El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a presionar a la Argentina para que acepte revisiones de sus cuentas públicas. El vicejefe del FMI, John Lipsky, amenazó ayer con sanciones al país si no adhiere al artículo cuarto, el cual plantea ese tipo de monitoreos. El Gobierno no permite intervenciones en la política económica doméstica desde que canceló anticipadamente y en efectivo el total de su deuda con el organismo. Pero el Fondo, que tras el desplome financiero internacional quedó en una situación de evidente debilidad y descrédito por su incapacidad de adaptarse a un nuevo contexto post-crisis, intenta ahora recuperar protagonismo. En los países que quedaron más vulnerables por la crisis logró imponer sus viejas recetas de ajuste. Con la Argentina no puede hacer lo mismo, debido a que el país logró sobrepasar el vendaval sin demasiadas dificultades y siguiendo una política exactamente contraria a la recomendada por el Fondo. Este, sin embargo, volvió a la carga exigiendo las revisiones obligatorias del artículo cuarto. El cruce reaparece horas antes de que comience la reunión anual del Fondo y el Banco Mundial, que se realizará a partir de hoy en Washington.

El equipo económico viajó a Washington para participar de la asamblea de ambos organismos. Los funcionarios arriban en un clima hostil para la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que la discusión de este año volverá a ser la representatividad de los emergentes en el FMI. Primero el Fondo difunde un informe en el que pone en duda las estadísticas oficiales. Luego el número dos de la entidad alertó sobre posibles sanciones si no acepta las revisiones que establece el artículo cuarto del FMI. Fuentes oficiales descartaron la posibilidad de reprimendas. “La membresía del Fondo implica obligaciones entre las cuales están las consultas. Esta es una obligación hacia los otros miembros, no hacia el staff. Por lo tanto, éste es un tema que deberá ser abordado por los miembros en sus discusiones”, dijo Lipsky.

La última auditoría del organismo fue en septiembre de 2006. Luego el país canceló toda su deuda con el Fondo utilizando su excedente de reservas internacionales. La operación no buscó una ventaja financiera sino un claro gesto político, tal como hiciese meses después la administración Lula da Silva. Esa cancelación anticipada permitió al país librarse de las recetas de ajuste a las que se obligaba con cada acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI. Desde 2007 a la fecha, el Gobierno se resiste sistemáticamente a que el Fondo audite las cuentas del país. Desde el Palacio de Hacienda incluso reconocían que hay lugar para un acercamiento si el organismo da señales de cambio, algo con lo que se especuló a partir del arribo de Dominique Strauss-Kahn al frente del FMI.

“Todos estamos esperando que la Argentina se sume al grupo de países que tienen relaciones normales y consultas regulares con el Fondo. Además, como miembro del G-20, también aceptó la obligación implícita de revisiones financieras cada cinco años”, dijo Lipsky. Los dichos del ex vicepresidente del JP Morgan Investment Bank surgen en respuesta a la negativa del Gobierno de aceptar injerencia del Fondo en la negociación de la deuda con los acreedores del Club de París. El requisito de un acuerdo previo de ajuste estructural con el Fondo tiene que ver con las necesidades financieras de los países deudores, no obstante la Argentina no tiene previsto tomar un préstamo del FMI para esta operación.

Como miembro del Fondo, el país tiene obligación de permitir auditorías de sus cuentas. “No está en discusión si se aceptan o no las revisiones, sino cómo se realizan. Los representantes del FMI no necesitan venir en las habituales misiones en las que se reúnen con economistas de la city y montan un show en torno de eso”, explicó el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El funcionario sostuvo que la obligación pasa porque el país remita los datos que se le solicitan en materia de sector externo. “Pero el Fondo tiene una segunda intencionalidad: mostrar a la Argentina como el mal alumno de la clase por no acatar sus reglas”, agregó Vanoli. Sin embargo, el país obtuvo mejores notas que los alumnos más aplicados. Esto es lo que más molesta al FMI, porque ya no puede tener injerencia en la política interna argentina.

La aplicación del artículo cuarto no es el problema; el hecho de que el propio Fondo no cumpla con él, sí. “Los principios respetarán el ordenamiento sociopolítico de los países miembro y en la aplicación de los mismos el Fondo tendrá debidamente en cuenta las circunstancias de los socios”, señala el texto de ese artículo. El FMI, en cambio, continúa con sus recetas únicas para cualquier país que muestre dificultades.

Fuentes gubernamentales desestimaron las amenazas de Lipsky. “No creemos que haya sanciones, son sólo presiones”, manifestó a Página/12 un colaborador de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien también integra el equipo económico que se encuentra en la capital estadounidense. De todos modos, admite que existe el riesgo de que el país pierda un lugar en el directorio del Fondo. Este año, los emergentes reflotarán el pedido de tener el 50 por ciento de representatividad dentro del organismo. El directorio tiene veinte lugares. Estados Unidos sólo está dispuesto a ceder uno y Europa, nada.