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¿Se está discutiendo realmente en la Argentina una política de mejoramiento de la situación de los jubilados o lo que está en juego es la relación de confianza y credibilidad popular entre los actores políticos y la sociedad, con vistas a las elecciones del año próximo?

Si se tratara de lo primero, sería bueno revisar los antecedentes de los contendores, hurgar en los modos en que se instaló el tema y pensar las consecuencias reales y concretas de la disputa. Revisar antecedentes no equivale a la agitación de archivos de la década del noventa; se puede perfectamente tomar como punto de partida la crisis de 2001 y 2002, de cuyas responsabilidades no queda afuera casi ningún actor político relevante. De la crisis se salió en una dirección, en un rumbo y eso es lo que valdría la pena discutir. ¿De qué política de estos años forma parte la propuesta de pagar el 82 por ciento móvil a los jubilados? Parece que de las plataformas programáticas de los partidos no vale la pena hablar en estos tiempos en que la política se mueve al ritmo vertiginoso y en las formas fragmentadas que imponen los medios de comunicación. Nadie habló del tema en la elección de 2007 ni en las legislativas de 2009, ni en ningún momento muy anterior a la circunstancia –muy reciente– en que la oposición, espoleada por los medios concentrados, reconstruyó su hoja de ruta antigubernamental. Magistraturas y decretos de necesidad y urgencia no son lo que se dice una materia de gran conmoción social. Para la reforma del impuesto al cheque no hubo clima propicio entre los gobernadores, beneficiados por la refinanciación de sus deudas. Las retenciones a las exportaciones parecían un tema interesante por las reminiscencias del conflicto de 2008 que convoca; pero no hubo acuerdo en la oposición y hasta la otrora gloriosa mesa de enlace está enredada en sus querellas internas y bastante devaluada en su capacidad de movilización. La elección de los haberes jubilatorios es hija de la búsqueda de una arena de conflicto, que atrae a la sociedad, genera expectativas y puede producir simpatías en amplios sectores de la población.

Ni en las plataformas ni en los discursos electorales estaba el tema. Mucho menos aún puede establecerse algún enlace entre la audaz promesa de aumento –todo un viraje general de la política en la materia– y la conducta legislativa previa del Grupo A. Para no hacer un relevamiento muy exhaustivo, alcanza con refrescar la memoria sobre las posiciones asumidas por cada uno de los bloques en ocasión de la discusión sobre la reestatización de los fondos jubilatorios, justamente la decisión que facilitó el fortalecimiento financiero del Estado que se esgrimió y se esgrime como argumento principal a favor de la vetada ley. Radicales, peronistas disidentes y Coalición Cívica no solamente votaron en contra de la iniciativa sino que cerraron filas con los grandes medios de comunicación en el señalamiento de que esa decisión constituía un saqueo a los jubilados. Ahora, las consecuencias exitosas de ese “saqueo” son las que posibilitarían la atractiva medida a favor de ese mismo sector. Coherencia cero.

Un aumento como el que impulsó el Grupo A significa una reasignación de los recursos públicos de extraordinario volumen. Tan partidarios de la deliberación y el consenso como se declaran, los diputados y senadores de la oposición de derecha (y no solamente de derecha) reemplazaron, como es costumbre, toda discusión por una melodía repetitiva y pegadiza: la plata está, hay que dejar de gastarla en los subsidios y en el clientelismo y dársela a los jubilados. Es notable la conexión de este tipo de fórmulas con la vieja retórica antipolítica que tuvo su clímax entre nosotros en 2001. Es la retórica que dice que la plata de los trabajadores y los productores se la lleva la política, equivalente en este registro a manejos espurios, corrupción e inoperancia. Con su habitual elocuencia lo dijo hace poco Biolcati en la Sociedad Rural: “El Estado es un gran depredador”. A esta altura habrá que convenir que la antipolítica es por naturaleza de derecha. Presupone una sociedad transparente y sin conflictos arruinada por la política. Oculta las contradicciones y la complejidad, agita resentimientos y prejuicios. Escamotea la cuestión del poder.

No hubo, pues, discusión. No se hizo precisión alguna sobre las formas de financiamiento. En este punto, resulta conmovedora la reflexión final de Cobos, antes de su nuevo voto contra el gobierno del que forma institucionalmente parte. Dijo el vicepresidente que “ahora tenemos que discutir entre todos cómo lo financiamos”. Una metodología institucional sorprendente: primero sancionamos una ley y después vemos cómo la hacemos viable. No fue un exabrupto producto de la tensión: lo repitió varias veces ante los medios el día siguiente. Esa discusión que proponía Cobos hoy es “cuestión abstracta” porque la ley fue vetada. Pero habría sido muy interesante. Porque en una de ésas habríamos acordado en que el 82 por ciento no era viable pero sí el 67 o el 75. Todavía más, es probable que nos hubiéramos quedado cortos y fuera posible el 82 o el 100,5. Realmente impresionante.

El verdadero objetivo de la oposición fue cumplido. Obligó al veto presidencial en una materia de alta sensibilidad y masiva audiencia social. Medios concentrados y derecha política están convencidos de que el camino de la victoria en 2011 es una sucesión de hechos resonantes que obliguen al Gobierno a pagar costos de popularidad. Hasta ahora la táctica ha tenido un momento de victoria resonante en el episodio agrario del otoño-invierno de 2008, pero no ha logrado plasmarse en todo el período siguiente en la insinuación de ninguna propuesta alternativa. El tiempo se acorta y la presión corporativa se intensifica. La semana pasada fue el “operativo Scioli”, orientado a conseguir una referencia para el peronismo disidente, que no ha logrado dejar de ser una amenaza un poco espectral y busca salir de esa situación con un candidato estrella. En los últimos días, micrófonos y pantallas han vuelto a confluir en el rostro de Cobos. No será fácil reconstruir el aura heroica con que se lo consagró después del voto contra las retenciones móviles. Es nada menos que el intento de forjar una referencia institucionalista y republicana encarnada en un personaje que pretende encabezar la oposición desde la vicepresidencia de la Nación. De convertir en símbolo del consenso a un especialista en la nada consensual práctica del desempate parlamentario.

El tema de las jubilaciones no desaparecerá fácilmente de escena, a menos que nuevos frentes muy intensos de conflicto lo desalojen. El Gobierno ha hecho mucho por los jubilados, particularmente por los que forman parte de la escala más baja. Y tiene herramientas para producir mejoras, especialmente para los sectores de ingresos bajos y medios, que no comporten el desfinanciamiento del Estado ni el ensanchamiento de la brecha de desigualdad que traía consigo la nonata ley. En su caso tiene la tarea de compatibilizar la acumulación político-electoral con la viabilidad presupuestaria. Una tarea que, de por sí, no tiene ninguna oposición en el mundo. Y de la que la oposición de derecha argentina se burla irresponsablemente.