La Argentina planteará junto a Brasil en la reunión del G-20 que comienza mañana que está en contra de la iniciativa impulsada por algunos países desarrollados de ponerle un techo al precio de los alimentos. “Lo que nosotros vamos a defender es la posición de Argentina respecto de que no es una buena propuesta intentar que nuestros países no cobren los precios que los mercados dan por los bienes que producimos”, aseguró el ministro de Economía, Amado Boudou. El encuentro internacional, que tendrá lugar en París, servirá también para que Boudou intente avanzar en las negociaciones para saldar la deuda con el Club de París”.

Encabezados por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, los países centrales pondrán sobre la mesa la iniciativa de poner un límite a los precios de las materias agrícolas, que reduce su saldo comercial en favor de los países periféricos, como la Argentina. “Si ellos piensan que hay que aumentar la oferta de alimentos, no va a ser por este camino por el cual lo van a lograr. Eso Argentina ya lo viene haciendo, viene haciendo un fuerte aporte, sobre todo en Africa, en lo que es transferencia tecnológica y para que lleguen las técnicas de producción de alimentos a otros países”, respondió el titular de Hacienda.

El planteo argentino contará con el apoyo de Brasil, otro importante productor de alimentos. En su reciente viaje a Brasilia, Boudou coordinó con su par Guido Mantega tomar una posición en común frente a Sarkozy, que sumó el apoyo del Banco Mundial, supuestamente preocupado por el aumento de la pobreza, que vincula con el alza de los alimentos. De todas formas, informes recientes del FMI, la Unión Europea y el Centro de Análisis Estratégico francés, que depende de Sarkozy, coincidieron en reconocer que “sería muy difícil establecer de forma clara y transparente un control en torno de la especulación financiera sobre los precios”.

Durante el viaje a Francia, Boudou también intentará avanzar en las negociaciones con el Club de París. El gobierno argentino pretende pagar los nueve mil millones de dólares reconocidos en un plazo de cinco años, mientras que los acreedores piden que no supere el año y medio.