El Frente para la Victoria de la Cámara de Senadores intentará convertir en ley el proyecto que crea una nueva tipificación para el lavado de dinero. Será en la sesión prevista para el próximo miércoles. Como paso previo, la comisión de Legislación penal, presidida por la peronista disidente Sonia Escudero, se reunirá para emitir dictamen sobre la iniciativa. Según indicaron a Página/12 fuentes de ese bloque, la intención es aprobar la normativa tal como fue remitida desde la Cámara de Diputados, pero impulsar en paralelo otro proyecto para modificar algunos aspectos de la iniciativa oficial. En la misma sesión, el oficialismo buscará completar la aprobación de la reforma a la ley de quiebras, para favorecer el proceso de empresas recuperadas por sus trabajadores. También se votaría la regulación del trabajo en casas particulares, pero se introducirían cambios y el tema volvería a Diputados.

El proyecto antilavado fue votado por la Cámara baja hace tres semanas. El Gobierno quiere exhibir la sanción definitiva de esta ley como un logro en la lucha contra el lavado de activos ante las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La fecha límite es el 30 de junio, previo a un nuevo encuentro internacional del GAFI. Debido a la cercanía en el tiempo, la media sanción será votada tal cual llegó de Diputados para evitar cualquier dilación.

Uno de los puntos centrales, además de fijar nuevas pautas de sanciones y multas, es la tipificación del lavado como un delito autónomo. Con la normativa vigente, antes de investigar el lavado, las autoridades tienen que probar un delito preexistente (por ejemplo, narcotráfico). Pero con la propuesta actual, el lavado pasa a ser un delito en sí mismo y no se necesitará encontrar ningún vínculo con otro crimen para investigarlo.

Más allá del nuevo alcance que tendrán las políticas antilavado, la oposición logró modificar el proyecto del Ejecutivo en Diputados y le quitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) su capacidad de ser querellante. “La ley pondrá a la Argentina de acuerdo con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado como pedía el GAFI, aunque seguiremos insistiendo en que se ponga fin a los paraísos fiscales”, manifestó el ministro de Justicia, Julio Alak, tras su paso por la Cámara alta, hace dos semanas.

El otro proyecto que intentará impulsar el oficialismo es el que busca darles a los trabajadores de las fábricas recuperadas una protección legal para constituirse en cooperativas, participar de los concursos y quiebras de las empresas y, eventualmente, pasar a ser propietarios de ellas. Desde el FpV reconocieron a este diario que no será sencillo llevarlo al recinto por diferencias con la oposición, pero que formará parte de la estrategia para la próxima sesión.

El núcleo central de esta normativa, que fue enviada al Congreso por el Ejecutivo, es garantizar las condiciones para que una cooperativa de trabajadores pueda acceder a la propiedad de una fábrica quebrada y asegurarse la continuidad de los puestos de trabajo. Según se desprende del texto, los jueces y síndicos de la quiebra deberán considerar primero la propuesta de una cooperativa de trabajadores antes de decretar la liquidación (remate) de la planta y sus bienes.

El otro pilar propuesto por el Ejecutivo es tomar todas las acreencias de los trabajadores, como por ejemplo los sueldos atrasados o indemnizaciones, como forma de pago de la cooperativa para comprar la liquidación de la empresa. El proyecto está en las comisiones de Trabajo y previsión social y Legislación general, única comisión donde tuvo dictamen.

El tercer tema en agenda es la regulación del trabajo en casas particulares, una actividad que es realizada en su mayoría por mujeres. Según el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (Cemyt), entidad vinculada con la CTA de Hugo Yasky, existen en el país más de un millón de mujeres que se desempeñan como trabajadoras domésticas. De ese total, un 85 por ciento está en la informalidad.

El proyecto también tiene media sanción de Diputados, pero en este caso volvería a la Cámara de origen. La oposición buscará introducirle una serie de cambios. Uno de ellos está relacionado con las licencias por maternidad, que quedarían restringidas. Uno de los ejes centrales del proyecto es la realización de convenios colectivos de trabajo para establecer los niveles del salario mínimo para las trabajadoras del sector.