El ex presidente Fernando de la Rúa, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto irán a juicio por pagar y recibir coimas. El 22 de noviembre próximo comenzará el proceso oral en el que se ventilará el presunto reparto de dinero realizado para lograr que se aprobara la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza. Las audiencias durarían alrededor de un año y pasarían por ellas más de 300 testigos.

Los ex funcionarios y ex legisladores serán juzgados por cohecho, un delito que prevé penas de hasta seis años de cárcel. Esto implica que si los acusados son encontrados culpables podrían ir presos, pero como las mínimas son bajas –es decir excarcelables– y los imputados no tienen antecedentes, la fiscalía que encabeza Sabrina Namer deberá insistir con la “gravedad institucional” que implicó que se intercambiara una ley por dinero.

Entre los testigos aceptados por el Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo, está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ex presidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde, pero quienes ocupen cargos públicos tendrán la opción de contestar por escrito. Durante las audiencias se escuchará de todas formas a buena parte de los dirigentes políticos del gobierno de la Alianza. El ex ministro de Interior Federico Storani, el ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez serán algunos de los convocados. La sala se poblará además de ex senadores como Antonio Cafiero y Ramón “Palito” Ortega y de sindicalistas. No faltará el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien denunció el supuesto soborno con una frase que le atribuyó a Flamarique y que se convirtió en emblema de la causa: “Para los senadores tengo la Banelco”. Pero el testigo estrella será –como en la etapa de instrucción– el arrepentido ex secretario parlamentario que reveló los detalles del pago de las coimas.

Pontaquarto se presentó a la Justicia en diciembre de 2003 y aseguró que el 18 de abril de 2000 retiró de la SIDE cinco millones de pesos/dólares que repartió una semana después. Cuatro millones 300 mil pesos –dijo– fueron entregados al senador Emilio Cantarero (estaba procesado, pero el proceso en su contra fue suspendido por razones de salud) en su departamento el 26 de abril por la noche. Los otros 700 mil los habría recibido al día siguiente el entonces jefe de bloque radical José Genoud (que se suicidó) en su despacho del Congreso. Cantarero había repartido la plata a otros legisladores que pasaron por su casa a retirarla después de la sesión. Pontaquarto agregó que Genoud le dijo que la mitad de lo que había recibido era para Flamarique.

La confesión del ex empleado legislativo fue completada con una investigación que llevó adelante el juez federal Daniel Rafecas y que incluyó un minucioso rastreo de los llamados telefónicos de los acusados. Rafecas consideró que De la Rúa fue “el máximo responsable” del pago de los sobornos. Para llegar a esa conclusión, dio por probada la existencia de una reunión en la Casa Rosada en la que Genoud le dijo a De la Rúa que “el justicialismo está necesitando de otras cosas para tratar la ley”, a lo que el entonces presidente respondió: “Eso arréglenlo con De Santibañes”.

El juez sostuvo que el encuentro debió haberse realizado el jueves 30 de marzo y que se llevó a cabo para que los peronistas tuvieran garantías de que el propio presidente de la Nación estaba al tanto y aprobaba la ilegal iniciativa. La reunión encuentro en la Casa Rosada –dijo Rafecas– selló un “pacto” entre las dos partes de la maniobra: los sobornados y los sobornadores: “Es lógico suponer que los futuros cohechados, con Alasino a la cabeza, debían estar absolutamente seguros de que esa maniobra nunca iba a ser denunciada por la contraparte. Era absolutamente fundamental el contar con seguridades en cuanto a que el pacto sería sellado de modo tal que jamás se iba a saber –y menos denunciar públicamente– lo acontecido. (...) Los futuros cohechados querían asegurarse que no sólo el presidente provisional del Senado, no sólo el ministro de Trabajo, no sólo el secretario de Inteligencia estaban al tanto; ellos querían una prueba directa de que el presidente De la Rúa también lo estaba. Querían corroborarlo por sí mismos. Y de la Rúa accedió (nunca se imaginó que años después uno de los escasos cinco partícipes de esa fugaz, secreta y reducida reunión, para colmo de extracción radical, iba a relatar ante la Justicia con lujo de detalles aquel vergonzoso acontecimiento)”.