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La última misión técnica del FMI a España fue en el marco del artículo IV del organismo, el mismo que la Argentina rechaza y por el cual ayer presionó el vicejefe John Lipsky. El informe posterior a la evaluación a aquel país no se limitó a una descripción del estado de situación de la economía, como se supone que establece el mismo artículo IV, sino que eso fue sólo la introducción para un despliegue de “recomendaciones” de política económica, con el reclamo de una aplicación “urgente” para evitar que la crisis se siguiera agravando. Las medidas a instrumentar eran las siguientes: flexibilización del mercado de trabajo y reducción de las indemnizaciones por despido, aumento de la edad jubilatoria de 65 a 67 años, un agresivo recorte del gasto público para llevar el déficit fiscal de 13 a 3 puntos del PIB en cuatro años y fortalecimiento de la banca. “Hace falta el esfuerzo de todos para ayudar a combatir los fuertes efectos que la crisis tiene en el país”, exhortó el documento del Fondo. El gobierno español ha avanzando a paso firme en esa línea, lo que provocó un agravamiento de la conflictividad social, pero también un aumento del desempleo, que esta semana marcó un nuevo record de más de cuatro millones de personas.

El artículo IV del estatuto del FMI dispone que los países miembro deben aceptar una vez al año una revisión de su economía por parte de un equipo técnico del organismo. De allí debería surgir un paper con una presentación prolija de las cuentas macroeconómicas de las naciones y una reseña de su desempeño y proyecciones generales. Esa recopilación de información y análisis técnico debería servir a los especialistas del Fondo para tener una visión amplia del desenvolvimiento de la economía internacional y anticiparse a eventuales crisis. Sin embargo, esa fórmula resultó en los hechos en algo distinto. Por empezar, al Fondo se le pasaron la crisis mexicana de 1994, la del sudeste asiático, la rusa, la de Brasil, la del este europeo y la de las hipotecas subprime de Estados Unidos, la más grande desde 1930 y en su propia cara, sin estar ni siquiera cerca de alertar nada de antemano.

Pero las misiones del artículo IV fueron también un camino para imponer lineamientos de política económica, como lo advierten ahora los europeos España, Grecia, Portugal y Rumania, entre otros. Argentina, Brasil y los latinoamericanos en general lo padecieron durante décadas, aunque en este punto hay que advertir que los delegados del Fondo no lograban tanta influencia por sí solos, sino gracias a que actuaban en tándem con los sectores del establishment local, incluidos los mediáticos. Lo usual era que las conclusiones de las visitas por el artículo IV reprodujeran las visiones de economistas, empresarios y políticos conservadores, que utilizaban al FMI como amplificador de sus discursos.

En lo esencial, ese mecanismo no ha variado desde 2006 a la fecha. En aquel año la Argentina le pagó por anticipado toda la deuda al FMI y se libró de sus misiones técnicas. Cámaras patronales y sectores financieros perdieron de ese modo un protector de sus intereses. También resignaron el instrumento que utilizaban para vetar iniciativas del poder político. La simple presentación de un proyecto de ley de distribución de ganancias empresarias entre trabajadores hubiera sido imposible bajo la dinámica de las visitas del Fondo. Mucho menos, medidas como la eliminación de las AFJP, la Asignación Universal por Hijo o la utilización de reservas del Banco Central para la cancelación de deuda.

Argentina no fue el único país que tomó esa vía. Antes lo había hecho Brasil y después lo aplicaron varias naciones de América latina a través de la acumulación de reservas en sus bancos centrales. La posibilidad de disponer de esas divisas surgió a partir de la aplicación de políticas heterodoxas que rompieron con la lógica de enviarles señales a los mercados para esperar su aprobación. Ya no fue necesario depender del financiamiento externo, incluida la figura del FMI como prestamista de última instancia. Los pasos fundamentales que dio la región en ese sentido pueden llegar más lejos, en caso de que se retomen proyectos como el olvidado Banco del Sur.

Cuando Barack Obama asumió la presidencia en Estados Unidos el establishment local se apuró a anunciar que el FMI cambiaría. “El Fondo tiene más plata que nunca y está liderado por un socialista francés que está a la izquierda de Kirchner, porque exige a los gobiernos que bajen impuestos y aumenten el gasto”, llegó a interpretar el 24 de mayo de 2009 el economista Alfonso Prat Gay en una entrevista con Página/12. El ahora diputado de la Coalición Cívica usaba ese argumento para recomendar al Gobierno que volviera a tener relaciones activas con el Fondo, pedido en el que coinciden sectores políticos y empresarios hasta el día de hoy. Esa descripción quedó desmentida con la actuación posterior del organismo frente a la crisis europea. En Grecia impuso una rebaja de salarios y jubilaciones del 15 por ciento, eliminó el pago de aguinaldos, forzó el aumento de la edad de retiro, presionó por un aumento del IVA y consiguió una rebaja sustancial del gasto social. En España se anuló el “cheque bebé”, de 2500 euros ante un nacimiento. Italia, Irlanda, Ucrania, Portugal, Rumania y muchos otros están pasando por lo mismo.

“No tendría ningún problema en que vuelvan las evaluaciones del artículo IV si hacemos las cosas bien. En la Argentina agrandamos giles y, entre ellos, a los burócratas del Fondo. Uno se sienta, les explica las cosas y los puede convencer. Hoy están dispuestos a prestar casi sin exigencias. Ahora, si vamos a ser tan estúpidos de pagarle todo cuando no había que pagarle y después dejar pasar la oportunidad de que nos presten...”, insistía Prat Gay en aquella ocasión.