La implementación de la quita de subsidios a la luz, el gas y el agua que anunció el Gobierno ya está en marcha. Funcionarios del Ministerio de Planificación se reunieron ayer con las distintas empresas encargadas de distribuir los servicios básicos en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de comenzar a diagramar cómo se instrumentará la compleja desarticulación del esquema de subvenciones estatales. El titular de Planificación, Julio De Vido, aseguró que no habrá eliminación compulsiva de subsidios a barrios completos, salvo los casos ya anunciados, y que se seguirán aplicando “a los sectores más necesitados”. En tanto, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación, aseguró que “la gente que cree que tiene que seguir recibiendo el subsidio lo va a seguir recibiendo”. Sin embargo, deberán justificarlo y el Estado tendrá la última palabra.

Más allá de las incógnitas que tanto empresas como asociaciones de consumidores todavía tienen sobre las medidas anunciadas, y la falta de definición de los funcionarios sobre muchos detalles, por lo pronto, la quita de subsidios será total desde enero para los usuarios de Barrio Parque, Puerto Madero y los countries. A la vez, se amplió el grupo de sectores empresarios a los que se les eliminó el beneficio estatal. Eso supone, según datos oficiales, un ahorro anual de unos 4600 millones de pesos, el 6,1 por ciento del total de subsidios para 2012, que está estimado en el Presupuesto en 75 mil millones de pesos.

Según datos de Abeceb.com, extraídos del Presupuesto 2012, la generación de energía eléctrica recibe, a través de Cammesa, 21.800 millones de pesos anuales en subsidios. El Estado, a la vez, entrega a Enarsa 11.600 millones para la importación de gas, mientras que a la estatal AySA se le adjudican 4700 millones de pesos, aunque dentro de este último monto, la mitad aproximadamente corresponde a inversiones. En total son 38 mil millones de pesos en subsidios a la luz, gas y agua previstos para 2012, monto que no tiene en cuenta las quitas ahora anunciadas. En lo que va del año, los subsidios sólo a la energía eléctrica llegan a 21 mil millones de pesos y a AySA, a dos mil millones para cubrir gastos operativos. La mayor parte de los beneficios tiene como destino a los usuarios residenciales.

Más que la poda que hasta ahora se anunció a los subsidios, la mayor controversia se centra sobre el sistema planteado por el Gobierno para avanzar sobre los usuarios residenciales. Desde enero, comenzará a llegar junto con las boletas de los servicios un formulario para actualizar los datos de los usuarios finales y una declaración jurada donde la persona deberá dejar asentado si requiere o no recibir el subsidio. En caso de asegurar que lo necesita, deberá completar una serie de datos personales que permitan justificar el pedido. El envío de esas cartas comenzaría por los barrios de Recoleta, Belgrano, Barrio Norte y Palermo y seguirá, según el registro catastral del Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), de mayor a menor valor. También podrían incluirse partidos de la zona norte del conurbano.

“Creemos que la mayoría de la gente en los barrios más acomodados ni va a contestar”, especulan en AySA. En ese caso, el usuario recibirá otra carta con la siguiente factura y, en caso de no responder, perderá el subsidio. Directivos de la empresa estatal vienen manteniendo en forma constante reuniones con los funcionarios de Planificación desde el primer anuncio de quita de subsidios, que fue a principios de mes.

La factura promedio de agua ronda los 75 pesos bimestrales. Hasta ahora, un tercio lo paga el usuario y los dos tercios restantes, el Estado, de manera que, si se elimina el subsidio, el monto a pagar por el usuario se triplica. Eso le permitiría a AySA tener más “caja” y dejar de depender de los de-sembolsos estatales. En el caso de la energía eléctrica, el aumento puede llegar hasta un 500 por ciento.

“Esto no implica subas de tarifas sino el inicio de un proceso de sinceramiento del esquema de subsidios generalizados, que se seguirá aplicando a los sectores sociales más necesitados”, indicó De Vido. El ministro insiste en la distinción entre la tarifa, que permanece sin cambio alguno, y la porción que tiene que pagar el usuario, que se verá incrementada. De Vido apeló a la “responsabilidad social” de los usuarios que decidan renunciar al subsidio. “Queremos ver cómo se expresa la ciudadanía respecto de su situación real”, indicó.

Los funcionarios de Planificación, encabezados por Baratta, mantuvieron reuniones el mismo miércoles y ayer con las distribuidoras eléctricas. “Estuvo la gente del área comercial y la de informática para analizar cómo se va a implementar el nuevo sistema”, dijeron desde Edesur. “Nos reunimos con la gente del Ministerio de Planificación, nos pusimos a disposición para que todo salga lo mejor posible”, sostuvo Alejandro MacFarlane, presidente de Edenor. El empresario consideró que la quita de subsidios planteada por el Gobierno “tiene sentido”, aunque aclaró que del dinero que ahora tengan que pagar los usuarios “la compañía no va a recibir un centavo”. También manifestó su intención de “discutir la parte regulada del sector de la distribución”. Baratta respondió que “las empresas distribuidoras van a tener que seguir cobrando lo que cobran hoy”.

La tarifa de energía eléctrica (algo muy similar ocurre con el gas) se divide entre el precio de la energía, dado por el costo de generación, y el precio del servicio de distribución y transporte. El subsidio estatal se aplica sólo sobre el precio de la energía, mientras que el monto que reciben las distribuidoras, como Edenor, Edesur y Edelap, está regulado por el Estado y aumentó en los últimos años en una proporción muy menor a la inflación. Como compensación, el Estado se encarga de las obras de inversión en infraestructura.