvez, recordaron, como consejero se levantó de la silla en el momento exacto en que se votaba la acusación a Miret.