“Esta maniobra de usar a Marcela y Felipe como escudos para defender a Ernestina Noble es lo que les está causando el daño moral; no fuimos nosotros, esa responsabilidad no la tiren para este lado”, dijo Pablo Llonto durante la audiencia. “Ellos son víctimas, pero no las únicas, porque también están los hermanos que esperan un resultado de este análisis, los tíos, todas las familias. Y además Felipe fue padre, tuvo una hija, Morita Noble Herrera: ella también es víctima, necesita saber quiénes son sus abuelos; alguien le tiene que poner desde la Justicia un nunca más a esta manía de presentar recursos permanentes, terminar con la costumbre de venir a mentir a la Justicia.”

Tal vez fueron las palabras más políticas del debate. Ya terminaba la audiencia pública que había sido convocada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal a las once, en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. La sala integrada por Raúl Madueña, Guillermo Yacobucci y Luis García convocó a un plenario oral y público para escuchar a todas las partes antes de resolver el planteo que presentó la defensa de Felipe y Marcela Noble Herrera, que se opone a la extracción compulsiva de sangre que ordenó en diciembre pasado la jueza de primera instancia Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la dilatada causa por la sustracción de identidad de los supuestos hijos de la dueña del diario Clarín.

En la audiencia estuvieron representadas todas las partes, pero no estaban Felipe y Marcela. Estela de Carlotto se sentó entre los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud y Mario Gaitán. Al lado se ubicó simbólicamente el fiscal a cargo de la coordinación de causas de delitos de lesa humanidad, Alfredo Auat, y el fiscal general de Casación, Raúl Plee, en reemplazo notorio de Juan Martín Romero Victorica, quien decidió apartarse por “decoro” y por una recusación, luego de la denuncia pública que hizo en su contra Victoria Montenegro en la causa por robo de menores. Atrás se ubicaron Alcira Ríos y Pablo Llonto, en representación de las familias de las víctimas. Del otro lado, frente a los jueces, los abogados que dicen representar sólo los intereses de Marcela y Felipe –y no los de Ernestina Noble–, entre ellos Alejandro Carrió y Rosana Pigna.

La fiscalía pidió que Casación rechace el pedido de los abogados de Felipe y Marcela: “No se trata exclusivamente de considerar al Estado contra dos personas sino al Estado frente a dos personas y centenares de familias que son víctimas por delitos cometidos por el propio Estado”. Y si la Justicia no acepta la extracción de sangre, dijo, “continuaría cometiendo trato inhumano, sería un Estado que seguiría colaborando con aquel ilícito”.

Los argumentos

El debate de tres horas arrancó con la defensa de Felipe y Marcela. Los puntos centrales fueron un planteo de inconstitucionalidad de la decisión de la jueza Arroyo Salgado y la afirmación de que ellos nunca intentaron dilatar la causa. Para eso recordaron que Marcela y Felipe están dispuestos desde 2003 a hacerse la extracción de sangre, aunque todos en la sala sabían que siempre la condicionaron a que la haga el Cuerpo Médico Forense, una medida que las querellas rechazaron desde el comienzo porque cuestionaron un organismo intervenido por la Corte Suprema de Justicia y, como dijo Alcira Ríos, llegó a cobrar dinero por los exámenes: “No lo íbamos a permitir porque los análisis tenían precio y se digitaban”.

El otro punto de ataque fueron los resultados del análisis de las prendas íntimas de Marcela y Felipe ordenadas el año pasado por la jueza de primera instancia. Aquellas muestras no sirvieron para extraer el perfil genético porque estaban contaminadas. Carrió dijo que era falso plantear que hubo malicia en el procedimiento y se fundó en declaraciones de algunos testigos, entre ellos el comisario a cargo del operativo, cuya conducta por otra parte fue denunciada en la causa, como recordó más tarde Alan Iud. Ese comisario dijo que Felipe y Marcela siempre estuvieron vigilados y no podían moverse solos, razón por la cual no pudieron haber contaminado las muestras. Dijo además que lo que había ocurrido fue que no habían tenido la ropa puesta el tiempo suficiente como para que se desprenda el perfil genético. Las querellas respondieron a ese planteo, y cada uno a su turno. Sobre ese particular, el abogado de Abuelas recordó que los policías del operativo los habían dejado estar solos entre diez y quince minutos antes del procedimiento.

El resto de los planteos de la defensa giró en torno de fallos de la Corte en causas sobre hijos apropiados. Carrió analizó fallos en minoría para cuestionar la extracción compulsiva frente al derecho de las víctimas. En medio del planteo se abrió paso sin embargo a un pedido sorprendente que fue el que Llonto terminó respondiendo con la idea del “escudo”: Carrió pidió que si en todo caso la Cámara habilitaba las pruebas, tuviese en cuenta una serie de consideraciones especiales, entre ellas, permitir que las víctimas no se enteren del resultado y establecer una cláusula para proteger a la acusada: “Debería disponerse al solo efecto de satisfacer la verdad –dijo–; cualquier otro uso que se pretendiera dar a la prueba de histocompatibilidad no debería tener nunca efectos jurídicos, de manera de evitar que las víctimas carguen con todas las consecuencias y eso pueda significar elementos de prueba que pueden eliminar a un ser querido”.

Los contraargumentos

Las querellas basaron su argumentación en la idea de la “última ratio”, la última oportunidad que hay para probar o no que Felipe y Marcela sean hijos de desaparecidos. Ese fue uno de los planteos del fiscal, por ejemplo: “Sabemos que es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar (el examen), pero no porque haya existido violación o contaminación ex profeso de las víctimas sino porque entendemos imposible la obtención de otras muestras”. Explicó que lo “compulsivo” es “acertado” y hay que entenderlo de acuerdo con el respeto de las garantías constitucionales.

Alcira Ríos señaló que “sólo resta que la Justicia entienda que hay dos intereses, que ya uno está totalmente probado, que es la privación ilegítima de la libertad que los condena a ser personas desaparecidas de por vida; y hay otra parte que quiere seguir eludiendo la responsabilidad amaparándose en la impunidad de las responsabilidades que le pueden caber. Es necesario solicitar a esta Justicia que finalmente después de tanto tiempo permita que los familiares accedan a la verdad y justicia, y que las víctimas puedan obtener su libertad”.