Un minucioso informe de las áreas técnicas de la Anses, pedido por su director, Diego Bossio, para evaluar el impacto que hubiera tenido la aplicación de la ley votada en el Congreso, pero vetada por el Ejecutivo, da cuenta de la profunda inequidad que hubiera provocado al interior de la clase pasiva, además del desmantelamiento del sistema previsional a corto plazo. Una alta fuente de la Anses describió a Página/12 algunas de las conclusiones de dicho trabajo. “La recomposición en los haberes que planteó la oposición con esta ley generaba regresividad en los ingresos, y eso no es igualitario. Los datos obtenidos nos hablan de subas que modifican sustancialmente los ingresos de los que más ganan. No queremos que las desigualdades que se observan en los trabajadores se replique en la clase pasiva”, señaló Bossio a este diario, en un breve diálogo que mantuvo con Página/12 en los pasillos de la televisión pública (Canal 7). La regresividad que hubiera resultado de la aplicación de la ley del 82 por ciento móvil (rebautizada como ley de quiebra del Estado por el Gobierno) surge de que el ajuste por recomposición que la misma dispone para las jubilaciones más elevadas es significativamente mayor al que se aplicaría al piso jubilatorio: mientras éste se hubiera movido en un 37 por ciento, las jubilaciones más altas lo hubieran hecho en un 80 al 100 por ciento en una amplia franja de casos, pero en una cantidad significativa de casos habrían llegado a tener aumentos del 400 al 1000 por ciento.

El informe técnico que distintas áreas del Anses pusieron en manos de su jefe, Diego Bossio, señala el ejemplo de un beneficiario que cobra hoy $ 7666,37, hubiera pasado a cobrar $ 68.800,19, lo que implica un aumento del 797 por ciento en sus haberes. “Y le doy un caso adicional: el famoso caso Badaro. Adolfo Badaro cobraba en enero de 2002, $ 1144 y hoy, a octubre de 2010, cobra $ 16.177”, puntualizó uno de los responsables de los equipos técnicos de la Anses a este diario.

No se trata de casos aislados, aseguran, sino del esquema al que llevaba a todo el sistema la aplicación de los ajustes previstos en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley vetada. “La ley preveía un recálculo de todos los haberes iniciales, para lo cual era necesario ir al expediente jubilatorio de la persona caso por caso y reactualizar las remuneraciones que dieron origen al haber de alta. Tal como quedaba planteada la recomposición de haberes en la ley vetada suponía la revisión de casi seis millones de expedientes para ver cuánto percibirían si siguieran en actividad los jubilados actuales. Calcular el costo con anticipación a aplicarlo es prácticamente imposible”, justificaron los técnicos ante el requerimiento de su jefe, dando cuenta así de una de las inconsistencias del proyecto votado en el Congreso.

En cuanto al impacto inmediato, la Anses estimó que “las erogaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2010 para financiar la puesta en marcha de esta medida serían de 6628,8 millones de pesos. El costo para el año 2011 de la iniciativa era de $ 40.088,33 millones. Este cálculo no tiene la recomposición de remuneraciones prevista en el artículo 5º de la ley vetada”, aclaran, por la imposibilidad de cálculo ya mencionada. Como la Anses tiene un superávit operativo proyectado para el año corriente de 990 millones de pesos, “luego del pago de sentencias judiciales en efectivo y de cancelación de amortizaciones”, la aplicación del nuevo piso de haberes jubilatorios hubiera significado que “la Anses entraría en déficit operativo durante 2010 de 5600 millones de pesos”. En tanto que para 2011, que según el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso tendría para la Anses un superávit de 9644 millones de pesos, pasaría a soportar un déficit de más de 30.100 millones de pesos.

“Los recursos no están, los superávit operativos de la Anses quedan muy lejos de poder financiar una medida como ésta, cosa que fue explicada con rigurosidad en el Senado y que ningún senador se encargó de solicitar a las áreas técnicas. El tema se trató con absoluta liviandad y sin analizar rigurosamente las fuentes de financiamiento”, comentó Bossio a este diario en referencia al mismo punto.

Los recursos de la Anses surgen de Aportes y Contribuciones, en un 56 por ciento, y en un 44 por ciento de fuente impositiva, que recibe fundamentalmente de los fondos coparticipables y de su participación en los ingresos al fisco por el IVA y por Ganancias. El sistema previsional argentino es, como la mayoría en el mundo, “un modelo asistido” por los recursos tributarios. Al no contar con recursos excedentes de la magnitud de los requeridos para hacer frente a los gastos que se hubieran derivado de la ley del 82 por ciento, la única fuente hubiera sido un “impuestazo” sumado a un incremento en los aportes patronales. Pero, en ningún caso, para obtención de recursos en forma inmediata.

Por el lado de los recursos, la experiencia mundial es que, cada vez en mayor medida, los sistemas previsionales dependen de la recaudación tributaria en general. La tendencia al envejecimiento de la población (por aumento en la expectativa de vida) plantea un debate más profundo sobre la financiación del sistema. Según estiman en la Anses, el esquema actual del sistema argentino garantiza la sustentabilidad hasta el año 2020. Pero, pasada esta década, el desequilibrio por el aumento de la clase pasiva respecto de los aportantes activos obligaría a discutir hacia qué modelo se va.

“El sistema debe preservar la equidad entre los beneficiarios, la proporcionalidad entre los ingresos del trabajador activo y lo que va a percibir como pasivo, pero también la solidaridad con quienes trabajaron en condiciones precarias pero que tienen derecho a la jubilación”, sostiene Bossio. Los fallos de la Justicia que desconocen los topes jubilatorios, asignando sumas que multiplican por 20 o por 30 el haber mínimo, sin topes, no respetan la equidad. Los artículos 5º a 7º de la ley que impulsó la oposición reproducía ese criterio, consolidando el beneficio de los más beneficiados. Al vetar la ley, el Poder Ejecutivo sostiene que intenta preservar el sentido de solidaridad, privilegiando la universalidad del sistema previsional, que hoy ya abarca al 86 por ciento de los ciudadanos de la tercera edad y busca llegar a más.