Los terrenos ocupados en los que Patricia Jacu y Marcela Padilla fueron reprimidas.

“Estas tierras son nuestras, fuimos los primeros en llegar, después vinieron ellos a ocuparlas, más que cederlas las tienen que devolver”, dice Patricia Jacu, de la comunidad guaraní de Libertador General San Martín, mientras sus cuatro hijos juegan en una fracción de El Triángulo, el escenario del violento desalojo que volvió a ocupar junto a las demás familias. Jacu tiene 27 años, es viuda y vende artesanías de barro en la feria del pueblo. De pronto se hace un silencio cuando aparece la procesión que trae el féretro de Ariel Farfán, uno de los asesinados. Antes de llevarlo al cementerio sus familiares pasan por el pedazo de tierra donde había armado su carpa. Algunos gritan ¡justicia!, otros lloran. A su lado, Marcela Padilla cuenta que estuvo doce horas desaparecida, junto a otras ocho mujeres que fueron detenidas y a cuyos familiares se les ocultó que estaban presas. “Nos insultaron, nos golpearon y en la seccional 40 hasta nos hicieron desnudar, yo me negué pero a mi hija la obligaron”, cuenta en diálogo con Página/12.

Jacu y Padilla también vieron esa madrugada a empleados del ingenio entre los gases y las balas. Todavía quedan las puntas de las cañas de azúcar que Ledesma cosechó hace poco, y con esos pedazos se entretienen Agustín, de 8 años, Gianella, de 7, Patricio, de 6 y Carmen, de 3. Los ocupantes van limpiando de a poco el terreno y hacen surcos para volver a armar ranchitos. “Es para aguantar, por ahora el gobernador salió hablando que hay un arreglo, pero queremos hechos, que muestren papeles que digan que esta tierra, por la que tuvieron que morir compañeros, nos pertenece”, dice Jacu con bronca. Y pide frazadas, colchones, agua y comida. “Hace mucho frío acá, y la policía nos quemó todo, incluso nuestra bandera”, explica.

Uno de los hijos de Jacu fue afectado por los gases lacrimógenos, pero llegó rápido al hospital por la ayuda de autos y motos de los vecinos que acudieron a ayudar a los desalojados. “Vivimos cuatro familias en dos ambientes en el barrio San Francisco, cuando no vendo suficiente a los turistas, voy a limpiar casas. No nos quedó otra que venir a tomar la tierra porque nos cansamos de las promesas de la empresa”, dice, y habla en nombre de su comunidad.

Jacu cuenta que todo comenzó a las 5 de la mañana “sin orden de desalojo y sin darnos al menos una hora para irnos, vinieron directamente a disparar a la gente, había motos de la empresa Ledesma, ellos ayudaban a tirar las carpas, los reconocemos, incluso algunos dueños estaban acá viendo cómo nos reprimían, se paraban y daban órdenes a la policía, los caballos pasaron por arriba de las mujeres y los chicos, nos insultaban”. Les pidieron que los dejaran sacar sus cosas, pero como respuesta los policías arrojaron kerosene y prendieron fuego. “Queríamos resistir un poco pero nos rodearon, y cuando empezamos a irnos comenzaron a disparar.”

Marcela Padilla tiene 40 años, trabaja en una empresa de vigilancia, está casada y acompaña a su hija Jaquelin, de 23, en la toma. “Ella hace reemplazos en una estación de servicio y no tiene casa”, dice. “Ledesma se apropió de terrenos de indígenas, antes no se podía discutir si la tierra era tuya. Pero hace unos diez años la empresa empezó a cercar porque la gente empezaba a tomar tierras.”

“Algunos muchachos fueron a intentar defendernos pero les dieron con balas de plomo, eran de armas reglamentarias 9 milímetros, no calibre 22 como dijeron primero”, afirma Padilla. Y recuerda el asesinato de Marcelo Cuellar en 1997 a manos de la policía.

En su relato la Infantería los rodeó cuando se retiraban. “Vinieron por el camino interno de Ledesma, al que sólo pueden acceder con permiso de la empresa”, dijo. “Yo tenía un video del celular que mostraba cómo le pegaron a una embarazada, que me borraron ellos cuando estuve detenida. Cuando nos rodearon, yo me defendí como pude hasta que vi que tenían a mi hija tirada con un policía que le pisaba la cabeza.”

Las mantuvieron incomunicadas hasta las 22 y las acusaron por las muertes obligándolas a firmar una declaración a cambio de ser liberadas. “Nos decían que éramos activistas, montoneras, que yo era la cabecilla, y se burlaban de que estuviera desocupada a pesar de tener estudios”, relata Padilla, que es bromatóloga.

“Ledesma le cede cosas al gobierno. El jefe regional tiene mucho que ver, en Libertador hay que pedirles permiso a los famosos Blaquier para todo. Yo antes lo miraba desde otra vereda pero ahora me di cuenta de que la gente de los derechos humanos tiene razón cuando van y hablan, porque ellos se siguen manejando como en el virreinato, como en la dictadura”, dice antes de despedirse.