El Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso una nueva prórroga de la Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario (conocida como emergencia económica) hasta el 31 de diciembre de 2013. La primera “emergencia” fue sancionada en 2002, luego de la salida de la convertibilidad y el estallido de la crisis económica local. “La incertidumbre con la que se desenvuelve la economía global y la persistencia de la crisis originada en el año 2008 en el mercado financiero internacional ameritan seguir contando con estos instrumentos a los fines de mantener la actividad económica”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que entraría en vigencia a partir del 1º de enero de 2012. Para que esto ocurra, los legisladores de ambas Cámaras analizarán la iniciativa durante un período de sesiones extraordinarias, con la nueva composición parlamentaria.

La llamada Emergencia Económica contempla una serie de capítulos que van desde el manejo del mercado de cambios, la renegociación de los contratos para las empresas de servicios públicos y la posibilidad de regular los precios de insumos, bienes y servicios considerados críticos. A su vez, sostiene la “emergencia sanitaria, alimentaria y de vivienda”. Es una ley que cruza a toda la administración pública.

“Los problemas financieros y de deuda de buena parte de las mayores economías del mundo nos hacen considerar actuar con prudencia, dotando al Poder Ejecutivo de las herramientas suficientes para poder reaccionar ante posibles y repentinos cambios en el contexto internacional”, sostiene el proyecto enviado por el Gobierno. La iniciativa será girada en las próximas horas a la Comisión de Presupuesto, presidida por Gustavo Marconato, quien finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre.

Una de las claves de la “emergencia” tiene que ver con la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos. “Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión, contemplar las fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato”, indica la ley 25.790, incluida en el conjunto de normas que el Gobierno solicita prorrogar hasta 2013.

En los últimos años, el Ejecutivo intentó llevar adelante un estricto control de precios en distintas actividades comerciales o en la comercialización de los alimentos. La prórroga de la emergencia le permitiría al Ejecutivo “regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”, sostiene la norma 25.561, también comprendida en el pedido de prórroga.