La Mesa de Enlace quiere volver a las pistas, luego de los duros encontronazos entre sus dirigentes. Los ruralistas de Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro le solicitarán a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una audiencia para analizar la situación del trigo. El reclamo puntual tendrá que ver con una mayor apertura de las exportaciones del cereal y más controles hacia los exportadores, que actualmente no estarían pagando el precio pleno del trigo a los productores. Incluso, esta situación fue denunciada por el ministro Julián Domínguez, en un reportaje publicado por Página/12 el domingo pasado. Por otro lado, el funcionario también adelantó que este año se autorizarán, en total, ocho millones de toneladas para exportación. Si las entidades no son recibidas, amenazan con iniciar medidas de protesta.

“Acá la culpa es del chancho y también del que le da de comer. Son sectores cómplices. Ambas partes, en una clara asociación, lo único que hacen es tener ganancias extraordinarias y una clara actitud que hace que los que pierden sean los productores y también los consumidores”, señaló Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, en una clara alusión hacia el Gobierno y los exportadores.

Según indicó el ministro de Agricultura a este diario, el sector triguero estaría atravesando un problema relacionado a la formación de precios. “Las exportadoras no están pagando el FAS teórico (precio internacional sin retenciones). El problema lo tenemos con las compañías multinacionales, donde hay coincidencia con las denuncias realizadas por la AFIP en el tema evasión (los casos de Cargill y Bunge). Básicamente no están cumpliendo el acuerdo marco que firmamos con las exportadoras, por eso hay enojo de los productores”, manifestó el funcionario.

Los ruralistas denunciaron que las grandes cerealeras exportadoras y los molinos harineros recibieron casi 4700 millones de dólares en concepto de transferencias por parte de la producción (al pagar la tonelada con el descuento de las retenciones incluido y no el precio pleno) desde 2006 a la fecha.

Según el analista Carlos Etchepare (Acrea), los productores trigueros recibirán durante la campaña 2010-2011 “sólo un dos por ciento del negocio que ofrece el cereal”, cuando los exportadores se quedarían “con un 10 por ciento” y los molineros con “otro 15 por ciento”.

En este sentido, el principal reclamó de las cuatro entidades, que volvieron a mostrarse juntas luego de los fuertes cruces entre Federación Agraria con el resto de sus compañeros de Mesa, apuntará a una mayor apertura de las exportaciones del trigo y a una baja en las retenciones.

“El poder para modificar la política oficial no lo tiene el Ministerio de Agricultura, sino la Secretaría de Comercio Interior (a cargo de Guillermo Moreno), y el único camino que nos queda es pedir una audiencia a la Presidenta, y si no somos recibidos, sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer”, aseveró Mario Llambías, titular de CRA.

En los próximos días, las diferentes entidades agropecuarias encabezarán una serie de asamblea de productores que servirán de termómetro para los dirigentes. “Hay malestar en los productores a medida que avanza la cosecha del trigo”, indicó Carlos Garetto, titular de Coninagro. Los últimos intentos de la Mesa de Enlace de realizar algún tipo de protesta no tuvieron un alto grado de convocatoria.

En la tarde de ayer, Fernández de Kirchner mantuvo una reunión (que ya estaba pautada) en Olivos con Domínguez. En esta oportunidad, el Ejecutivo reconoce que hay un problema con el trigo, y que se debe en mayor medida a la especulación de los exportadores y molinos. Para Domínguez, parte de la solución estaría en la creación de un nuevo sistema de comercialización, al estilo de una Junta Nacional de Granos, pero con la participación de las Bolsas Cerealeras y Cooperativas, cuyo objetivo sería la formación de precios.