El conflicto alrededor de la tierra y la vivienda no es sólo un fenómeno que involucra a las villas de la ciudad de Buenos Aires. Es un problema que se extiende por el interior y que involucra a campesinos, pequeños productores rurales y comunidades originarias. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en todo el país habría más de 200 mil familias en peligro de ser desalojadas. En el caso puntual de Salta, distintas organizaciones de base y legisladores denunciaron ante Página/12 la connivencia entre la Justicia salteña y las grandes empresas agropecuarias y forestales que presionan a los productores a dejar sus tierras, a pesar de que hace dos semanas se aprobó una iniciativa para frenar los desalojos por 180 días.

El Foro de Agricultura Familiar realizó la semana pasada una conferencia de prensa para reclamar la sanción de una ley nacional que frene los desalojos en todo el territorio. Al encuentro asistieron funcionarios de la cartera de Agricultura.

“Las denuncias de desalojo de campesinos son desoídas por la Justicia. Su forma de vida y la cultura que practican alrededor de la tierra no es valorada en los tribunales, que no entienden las distintas prácticas campesinas”, indicó a Página/12 el abogado Matías Duarte, asesor de la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco Salteño.

Uno de los últimos hechos que ocurrieron en Salta involucró a Vidoson Agroforestal (ZZ SA), una empresa que a fines de noviembre intentó realizar un desmonte en la zona conocida como colonia La Juanita y La Santafesina, a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema de la Nación que prohíbe todo tipo de desmonte en los departamentos de Rivadavia, San Martín Orán y Santa Victoria. Si bien las familias de Carlos Guerra, Orfilia Rodríguez, Lucía Ruiz y el concejal por la localidad de Coronel Juan Sola (Morillo) Claudio Ruiz lograron frenar las topadoras, fueron denunciados ante la Justicia por la compañía.

Vidoson Agroforestal presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Formal de Primera Nominación de Tartagal, el cual ordenó, inmediatamente, el pedido de captura para los campesinos que habían frenado el desmonte. Luego de que les tomaron declaración, la Justicia levantó el pedido de captura. “Hay una clara persecución hacia los compañeros, sobre todo en la Justicia de Tartagal. Hoy, todos los movimientos campesinos, que antes estaban divididos, están juntos para frenar los desalojos y el avasallamiento de las grandes empresas”, manifestó a este diario Alfredo Riera, titular de la Asamblea de Pequeños Productores del Salta Chaqueño e integrante del Foro de Agricultura Familiar.

Los pequeños productores rurales salteños que están en situación de vulnerabilidad con relación a la tenencia de la tierra, cercanos a ser desalojados, ascienden a casi 8 mil familias. “En la década del ’90 se instaló el modelo de agronegocios, el cual consiste en seguir expandiendo la frontera agropecuaria, realizando desmontes, en desmedro de los pobladores y de los campesinos que estuvieron años luchando por ocupar y vivir esas tierras. Y esto se hizo con la complicidad del Poder Judicial, que actúa de manera muy rápida y subrepticia, desalojando a los más débiles”, denunció la diputada provincial (PJ) Cristina del Valle Lobo durante el tratamiento del proyecto que frenó los desalojos.

Otro caso involucra a la zona de los Toldos, un lugar al que debe accederse por Bolivia. La empresa Argencampo compró tierras en esa zona pero, por un problema de títulos superpuestos, un pueblo entero quedó dentro de las hectáreas compradas. “Ahora hay un juicio de desalojo contra 45 familias. Hay un pueblo entero que no tiene la titularidad de su suelo. Hay muchos jueces que vienen de la época de Juan Carlos Romero (ex gobernador y actual senador) y actúan en consecuencia. Pero esperemos que con la nueva ley se frenen definitivamente las expulsiones”, señaló Manuel Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de Salta.

Un caso emblemático que da cuenta de la compleja relación entre la Justicia y las grandes corporaciones involucra al Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Tartagal, a cargo de Ana María De Feudis. Esta magistrada tiene más de 60 causas por desalojo, entre urbanos y rurales, y en alrededor de 30 ya falló contra los campesinos que reclaman la posesión veintenal, mientras que el resto sigue en proceso, según relató Duarte a este diario. De Feudis tiene a su cargo la causa iniciada por Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, por el desalojo de cinco familias. El abogado de Macri es Víctor Hugo Belmont, ex diputado provincial durante el romerismo. Según relataron a este diario desde la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco salteño, la magistrada tendría un vínculo familiar con el abogado de Macri: su marido sería el padrino de la hija de Belmont.