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En las últimas semanas, antes y después de la denuncia pública de cartelización en la comercialización de gasoil por parte de las principales petroleras del país, algo cambió en la actitud del Gobierno hacia YPF. La esperanza en su rol regulador en el mercado hidrocarburífero desapareció. En público, el ministro Julio De Vido, tradicional nexo con la petrolera, conminó a la empresa española-argentina a invertir para aumentar su producción. Básicamente, le dijo que se deje de chácharas con los recursos no convencionales y que invierta de una vez para aumentar la “producción” (extracción). Es necesario volver a los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, cuando el presidente acusó a la petrolera por entonces ciento por ciento española de “sentarse sobre los pozos”, para encontrar niveles similares de recriminación.

En privado, en tanto, la Presidenta, según cuentan colaboradores cercanos, está “muy enojada” con el grupo Eskenazi, al que culpa de “comportarse como banqueros y no como petroleros”. En principio la acusación es formalmente injusta. Cuando adquirieron participación en YPF los Eskenazi eran banqueros, no petroleros, pero el Gobierno esperaba que “no se comportaran como agentes inmobiliarios y financieros que sólo piensan en sacarle jugo a la inversión, con total despreocupación por las necesidades nacionales de aumento de la producción”. Desde que ingresaron a la empresa, en cambio, los nuevos dueños se dedicaron a maximizar las ganancias para, con ellas, pagar la deuda con la matriz por la compra de las acciones. Esta maximización se hizo bajo la lógica preexistente: exprimir al límite los yacimientos en detrimento de la exploración y del aumento de la producción. Una señal del nuevo modus operandi se encuentra en los fuertes reclamos de trabajadores petroleros por la disminución de la seguridad en los yacimientos, así como de los proveedores de servicios por la caída en el mantenimiento.

Mientras fue posible, la buena onda con el Gobierno se mantuvo con la zanahoria de los recursos no convencionales, sobre los que proliferaron los anuncios, especialmente en el último año.

Pero mientras abundaban las promesas de recursos futuros, se justificaban las bajas inversiones con el sonsonete multiplicado por los consultores privados: la supuesta falta de rentabilidad por precio. En el Gobierno reconocen que el valor del gas quizá podría mejorarse, pero están convencidos de que el precio que actualmente reciben las operadoras por el petróleo es más que suficiente para inducir la ampliación de las inversiones.

El nuevo convencimiento es que incluso si se aumentase el precio del gas, las inversiones no llegarían. Por eso, el descubrimiento de la cartelización con un perjuicio para los usuarios por 3500 millones de pesos, fue sólo la gota que rebasó el vaso. El dato clave, el que alarmó primero, es estructural y se evidencia en los últimos números conocidos esta semana del Intercambio Comercial Argentino (ICA). En 2011 se registró una caída interanual del 11 por ciento en el saldo del balance comercial, baja consistente con un aumento de las importaciones más fuerte que el de las exportaciones, un viejo problema de la estructura económica local asociado al crecimiento que, mal gestionado, puede conducir a la temida “restricción externa”.

Aunque estos datos globales no dejan de ser fuente de preocupación y de medidas de política, el punto crítico está en el contenido de las importaciones. Mientras que en 2010 las compras al exterior del rubro Combustibles y Lubricantes fueron de alrededor de 4500 millones de dólares, el 8 por ciento de las importaciones de ese año, en 2011 se dispararon a más de 9600 millones, el 13 por ciento de las importaciones, con un crecimiento absoluto del 113 por ciento solamente en el último año. Si a esto se suma una perspectiva de continuidad del crecimiento del PIB, con precios internacionales de los hidrocarburos en alza y la persistencia de la caída relativa de la producción interna del rubro, resulta evidente para cualquier hacedor de política económica que es en el área energética donde debería concentrarse todo el poder de la intervención del Estado. Si se proyectan las tendencias (en 2003 las importaciones de combustibles fueron de poco más de 550 millones de dólares y el 4 por ciento de la importaciones) podría ocurrir que la restricción externa sea provocada solamente por el rubro energía.

Frente a este panorama existen fuertes rumores entre funcionarios de primera línea acerca de la creación de una empresa estatal de energía sobre la base de Enarsa y la recompra de YPF. A esta nueva empresa se sumaría también una minera estatal. Como las propietarias del subsuelo son las provincias y no el Estado nacional, los subestados serían accionistas de las nuevas empresas.

Frente al fracaso de hecho del modelo mixto para aumentar la provisión energética a costos competitivos, las nuevas firmas serían la base para recuperar una estrategia de desarrollo en sectores clave de la economía. La idea se apoya en no desaprovechar un contexto sumamente favorable para el cambio de estrategia. No son pocos los factores objetivos que jugarían a favor: precios altos y crecientes de hidrocarburos y minerales, la posibilidad de avanzar en una estrategia latinoamericana y el sentido común de no seguir regalando el negocio a un puñado de multinacionales sin compromiso con el desarrollo local. Minería y energía serán fundamentales en las próximas décadas y, tras el desengaño, parece haber madurado una nueva conciencia de que no se trata de la producción de meras commodities, sino de recursos estratégicos para el desarrollo.

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