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Tras las elecciones, los problemas y desafíos de la economía argentina seguirán siendo los mismos. La principal dificultad será afrontar las severas restricciones que impondrá el pago del endeudamiento externo. El desafío: cómo crecer en el contexto. En cualquier caso, la principal tarea del próximo gobierno será una reforma tributaria. Motivados por los vientos del norte, durante la campaña electoral se escucharon propuestas que, a tono con los reclamos empresarios, argumentaron que la reforma debía consistir en la inmediata eliminación de los gravámenes distorsivos, como por ejemplo el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones. En estos puntos, todos los candidatos se mostraron generosos. Sin embargo, un análisis detallado de la estructura tributaria local muestra la imposibilidad fáctica de llevar adelante este shock fiscal.
En el último informe semanal de la consultora Ecolatina, cuyos investigadores están en línea con las preocupaciones del equipo de Roberto Lavagna, se presentan las dificultades implícitas en la aplicación de una inmediata rebaja de impuestos. Lo interesante de la investigación es que pone en números concretos lo que en boca de muchos economistas y candidatos son declaraciones de buena voluntad.
La principal restricción que tendrá la economía local es la necesidad de generar un superávit primario de al menos el 3 por ciento del PBI para hacer frente al pago de la deuda. Esta limitación, sostiene Ecolatina, resulta incompatible con el costo de 21.600 millones de pesos necesario para eliminar retenciones (8500 millones), suprimir el impuesto al cheque (6600 millones) y reducir el IVA de 21 al 15 por ciento (6500 millones). La pregunta inmediata, entonces, es cómo podrían financiarse estos 21.600 millones equivalentes al 26,5 por ciento de los ingresos estimados para 2004. Las alternativas no son muchas: con crecimiento económico (más PBI) o con mayores ingresos, es decir, cobrando por otro lado los tributos que se pretende suprimir, por ejemplo eliminando exenciones o combatiendo la evasión.
- Crecimiento. Siguiendo las predicciones más optimistas, la economía podría crecer en 2004 en torno del 4 por ciento del PIB, mientras que la inflación podría estabilizarse en un dígito. Con estos parámetros y sin tocar la estructura tributaria actual, la recaudación crecería en 9400 millones de pesos. Si además se logra contener el gasto primario (antes de pagar deuda) en torno a los 71 mil millones, se obtendría un superávit primario del 3 por ciento. Si se quisiese financiar el shock tributario con más PIB, el crecimiento debería ser no del 4, sino del 26 por ciento.
- Eliminación de exenciones. Actualmente las exenciones impositivas, principalmente en el IVA y en Ganancias, alcanzan los 10 mil millones de pesos, esto es poco más del 46 por ciento del costo de la reforma. No obstante, los principales rubros beneficiados –pan, leche, medicamentos– hacen que el margen para su reducción sea relativo.
- Reducir la evasión. Se calcula que por la vía de la evasión se pierden anualmente 40 mil millones de pesos, una cifra más que suficiente para cualquier reforma. Sin embargo, la contraprueba resulta aquí fáctica antes que numérica. Ecolatina recuerda que cada vez que se supeditó una reforma tributaria a mayores ingresos por menor evasión, “los resultados fueron recurrentes: mayor déficit fiscal”.
Adicionalmente, como los mayores ingresos provenientes de estas tres vías se producen a mediano plazo, puede concluirse que cualquier reforma que pretenda no generar desequilibrios debería ser secuencial. Más cuando, dada la estructura tributaria consolidada en 2002, las modificaciones que se proponen afectan al núcleo mismo de la recaudación.
Pero si provocar un shock impositivo parece imposible, resta definir cuál puede ser el instrumento para incentivar el consumo y, en consecuencia, el crecimiento. Como las experiencias recientes en materia de menores impuestos –rebaja de IVA al 19 por ciento en 2002 y de los aportes a las AFJP en 2001– no fueron, en este sentido, satisfactorias, la alternativa que piensan en el Ministerio de Economía es una recomposición salarial. Pero dado que en un contexto de alta desocupación esta mejora difícilmente pueda ser resuelta en el “mercado”, la propuesta del equipo de Lavagna es otorgar a los empresarios una compensación por vía impositiva.
Uno de los mecanismo que presenta Ecolatina se encuentra en esta línea, aunque adolece de cierta ingenuidad en sus supuestos. La idea es provocar rebajas graduales en el IVA que las empresas trasladarían a precios, mejorando de esa manera los ingresos reales de los asalariados.
Adicionalmente, la menor carga fiscal desincentivaría la evasión, por lo que el efecto fiscal de reducir cada punto de IVA, equivalente a 1090 millones de pesos anuales, no sería proporcional en términos de menor superávit. Así, podría reducirse la alícuota del IVA al 15 por ciento y, de todas formas, obtenerse un superávit primario del 1,7 por ciento. El ingrediente optimista de este razonamiento resulta de creer que efectivamente la rebaja del IVA se trasladará a precios y que, además, habrá menos evasión. En cualquier caso, la última palabra surgirá del acuerdo que se logre con el FMI, pues cualquier reforma tributaria siempre estará supeditada a la renegociación de la deuda y, en consecuencia, a la pauta de superávit acordada con el Fondo.