Mauricio Macri vetó el Congreso pedagógico, que era el primer paso para tener una Ley de Educación porteña. Detrás de ese veto, según confirmaron fuentes del PRO y de la oposición, estuvo el lobby del sector más conservador de la Iglesia. Todas las fuentes apuntan al vicario para la Educación del Arzobispado porteño, Juan Torrella, conocido por oponerse a los Consejos de Convivencia en los años noventa y a diversos contenidos educativos. La ley, que era apoyada por otros sectores de la Iglesia, había sido consensuada entre la Coalición Cívica (CC) y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que no firmó el veto. Desde la oposición, sostienen que a la Santa Madre le preocupa que se discutan los contenidos y que se pueda revisar el régimen de subsidios a la educación privada, que este año alcanza los 1550 millones de pesos.

Estaba previsto que en el Congreso pedagógico participaran “estudiantes, padres, cooperadoras, docentes, vecinos, gremios” como una forma de generar las bases para una ley educativa de la ciudad. Esto es lo que no habría querido avalar Torrella. El presbístero es una presencia permanente en la educación porteña. Sus acciones se remontan al gobierno porteño de Fernando de la Rúa, cuando presionó para que no se aprobaran los consejos de convivencia de los que participaban estudiantes. “Formas de participar hay muchas –le explicó en esa oportunidad a este diario–. Si uno va a un concierto y escucha, está participando. No hace falta ser el director de orquesta.” En esa oportunidad también le planteó a De la Rúa que, como jefe de Gobierno, “si lo que sale es un mamarracho es su responsabilidad vetarlo”. Idéntico reclamo le repitió a Macri ante el Congreso pedagógico, según advierten los opositores y confirman en la gestión PRO.

Torrella, quien fue el enviado a darles “la unción a los enfermos” a Néstor Kirchner sin el consentimiento de la familia, tiene una importante influencia en el Ministerio de Educación porteño al punto de que le atribuyen la designación de la directora de Educación privada, Beatriz Jáuregui, la funcionara que controla el presupuesto que les destina a las escuelas privadas. En 2011, esa dirección administraba 1008 millones de pesos. En el presupuesto de este año, la cifra de “transferencias” del Ministerio de Educación asciende a 1550 millones de pesos.

El proyecto de ley del Congreso pedagógico fue presentado por el entonces legislador de la CC Sergio Abrevaya. La aprobación del Congreso pedagógico se dio en plena polémica por las Juntas de Calificación y Disciplina que el PRO quería reemplazar por una oficina en manos del Ejecutivo. El macrismo apoyó un proyecto de Abrevaya que reducía las juntas. Por eso, cuando Abrevaya fue designado esta semana frente al Consejo Económico y Social –que se iba a ocupar de organizar el Congreso– el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, señaló que “se confirmó el acuerdo Abrevaya-Macri. Había legisladores que tenían precio”.

Por su parte, la legisladora ibarrista María Elena Naddeo estimó que “es irónico que Macri haya vetado esta ley, que Abrevaya consensuó con Esteban Bullrich, en el marco del acuerdo por la derogación del régimen de Juntas de Clasificación docentes. Hubo un consenso entre el PRO y la CC. No-sotros votamos en contra del Congreso pedagógico porque consideramos que no era el momento de discutir esta convocatoria y menos aún en el marco de una reforma negativa del Estatuto del Docente”. Lo que temían en el ibarrismo es que el Congreso fuera copado por sectores eclesiásticos, como ocurrió en el de 1985 a nivel nacional. “Las juntas no tienen nada que ver con el Congreso. Se empezó a discutir seis meses antes”, se defendió Abrevaya.

El Santo Veto

El decreto del veto al Congreso pedagógico fue publicado en el Boletín Oficial del viernes. Una vez más, se trata de un veto a una ley que había votado el bloque del PRO. Lleva las firmas de Macri, Horacio Rodríguez Larreta y del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, en reemplazo de Bullrich, quien se encontraba de vacaciones. La ausencia de la firma del ministro de Educación no es casual en este veto: el fue uno de los impulsores del Congreso pedagógico, que había sido avalado por el sector de la Iglesia ligado a la Pastoral Social y la vicaría de villas. Incluso hay fuentes que señalan que Jorge Bergoglio había dado el visto bueno y estaba dispuesto a resignar subsidios a escuelas católicas con altas cuotas, como el colegio Esclavas del Sagrado Corazón. El veto de Macri representó una victoria de la derecha eclesiástica y confirmó su influencia permanente en determinadas decisiones del jefe de Gobierno.

Como argumentos en el texto del veto, Macri señaló que la realización del Congreso podía atentar “contra la agenda educativa y el cumplimiento de los 190 días de clases” y que su gestión no cuenta “con equipos técnicos” necesarios para dar los talleres ni con “los recursos necesarios para implementarlos”. El legislador de la CC Maximiliano Ferraro los desarmó: indicó que se podría haber regulado los recursos en la reglamentación del decreto mediante una partida especial, que el uso de días para el Congreso implicaba “la reflexión y el debate del modelo educativo, que es un acto pedagógico en sí mismo” y que la Ciudad tenía los equipos técnicos disponibles o podía utilizar los de la Escuela de Capacitación CEPA, los del IIPE-Unesco o de Flacso.

“Nos preocupa que el gobierno de Macri pueda recoger los planteos de los sectores más conservadores de la Iglesia, impidiendo el progreso de iniciativas para el desarrollo y el crecimiento socio-educativo de la ciudad”, consideró Ferraro. “Con el veto del jefe de Gobierno, se cierra la posibilidad de conformar un espacio amplio de reflexión y discusión de ideas, por el cual se viene trabajando desde diferentes sectores políticos, sociales, educativos e incluso desde el ala más progresista de la propia Iglesia católica”, señaló. Por su parte, Abrevaya dijo que “Bullrich debería haber parado esto. Un sector de la Iglesia todavía cree en un atraso increíble en la educación. Son casi fundamentalistas. Se apropian de los contenidos de la educación y creen que pueden controlar a la sociedad”.