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La Cámara de Diputados dio ayer media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información. La iniciativa establece la obligación de parte de los tres poderes del Estado de brindar todo tipo de datos en su poder: escritos, fotografías y grabaciones. Además define criterios para desclasificar documentos caratulados como secretos. “Se trata de una ley fundamental cuya importancia no se puede vislumbrar. Es algo clave para la transparencia y toma de decisiones. Nos podría permitir conocer desde archivos de la dictadura hasta los acuerdos con el FMI”, afirmó Marcela Rodríguez, legisladora del ARI e impulsora del proyecto.
La iniciativa, que tendrá que pasar por la Cámara de Senadores antes de convertirse en ley, señala que “toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al Sector Público Nacional, Poder Legislativo, Auditoría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y Ministerio Público”. Las empresas y sociedades del Estado y organizaciones no gubernamentales subsidiadas por el Estado también están abarcadas por el proyecto.
Si el acceso a la información se convierte en ley, los órganos estatales deberán entregar los datos en un plazo de quince días y sólo podrán negarse a brindarlos cuando otra ley, decreto o resolución ministerial lo establezca explícitamente. Las razones para clasificar como reservada a información se encuentran tipificadas y son, entre otras, datos referidos a “defensa, seguridad o política exterior, secretos comerciales, bancarios o científicos, datos de la Unidad de Información Financiera o preparados por asesores jurídicos de la administración cuya publicidad pueda revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial”. Pero aun esos documentos se convertirían en públicos en un plazo de diez años y nada podrá permanecer en secreto más de treinta, con la sola excepción de información proporcionada por una fuente diplomática. Los funcionarios que inclumplan los pedidos deberán ser sancionados por la vía administrativa y podrían ser demandados penalmente.
En 1996 Elisa Carrió presentó un primer proyecto sobre este tema, cuyo tratamiento fue demorado en varias ocasiones. Desde el Poder Ejecutivo, la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción también elaboró una iniciativa que fue consensuada por distintas organizaciones no gubernamentales como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación por los Derechos Civiles. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión estudiaron el proyecto de la OA y los realizados por los legisladores Carrió, Nilda Garré y Gustavo Galland, Luis Molinari Romero y Juan Carlos Correa y efectuaron el dictamen que se aprobó ayer. Las propuestas fueron inspiradas por normas similares existentes en otros países, como la Freedom of Information Act estadounidense. En base a esta ley fue, por ejemplo, que se conocieron el año pasado los papeles desclasificados del Departamento de Estado norteamericano referidos a la última dictadura militar argentina.