Curtido en recibir bofetadas, el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli soportó con ostensible malhumor la pulla del secretario general de la CGT sobre su asistencia al coloquio de las patronales empresarias en Mar del Plata y se escabulló en silencio en cuanto concluyó el discurso presidencial. Scioli se había negado a desmentir que preparara el lanzamiento de su precandidatura presidencial, que distintas fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso confirmaron. Pero que él se lo proponga no significa que le vaya a ser fácil lograrlo. Además, la participación en ese proyecto del actual Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro Da Rocha, ha puesto el foco de atención sobre los negocios y las posiciones políticas del estudio que comparte con los abogados Gustavo Gené, Raúl Munrabá y el nieto de Rafael Bielsa, sobre sus relaciones con el Grupo Clarín y con el ex gerente de proyectos especiales de Bunge & Born, Gustavo Caraballo.

La blogósfera peronista agregó como dimensión pintoresca un debate acerca de si la revelación del proyecto de Scioli debía atribuirse al ex presidente Néstor Kirchner. La visión conspirativa es una respuesta tranquilizadora frente a datos nuevos que no se ajustan a un esquema previo de interpretación. Frente a ella no tiene sentido reiterar lo que debería ser obvio sobre la responsabilidad de cada quien. Los mejores análisis no se dedicaron a revisar la verosimilitud de las intenciones y preparativos del gobernador, que podrán concretarse o no según jueguen los distintos actores políticos y sociales, sino al repaso de las contradicciones estructurales de un proyecto popular que a cada paso debe redefinir la proporción de sus ingredientes, de modo de imponerse en las urnas pero sin mimetizarse con algunas de las concepciones contra las que adquiere sentido.

Límites

Scioli fue interrogado en una radio (financiada en gran parte con publicidad del gobierno bonaerense) acerca de su candidatura. “Si tiene que llegar, llegará”, respondió luego de argüir que no pensaba en términos personales, sino en ponerle el hombro al país. Un funcionario de primera línea del Poder Ejecutivo sostuvo esta semana que la participación de Scioli en una primaria presidencial, fue acordada con Néstor Kirchner, que de este modo legitimaría su candidatura en una elección tanto o más significativa que la radical, entre el vicepresidente Julio Cobos y el diputado Ricardo Alfonsín. El acuerdo incluiría seguridades, cuya índole no aclaró, sobre la victoria de Kirchner en esa primaria. Uno de los líderes del Frente para la Victoria en el Congreso afirmó que el proyecto de Scioli está más avanzado de lo que se cree y lo resumió en siete precisas palabras: “Por las buenas o por las malas”. Pero muy cerca de Kirchner nadie cree que Scioli se anime a desafiarlo. La idea predominante es que esa candidatura es una expresión de deseos de Clarín y del filántropo colombiano Francisco de Narváez, quien esta semana confirmó su amistad con Scioli y dijo que no tenía otra diferencia con él que su pertenencia al kirchnerismo, lo cual se parece demasiado a una invitación pública a saltar el cerco. Fue notable el ceño adusto del gobernador durante la imponente concentración del viernes en River, durante la que Hugo Moyano no retaceó un reconocimiento explícito a la conducción de la presidente CFK. Moyano ni siquiera tuvo inconveniente en objetar la ley previsional que el Grupo Ahhh... y sus aliados de la izquierda impalpable aprobaron con el propósito de forzar el veto presidencial y reveló que la presidente tiene en elaboración un nuevo aumento para las jubilaciones mínimas, a diferencia del proyecto vetado que concentraba los incrementos en las pasividades más altas. Mientras Kirchner respondía saludos y la presidente bailaba y ambos posaban para las cámaras con gorritos y banderas de distintos sindicatos, Scioli permaneció callado e inexpresivo y se retiró, solo, apenas terminó el discurso presidencial. Moyano aludió incluso al entusiasmo de las cámaras patronales por la desmarcación que intenta Scioli. Propuso un contraste nítido entre el coloquio de IDEA y el acto en Ríver al que llamó “un coloquio de la lealtad hacia quienes responden al interés de los trabajadores”. En IDEA, Scioli se mostró junto con el ex senador Eduardo Duhalde y con el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. Allí se repudió el proyecto de reglamentación del artículo de la Constitución que establece que los trabajadores tendrán “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. La réplica de Moyano, que defendió ese proyecto de su abogado Héctor Recalde, no puede interpretarse divorciada del seco comentario del jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, cuando dijo que él no hubiera asistido al encuentro de Mar del Plata. Esos son concretos límites que el gobernador no puede ignorar. Muestran la decisión de resistir de Kirchner y su esposa y la solidez del apoyo de Moyano, cuya gran conveniencia para el gobierno nacional es que no posee una capacidad electoral equivalente a la de movilización. Es un aliado exigente, pero no un competidor como Scioli. Aun así, la presidente no dejó pasar la postulación de Moyano para que “un trabajador” llegue a la Casa Rosada. Al responderle que ella trabajó desde los 18 años, puso negro sobre blanco que Moyano no se refería a un trabajador sino a un representante gremial de los trabajadores, que son dos cosas distintas.

Desmarques

También hubo desde el domingo pasado una serie de desmarques, de quienes negaron la participación personal pero no la existencia del proyecto. Según Aníbal Fernández, no fue él quien sugirió el nombre de Joaquín Da Rocha para la Procuración del Tesoro, es decir la jefatura de todos los abogados del Estado Nacional. Pero la nota más amena la dio Gustavo Caraballo, uno de los dos testigos ofrecidos a la justicia por el Grupo Clarín para desacreditar el informe presidencial “Papel Prensa, la verdad”. En un mail titulado “Ya ni se puede ir a un casamiento”, sostiene que hace muchos años que no ve a Scioli pero admite una amistad de cuarenta años con Da Rocha, quien lo invitó a ocupar la mesa 2 en la celebración de la boda de su hija Clara con el ingeniero Juan José Burgos. Sobre su alias de Viejo Bucanero, Caraballo explica que “dentro de las distintas especialidades de los hostiles del mar (piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros) los bucaneros eran los menos dañinos, se limitaban a vivir en las Grandes Antillas y cazaban el ganado cimarrón, que luego era asado y ahumado (bucan), y vendido a los hostiles del mar, labor que les valió el epíteto de bucaneros. Eran una especie de Burger King para el abastecimiento de las naves piratas”. Este elíptico párrafo es la simpática confirmación de que Caraballo es el principal contacto para la obtención de clientes y arbitrajes millonarios del estudio de Da Rocha.

Cambio de camiseta

La fiscal general del fuero civil y comercial de la Capital Alejandra Gils Carbó narró su experiencia con Da Rocha en relación con el Grupo Clarín. En 2007, Gils Carbó solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Cablevisión con sus acreedores, lo cual a su vez afectó la reclamada fusión con Multicanal, la otra operadora de cable del Grupo Clarín. A raíz de ello fue querellada por Clarín, y eligió a Da Rocha como su defensor. La Cámara Comercial rechazó el dictamen de Gils Carbó en términos que coincidían con la querella de Clarín. Gils Carbó envió ese fallo a Da Rocha. Al día siguiente la llamó Bielsa (n) y le planteó que mejor no recurriera el fallo. “Me resultó claro que habían dejado de ser mis abogados para pasar a ser los de Clarín”, dice la fiscal. Para preservarse, respondió que seguiría el consejo porque no quería más problemas. Gils Carbó dio parte de enferma y se recluyó en su casa. Bielsa la llamó:

–No estarás haciendo el recurso extraordinario, ¿no?

–Quedate tranquilo, ya te dije que no.

El plazo vencía el viernes 18 de abril de 2008. Ante un nuevo llamado de control, Gils Carbó citó a Bielsa para mediodía. A las 13 presentó el recurso y a las 13.30 le dijo personalmente que sus actos de fiscal no los resolvían sus abogados penalistas. “Se desencajó, comenzó a acusarme con furia de falta de ética, casi a los gritos me dijo que le daba lástima, porque entre Clarín y el gobierno me iban a destruir. Al día siguiente, un episodio similar repitió Da Rocha por teléfono. El inmediato día lunes, los dos renunciaron a mi patrocinio. Luego fui sobreseída.”

Durante la elaboración de la denuncia sobre Papel Prensa, Da Rocha no participó, pero su colaboradora en la Procuración, Elisabet Gómez Alcorta, intentó controlar el contenido de la presentación y objetó las referencias de la querella a hechos sucedidos durante el gobierno de Isabel Perón. El Procurador del Tesoro no firmó el patrocinio y días después presentó un curioso escrito de “adhesión”. Tampoco está actuando ahora en la preparación del escrito que el gobierno nacional presentará al juzgado federal civil y comercial No 1, para que de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema fije cuál es el plazo razonable para fallar en la causa iniciada por el Grupo Clarín, que reclama la presunta inconstitucionalidad de los artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obligan a desprenderse en un año de aquellas licencias que excedan del máximo legal. En este caso, no por propia decisión, sino porque el Poder Ejecutivo prefiere trabajar el tema con especialistas de mayor confianza. La endeblez del recurso extraordinario que presentó por la medida cautelar concedida fue mencionada en el fallo de la Corte Suprema como una de las razones por las que no accedió a revocarla. Un argumento que los abogados del Estado no utilizaron es que la medida cautelar constituye una sentencia definitiva, ya que frustra en forma irrevocable la aplicación del plazo fijado por la ley respecto del principal actor del mercado audiovisual. También es llamativa la conducta de la Procuración en la causa de fondo, que lleva el mismo juez. La lectura del expediente completo depara sorpresas. Al presentar la demanda, los licenciatarios pidieron que no se le corriera traslado al gobierno nacional, porque ampliarían sus fundamentos. La ampliación recién se produjo en mayo, cuando vencía el plazo y estaba por levantarse la cautelar. El juez Edmundo Carbone dispuso seguir el juicio según el trámite ordinario pero sin dar traslado a la demandada ni rechazar el pedido de hacerlo. La Procuración del Tesoro no insistió ante el juez ni apeló ante la Cámara, con lo cual dejó indefenso al Estado, mientras siguen corriendo los meses. Fuera del universo hermético de los tribunales es imposible que un ser humano comprenda cómo es posible que a un año de sancionada la ley que más adhesiones y rechazos ha provocado, en torno de la que gira buena parte del debate político e institucional, y a ocho meses de la demanda de Clarín contra su aplicación, nada haya ocurrido en el expediente para avanzar hacia una decisión sobre su constitucionalidad, sin que la defensa del Estado actúe para impedir este escándalo. Mucho más eficiente ha sido el estudio de Da Rocha en la tramitación de algunos casos en contra del Estado Nacional. Por ejemplo, la representación de la República de Chile en la causa por la extradición de Galvarino Apablaza. En este caso, la Corte Suprema resolvió concederla, tal como solicitó el estudio Da Rocha, con la firma de sus socios Gustavo Enrique Gené y Raúl Carlos Munrabá, los compañeros de mesa de Caraballo en la boda. ¿Alguien sabía en el Poder Ejecutivo que el estudio de su abogado en jefe le estaba preparando este dolor de cabeza?

Golpes y amenazas

Da Rocha recrimina por la divulgación de la foto que puso en evidencia el doble juego a su exposa, la fiscal Mónica Cuñarro. Luego de su publicación, el Procurador del Tesoro irrumpió en el gimnasio próximo al domicilio conyugal que ambos compartieron durante años y que Da Rocha abandonó en 2008 luego de agredir a su esposa, como consta en un acta levantada por el personal de la comisaría 53ª que acudió en auxilio de la mujer y documentó sus lesiones. El jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca informó del episodio a Fernández, que en aquel momento era ministro de Justicia, ya que Cuñarro era funcionaria de esa cartera, a cargo de la coordinación de una Comisión Asesora en temas de drogas, integrada por jueces, camaristas, médicos y psicólogos. Da Rocha reclamó a Fernández que sancionara a los policías, pero el ministro entendió que tanto los agentes de la comisaría 53ª como Valleca habían actuado dentro de sus atribuciones y deberes. El martes 12, Da Rocha fue contenido por otros asistentes al gimnasio, que lo calmaron y lo condujeron hacia la salida antes de que pudiera pasar una vez más a los hechos. Por último, en aras de la precisión, uno de los asistentes a la boda, comunica que no ocurrió el sábado 25 de setiembre sino el viernes 24 y que la jueza de la Corte Suprema no es Carmen Argibay Molina sino, a la española, Argibay Carlé. Vale.