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Aunque el padre Julio César Grassi hubiera preferido la divina, será la justicia terrenal la que considere su caso. La Cámara de Apelaciones de Morón confirmó su procesamiento por abuso deshonesto y corrupción de menores agravada, lo que abre la puerta al juicio oral. Los jueces consideraron válidos tres casos de abuso y corrupción contra “Gabriel”, uno de los dos menores que con sus denuncias desataron la situación actual del polémico ex titular de la Fundación Felices los Niños. Los tres casos se sumarán al de “Ezequiel”, ya firme y elevado a juicio. Grassi enfrenta una condena que puede alcanzar o superar los 25 años. Por otro lado, la Cámara rechazó el pedido de detención del sacerdote, con lo que su situación actual no variará hasta el juicio oral: seguirá yendo de casa a la fundación y de la fundación a casa, con horario completo de restricción al menor. Eso significa que seguirá teniendo prohibido el contacto con los chicos internados en el hogar. Un monja actuará como sombra y supuesto cancerbero de posibles actos non sanctos.
El caso Grassi fue endemoniadamente confuso, desde que su defensa fue asumida por un panel de abogados hiperespecialistas, hipermediáticos e hipercostosos, como lo son Jorge Sandro (famoso desde que defendió al custodio de Yabrán, Gregorio Ríos); Julio Virgolini-Adrián Maloney (representantes, entre otros, de Juan Carlos Cattáneo, en la trama de las coimas de IBM) y el prístino pero oscuro Luis Moreno Ocampo.
El tríptico defensista logró apartar al primer fiscal del caso (Adrián Flores) mediante una denuncia realizada por Moreno Ocampo, luego desestimada; también al primer juez (Alfredo Meade), a quien recusó por vertir juicios previos; colocó a Pierri como defensor de Grassi y al mismo tiempo como abogado de la madre de uno de los denunciantes; intentó anular la causa y casi logra desmoronar la credibilidad de los dos testigos “Gabriel” y “Ezequiel”, con lo que de hecho el proceso hubiera caído y el juicio sería imposible.
La estrategia contra los dos testigos resultó una presión brutal. A “Gabriel” lo acusaron de intentar extorsionar a Grassi pidiendo dinero por su silencio. En noviembre pasado, la misma Cámara de Morón había invalidado el procesamiento del cura en lo que tenía relación con los testimonios del chico, al considerar que si el testigo era mantenido bajo un nombre encubierto se vulneraban las garantías del acusado. Pero, curiosamente, apenas se conoció ese fallo, Grassi reconoció a “Gabriel” como quien lo había extorsionado, pese a haberlo visto antes y no reconocerlo. La denuncia de la extorsión no prosperó.
A “Ezequiel” también le cayó un vendaval encima. Fue llevado ante el juzgado de Menores 1, de Ricardo Oyama, quien había pedido una licencia y fue reemplazado por el juez subrogante, Gerardo Frega. “Ezequiel” había sido citado para una pericia psicológica pero la reunión terminó en una suerte de indagatoria, en la que estuvieron presentes la secretaria de Oyama, Cecilia Drago, el asesor de incapaces, Alberto Zócaro, y el propio abogado supuesto defensor Pierri. La audiencia concluyó con la retractación de “Ezequiel” de todas las acusaciones contra Grassi. Pero el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, presidido por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se interpuso. Juan Pablo Gallego, representante del Comité y nuevo abogado de “Ezequiel”, presentó una denuncia que derivó en la anulación de la retractación y en una investigación sobre la actuación de Oyama, Frega, los integrantes de la reunión y el propio Pierri, acusado de prevaricato por representar al denunciado y al denunciante en forma simultánea.
A fines de diciembre pasado, la fiscal Rita Bustamante pidió la elevación a juicio. El testimonio de “Ezequiel” quedó firme. Pero no ocurría lo mismo con los tres casos referidos a abusos y corrupción sobre “Gabriel”, con pedido de nulidad pendiente. El martes pasado, el pedido fue rechazado por los jueces Mario Moldes, Fermín Parera y Jorge Silvestrini, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón,confirmando el procesamiento del cura. La Cámara también rechazó el pedido de detención. Pero mantuvo la restricción de acceder al sector de la Fundación donde están internados los chicos.
Ahora, los abogados de Grassi esperan que la jueza Mónica López Osornio, antes de decidir la elevación a juicio, considere como prueba una carta supuestamente escrita por “Gabriel”, hace siete años, en la que relata sus enfrentamientos con los chicos pero no plantea quejas contra Grassi. Un video de un programa en el que aparece el chico distendido con el cura es otro argumento de la defensa.