La determinación del gobierno nacional de privilegiar a las cooperativas agrarias en la distribución del cupo de toneladas de trigo para exportación volvió a marcar, esta semana, la opción del Ministerio de Agricultura por intervenir a favor de ese sector del campo. Sin embargo, estas acciones están lejos de revertir la imagen que se ha creado sobre el gobierno nacional acerca de su posición contraria al conjunto de la actividad rural. Esta semana y la próxima volverán a oírse protestas de sectores de pequeños productores ya que, así como los de trigo, también los de cerdos y de leche se sienten víctimas de los poderosos e insuficientemente protegidos por la acción del Estado.

El Gobierno viene aplicando desde hace cuatro años una ambiciosa política de intervención en los mercados agrícolas relacionados con productos de consumo masivo. La acción busca evitar el traslado de los fuertes aumentos de los precios de las materias primas a nivel mundial sobre la mesa de los argentinos, pero también compensar las gruesas ine-quidades en el mercado entre pequeños actores y grandes jugadores. El resultado de estas acciones dista de ser óptimo.

En trigo, volvió a emerger en los últimos días el conflicto entre pequeños productores y gobierno. Al Gobierno le resulta cuesta arriba mostrar que, en manos de seis grandes exportadoras multinacionales, que son las dueñas del mercado, los productores pequeños estarían peor. Pero esta semana buscó resolver el problema de precios y de colocación del producto direccionando las 300 mil toneladas liberadas en provincia de Buenos Aires hacia las cooperativas, excluyendo a los acopiadores vinculados con las corporaciones multinacionales. Los productores podrán vender el grano remanente y a precio pleno, que le comprarán AFA y ACA, las asociaciones cooperativas seleccionadas. Pero será la excepción a la regla. Las “seis hermanas” siguen reinando en el manejo del mercado.

Otro tanto sucede en la lechería. Las compensaciones que el Gobierno implementó para que los pequeños tamberos recibieran “un precio justo” y las grandes usinas (sólo dos dominan más del 60 por ciento del mercado de leche fluida) no abusaran con los precios finales, tuvo resultados poco plausibles a dos puntas. Los productores se quejan de un precio de 1,50 peso por litro que es escasamente rentable, aunque resulte 80 por ciento mayor al que recibían cuatro o cinco años atrás. Pero el precio de la leche en sachet en góndolas, en el mismo período, aumentó entre un 150 y un 200 por ciento, al pasar de menos de 1,50 a casi 4,50 pesos. Esta semana, entidades del sector agropecuario llevarán ante el Gobierno el reclamo de una asamblea de pequeños tamberos realizada en los últimos días en San Francisco, Córdoba, donde se reflejaron estos reclamos. Si no hay respuesta en quince días, habrá medidas de fuerza, advierten.

Otro caso emblemático es el de la producción de cerdos. Productos de diversas contingencias, tanto de mercado como climáticas, el sector había quedado diezmado y empujado a una situación marginal hasta hace pocos años. La política oficial de subsidios y créditos para capitalización, más el apoyo del Gobierno para encontrar un mercado de consumo interno más activo, posibilitó una rápida y feliz recuperación. Pero tras vivir un auge de dos años, el sector se vio fuertemente golpeado por la irrupción de cortes importados desde Brasil, fundamentalmente a través de grandes chacinadores que desplazaron a la producción local del renglón de los fiambres. Es difícil de entender por qué no hubo una respuesta oficial más ágil para atender el conflicto, como sí se respondió a otras demandas que afectaron a rubros industriales considerados “sensibles” frente a amenazas de invasión externa. Hoy el tema de los cerdos está a punto de estallar en la forma de una marcha hacia Buenos Aires, frente al Ministerio de Agricultura, el próximo 9 de agosto, donde confluirá con otros reclamos sectoriales. Antes de esa fecha, quizás sea tiempo de revisar qué políticas para el sector han dado los resultados esperados y cuáles han fallado en su implementación, para poder separar la paja del trigo, es decir, los reclamos de entidades que sólo buscan alimentar los proyectos políticos que favorecen la concentración y la exclusión social mediante la desaparición del Estado, de otros que reflejan inquietudes reales del sector.