El titular de la Anses, Diego Bossio, argumentó anteayer en la reunión con los ministros de la Corte Suprema que dentro de los casi 300.000 juicios previsionales en trámite hay situaciones muy diversas, que impiden una resolución uniforme. Dio el ejemplo de causas que llegaron a tener sentencia favorable a jubilados y que luego fueron revertidas, forzando la devolución de dinero a la Anses. El jubilado José Crocco, por caso, tuvo que reintegrar recientemente 607.000 pesos al organismo por una liquidación mal efectuada. En Córdoba, la Anses recuperó 1,6 millón de pesos por 54 embargos que se habían dispuesto en su contra en un principio. Los integrantes del máximo tribunal tomaron nota de las explicaciones del funcionario y si bien no adelantaron posición, en el Gobierno se muestran confiados en que Sus Señorías no dictarán un fallo que extienda los alcances del famoso caso Badaro al resto de los jubilados.

Como resultado de la reunión se acordó la creación de una comisión mixta entre la Corte y la Anses para estudiar los perfiles de los juicios en trámite y la posibilidad de apurar el pago de sentencias. Los ministros también reclamaron que el organismo muestre una voluntad de pago “más agresiva” de los juicios y que acorte los plazos en las causas más simples. Esa resolución del tema dejaría de lado la opción de un fallo que amplifique la resolución del caso Badaro.

Como anticipó este diario, la audiencia se realizó a pedido del jefe de la Anses. El motivo fue aclarar la posición oficial frente a una demanda que llegó a la Corte promovida por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El planteo consiste en una acción de clase para universalizar los efectos de los casos Badaro –consiguió la actualización de su haber por el período 2002-2006– y Eliff –logró el recálculo de su haber inicial– al resto de los jubilados en su misma condición. La Defensoría argumenta que de ese modo miles y miles de jubilados no se verían obligados a iniciar una demanda en cada caso, sino que accederían a los mismos beneficios que aquellos con una sola sentencia. Eso terminaría con el colapso de los juzgados de la Seguridad Social, abarrotados de expedientes, y resguardaría los derechos de los jubilados.

Bossio respondió con dos ideas fuerza: el costo fiscal de hacer lo que pide la Defensoría es tan elevado que pondría a la Anses en situación de “riesgo institucional”. Generalizar el alcance de Badaro representa 14.136 millones de pesos anuales, más 28.000 millones en retroactivos que se pagarían por única vez. Y extender Eliff implica una erogación anual de 21.000 millones de pesos y pagos de retroactivos por 43.000 millones. Eso ubicaría al organismo en déficit permanente y haría tambalear toda la estructura fiscal y de financiamiento del Estado nacional.

El segundo argumento del funcionario fue que en la mayoría de las causas los jubilados no limitan sus acciones al antecedente Badaro, sino que incorporan otras cuestiones. Esas son las sentencias que apela la Anses. En este punto, dio algunos ejemplos para demostrar que la cuestión no es lineal y que existen “caranchos previsionales”: jueces que supuestamente fallan contra el Estado buscando algún beneficio personal. El organismo denunció por esta cuestión al juez Federal de Río IV Carlos Ochoa. Este magistrado, acusado penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, aplicó 377 embargos a la Anses entre septiembre de 2008 y mayo de 2011, por un total de 67 millones de pesos. El organismo sostiene que en su mayoría fueron infundados y ya consiguió que la Justicia revirtiera 54 de esos embargos, ordenando la restitución de 1,6 millón de pesos.