El corte de vías, ayer, a la altura de la estación Avellaneda que originó los incidentes en Constitución.

El conflicto de los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, en cuya solidaridad acudió Mariano Ferreyra hace dos meses, cuando fue asesinado, parece aún lejos de resolverse. El corte de las vías en Avellaneda fue decidido porque “llegó Navidad y nadie cobró un peso porque no entró nadie a planta permanente”, según dijeron los tercerizados. En cambio, desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que “son exigencias del Partido Obrero (PO) que no tienen nada que ver con lo laboral y cortar las vías es un delito”. Por eso determinaron que pasó a ser un asunto de Seguridad y disolvieron la mesa de negociación. La interrupción del servicio había comenzado a las 11 y ante lo que ellos consideraron que era el fracaso del encuentro con las autoridades de la cartera que comanda Carlos Tomada la asamblea de los tercerizados decidió mantener la medida. Fue así que a la hora del regreso no había trenes circulando y estallaron los incidentes en Constitución.

En el Ministerio de Trabajo comentaban con indignación que los ferroviarios aparecieron “un 23 de diciembre, con asueto administrativo, a exigir la incorporación y el cobro de salario de 3000 pesos de 60 personas que no están en la lista original”. Ante Página/12, una alta fuente oficial dijo que “no eran tercerizados, sino dirigentes políticos, y luego ocurre lo de Constitución, no es casual, buscaban otra cosa”. Consultado al respecto, Gustavo Mendieta, abogado de los tercerizados, dijo que ellos estuvieron en el corte de Avellaneda y que no tenía “ni idea” de quiénes eran los protagonistas de las corridas en Capital. “El Gobierno va a tratar de ensuciar el reclamo, sigue en defensa de los burócratas sindicales, y esto se hizo un 23 de diciembre porque la gente está desesperada, sin dinero, el segundo de (el secretario de Transporte Juan Pablo) Schiavi los venía bicicleteando diciendo que la plata para pagarles estaba, por eso aguantaron hasta hoy”, precisó el letrado.

“Son personas que nunca estuvieron en la mesa de discusión, a la que hoy acudieron como partido político”, expresó estrecho colaborador de Tomada. Según esta fuente, no se les dio una negativa, sino que se les propuso un plazo hasta el 31 de diciembre para analizar quiénes son las 60 personas y acreditar su desempeño en el Roca. Sin ambages, los acusó de haber aprovechado el asesinato de Mariano Ferreyra –el joven militante del PO que murió tras el ataque de una patota vinculada con la burocracia sindical ferroviaria cuando apoyaba un corte de vías similar al de ayer– para “engrosar” las listas de tercerizados a incorporar a planta permanente. Según explicó, tras esa muerte, comenzó un lento proceso en el que ya fueron incorporados 1000 trabajadores. “No nos pueden exigir meterlos y pagarles, como anticipo por las fiestas, sin siquiera haber establecido bajo qué convenio estarán, por eso la posibilidad de incorporarlos estaba, pero antes tenemos que estudiar caso por caso y hablar con la empresa, lo cual debe ser hecho con cuidado porque no se puede generar otro problema”, describió la fuente, que admitió que el gremio La Fraternidad amenazó con “parar todo” si avanzaba la incorporación de tercerizados. “No podés meter gente sin hablar con los sindicatos”, se sinceró el funcionario. “Querían una respuesta inmediata, pero como les dijimos que debemos analizarlo se fueron a cortar las vías, y eso ya es un tema de seguridad”, apuntó. En tal sentido, el secretario Schiavi anunció que el Gobierno presentaría una denuncia penal por la interrupción de la línea Roca producida ayer.

“Es mentira que son personas nuevas, son los que figuran en las actas que firmaron ellos”, dijo Mendieta, que estuvo reunido ayer con Tomada. También participó Jorge Hospital, guardatren de Llavallol y miembro de Causa Ferroviaria, opositora a la lista Verde de José Pedraza. “Es el acta que firmaron ellos en la reunión del 2 de noviembre entre Trabajo, Ugofe, Belgrano SA y las empresas tercerizadas, de modo que son argumentos falaces, no hay maniobra de ninguna naturaleza, es el planteo histórico que viene desde principio de año, que motivó el corte de vías en julio, y lo único positivo es que luego del asesinato de Mariano Ferreyra accedieron a reconocernos como trabajadores que venimos luchando, pero cuando creen que pasó un tiempo aflojaron ante el lobby de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, borrando con el codo lo que escribieron con la mano”, dijo Hospital en diálogo con Página/12.

Lo acordado, según explicó, era un proceso que iba a culminar el 20 de diciembre con 1400 trabajadores cobrando sueldos equiparados a los de los ferroviarios. A la fecha, hay 217 de ellos que fueron despedidos, poco más de la mitad fueron reincorporados pero a las mismas empresas tercerizadas, unos 10 de Ugofe debían pasar a planta permanente, lo cual no ocurrió, y el resto son los trabajadores en negro que trabajan en los baños, que no fueron blanqueados. “El ministerio tiene que cumplir lo que firma, independientemente de los caprichos de un gremio, La Fraternidad interfirió en el acuerdo”, agregó.

Según Mendieta, los funcionarios de Tomada les dijeron que ese gremio “extorsionó” con parar las líneas si entraban a planta “los de los baños, y si entraban los despedidos de Ugofe, ellos iban a exigir que vuelvan sus despedidos desde 1993”. Ambos coincidieron en que “los desmanes no los generamos nosotros, si había voluntad podrían haber firmado el acuerdo y levantábamos el corte, pero no lo hicimos porque luego de un largo cuarto intermedio que pidieron para atender el problema de La Fraternidad, volvieron con la negativa”.