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En el Senado comenzaron las audiencias públicas sobre la ampliación del voto a menores de más de 16 años y a extranjeros con más de dos años de residencia.

Las referidas a la reforma de los códigos Civil y Comercial tienen ya su millaje y su recorrido por varias provincias.

El Presupuesto 2013 entró en Diputados y será presentado hoy por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de una nueva ley de Accidentes de Trabajo (ver página 3), que atiende a parte de su problemática.

El objetivo de las bancadas del Frente para la Victoria (FpV), cumpliendo directivas presidenciales, es que esas cuatro leyes estén aprobadas y promulgadas antes de fin de año. Son las normas más relevantes en carpeta y, aunque el kirchnerismo es afecto a las sorpresas, con ellas se cerraría un año mucho más productivo que los precedentes, sustentado en la mayoría obtenida legítimamente en las urnas en 2011.

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Sub 18, a la cancha: El voto para los pibes parece encaminarse rumbo a una aprobación pluripartidista, con una mayoría holgada. Legisladores opositores que habían presentado con antelación proyectos similares hicieron primar la coherencia sobre la obstrucción metódica. En buena hora.

La medida es infrecuente en el conjunto mundial pero, si Argentina se sumara al precedente de Brasil y Ecuador (que ya la tienen), no lo sería en América del Sur, donde el voto “tan joven” predominaría. La región daría otra prueba de la consistencia y originalidad de sus democracias. El caso brasileño es ilustrativo: el derecho se implantó hace años y la participación de los menores fue in crescendo en cada elección. Habrá que esperar para ver si es igual por acá, donde parece dominar la idea de hacer opcional el sufragio entre los 16 y los 18 años.

Otra experiencia que tomaron en cuenta los legisladores oficialistas es la de la ciudad de Córdoba, donde está vigente para elegir autoridades municipales. El gobernador José Manuel de la Sota comentó que la participación ha sido muy baja. Pero ocurre que allí es necesaria una inscripción previa que no regirá en el ámbito nacional, donde habrá un padrón propio y el ciudadano podrá decidir si participa hasta el mismo momento del comicio.

El voto a los inmigrantes afincados en nuestro país levanta más resistencias, algunas frisan el chauvinismo o la discriminación. El senador sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá anticipó su objeción con argumentos flamígeros. Por la infalible Radio 10, que nunca se equivoca, un conductor exitoso profetizó indignado que cientos de miles de extranjeros cruzarán la frontera para torcer el rumbo electoral a favor del FpV. Con mejores credenciales, el jurista Víctor Abramovich (secretario Ejecutivo del Instituto de Política Públicas en Derechos Humanos del Mercosur) consignó en una columna publicada en Página/12 que hay antecedentes legislativos en 22 provincias argentinas que “con distinto alcance permiten votar a los migrantes con residencia legal en las elecciones municipales y provinciales”. Contextualiza bien la medida, sin anteojeras discriminatorias. Y redondea que “consolida la democracia en nuestro país (y) el proceso de integración social en Mercosur y Unasur”. Poco queda por agregar, salvo saludar los debates (de nivel desparejo con picos altos) que recorrieron la sociedad civil, con entusiasmante fuerza en escuelas y centros de estudiantes. Se hará camino al andar, cabe suponer. El ejercicio de los derechos (antes o después de los 18 años) se consolida ejerciéndolos. Todo lo que sume actores al proceso de decisiones institucionales debe ser, en principio, bienvenido.

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Tener códigos: El procedimiento para un nuevo Código Civil y Comercial es, en sustancia, encomiable. Los redactores del anteproyecto son juristas de buen nivel, su pluralismo y relativa autonomía política desmienten la leyenda negra sobre el presunto chavismo K. Siempre se puede controvertir el elenco elegido, también está en la palestra la conveniencia de incluir a dos miembros de la Corte Suprema en rol de redactores. Pero hay calidad y probidad, casi indiscutibles (nada es absoluto, en el mundo real).

Las audiencias públicas, que tienen su valor, no son el único escenario donde se discurre o polemiza. Es un dato que, acaso, minimizan quienes critican la breve duración de las intervenciones ciudadanas en el Parlamento y su seguidilla, maratónica a menudo. Lo cierto es que hay otros escenarios: académicos, mediáticos, electrónicos, en la aldea informática y en la blogósfera. Los gobernadores e intendentes irrumpen y patalean porque es breve el plazo de prescripción del cobro de impuestos o tasas. Las Asociaciones de Consumidores presentan sus pliegos de reclamos. Y cien etcéteras. La gimnasia es estimulante y bastante innovadora, las dosis son más opinables.

Un mamotreto con miles de artículos habilita cien abordajes. A cuenta, el cronista desliza que, a su ver, un enorme déficit es la falta de un nuevo régimen de propiedad o titularización de inmuebles urbanos y rurales. Una acuciante necesidad de sectores populares queda desvalida. Los autores del anteproyecto y los legisladores dejarán yermo ese espacio. Los nuevos “derechos reales” incorporados aluden a bienes de personas con media o alta capacidad económica: countries, tiempos compartidos, cementerios privados. Son realidades nuevas, es válido regularlas pero insuficiente. En este rubro, sólo se han contemplado intereses de un tramo social, no el más necesitado.

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Accidentes, por así decir: La actual ley de Accidentes de Trabajo es un reservorio de inconstitucionalidades ya decretadas por la Corte Suprema. La modificación es una necesidad demorada durante años. Ayer la Presidenta anunció un proyecto, que será explicado hoy por el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Es un nuevo formato de los anuncios de Cristina, que ya se probó con las asignaciones familiares contributivas.

Entre lo que explicó la Presidenta (ver, asimismo, páginas 2 y 3) y la información parcial de que dispone el cronista algo puede analizarse, a la espera de mayores detalles. El proyecto se refiere a algunos aspectos de la problemática, muy centralmente los dinerarios. Esto es, los montos de las indemnizaciones administrativas y los recursos legales para quien esté disconforme con ellas. El afán del Gobierno es desalentar la litigiosidad, a cuyo efecto aumenta las indemnizaciones y estipula un módulo de aumento semestral, determinado por fórmula polinómica, semejante a la de las jubilaciones. Se prevé un pago veloz para quien acepte los porcentajes legales y se agrega a la compensación un veinte por ciento para contemplar daños adicionales (moral entre ellos) que engrosan las demandas judiciales. Y se habilitan las ART sin fines de lucro, reclamadas por las corporaciones patronales y los sindicatos que podrán crearlas y administrarlas. También se ponen topes a los costos de las ART, en especial a comisiones.

Es una ley “corta”, asumió la primera mandataria. O sea, quedan afuera aspectos esenciales, principalmente todo lo que hace a prevención de los accidentes. A esta altura, cabe decir que en general llamarlos así es una convención imprecisa. Los “accidentes” no son estrictamente tales en la abrumadora mayoría de los casos, sino consecuencias de incumplimiento de obligaciones empresarias. Forzoso es agregar que la litigiosidad no deriva sólo del valor de las compensaciones, sino de otras causas que la “nueva ley” no abarca: las prestaciones de las ART, los “baremos” (porcentuales) que se atribuyen a las incapacidades o enfermedades, las condiciones cotidianas de trabajo y medidas de seguridad por recordar sólo algunas puntas del iceberg.

La siniestralidad es alta en la Argentina: consecuencia de formas sutiles, desaprensivas o brutales de explotación. Cuando se conozca la ley con minucia, se podrá especular mejor sobre cuántas dificultades aborda, cuántas podría superar o mejorar y cuántas quedan afuera.

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Balance con altas y bajas: La expropiación de YPF, la reforma del Banco Central, la identidad de género, la muerte digna son, tal vez, el otro poker de leyes más significativas del año legislativo. Si se aprueban el Presupuesto y las que acabamos de sobrevolar, la productividad y densidad de la acción de “la escribanía” será digna de recordar. Cambios de paradigmas energético y financiero, ampliación de derechos de varios pelajes, aggiornamento imprescindible de legislación vetusta y dispersa.

La oposición fue menos cerril y abroquelada que en la etapa del Grupo A. Y posibilitó un logro institucional: el retiro de la candidatura de Daniel Reposo para procurador. Un papelón del oficialismo que, vencido en buena lid, apostó a una candidata con buenos pergaminos.

El oficialismo se valió y se valdrá de su mayoría, con su estilo arrollador.

Las contingencias políticas dejaron huellas en el Congreso. El FpV cuenta con menos diputados que meses atrás. Los ligados a Hugo Moyano o a José Manuel de la Sota ya no integran el bloque y deben ser requeridos caso por caso. Y el salto de Martín Sabbatella a las grandes ligas del Ejecutivo deriva en una licencia que resta una banca. Los números siguen dando, con todo, aunque el desgrane es una referencia importante para quienes cuentan porotos pensando (a favor o en contra) en la reforma constitucional.

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