Los vaivenes del precio en el mercado internacional, la disputa por la materia prima con la industria aceitera y las dificultades para administrar el precio de abastecimiento al mercado interno llevaron al Gobierno a tomar la opción de aplicar retenciones móviles a la exportación de biodiésel como mecanismo de regulación del precio y el suministro a los distintos sectores de la actividad.

La presidenta de la Nación anunció ayer que las alícuotas de derechos de exportación al combustible de origen vegetal se fijarán cada dos semanas. La tarea estará a cargo de los ministerios de Economía e Industria, a través de una fórmula de la cual hoy se conocerán los detalles. A principios de agosto, el Gobierno había resuelto elevar las retenciones al biodiésel del 12,5 al 24 por ciento, atendiendo en ese momento a la necesidad de acercar el gravamen al que se aplica a las ventas al exterior de aceite de soja (32 por ciento). El diferencial de casi 20 puntos estaba provocando un desaliento en la producción de aceite y el vuelco del uso de las materias primas hacia el biodiésel, planteó ayer Cristina Fernández.

“En ese momento observamos que faltaba poroto de soja para el aceite, por lo que dispusimos una importación temporaria de otras latitudes”, recordó ayer la Presidenta. Pero, además, en el último mes el precio del biodiésel ha sufrido una fuerte caída, producto de la elevada volatilidad y especulación en los mercados internacionales. Todas estas distorsiones intentarán ser corregidas a través de un régimen de retenciones móviles que, teóricamente, apunta a “desenganchar” al precio local de los vaivenes internacionales.

Junto a la decisión de aumentar las retenciones al 24 por ciento, el 10 de agosto el Gobierno había dispuesto –por decisión de las secretarías de Comercio y Energía– disminuir el precio del biodiésel para ventas al mercado interno, de casi 5200 pesos a poco más de 4400 pesos la tonelada. El mercado argentino de biodiésel tuvo un crecimiento explosivo en pocos años, convirtiendo al país en cuarto productor mundial y primer exportador. Las exportadoras son fundamentalmente grandes empresas, mientras el abastecimiento local –la ley obliga a incorporar una proporción del 7 por ciento de combustible vegetal en el diésel que se vende al mercado– es atendido por pequeñas y medianas empresas. La decisión del 10 de agosto, aumentando las retenciones y bajando el precio de venta al mercado interno, afectó a ambas. Las gestiones iniciadas por las firmas agrupadas en las cámaras de productores de biocombustibles, ante las secretarías de Comercio, de Política Económica y de Energía a la vez, ayer tuvieron una primera respuesta.

La aplicación de retenciones móviles a la exportación buscará poner equilibrio entre un floreciente negocio de exportación –en 2011 llegó a colocar 2000 millones de dólares en el mercado externo, pero con un crecimiento a los saltos de año en año– y la necesidad de abastecer el mercado interno de combustibles con productos alternativos a los de origen fósil (derivados del petróleo).

El Gobierno viene alentando el aumento de la proporción de biodiésel que se mezcla con gasoil en surtidores, pero para ello deberá garantizar el abastecimiento. La disponibilidad del combustible de origen vegetal para el mercado interno enfrenta una doble competencia. La primera es por el abastecimiento de la materia prima (la soja), por la cual las plantas procesadoras disputan el producto con la industria aceitera y la exportación del poroto. La otra competencia se da dentro del propio sector procesador de biodiésel, frente a un negocio de exportación con una rentabilidad fuertemente atractiva.

Por otra parte, con un mercado mundial dominado por las tendencias especulativas, el precio internacional está sometido a bruscas oscilaciones en períodos muy cortos que pueden condicionar todavía más el abastecimiento al mercado interno, por ejemplo, cuando los precios internacionales suben significativamente. Tampoco resultaría lógico –ni deseable– que los precios internos se vieran obligados a acompañar esos vaivenes especulativos.

Las retenciones móviles apuntan a atenuar, al menos, esas distorsiones. Subiendo las retenciones cuando los precios internacionales suben, o bajándolas cuando los precios mundiales se reducen, se apuntaría a mantener cierta estabilidad en el aliento a la inversión en nuevas plantas, tanto para exportar biodiésel como para abastecer el mercado interno.

La economía argentina tiene necesidad de divisas, y por tanto de superávit comercial, así como asegurar el abastecimiento energético. Dentro del fuerte déficit energético que padeció Argentina en 2011, que amenazaba incrementarse en 2012, las importaciones de gasoil resultaron mucho más onerosas que la de gas, petróleo o nafta. De allí que el abastecimiento interno de un combustible alternativo, como el biodiésel, sea crucial. Sin perder su impulso exportador.